La protesta por el acceso a la vivienda da este viernes un nuevo paso. Los acampados de la Puerta del Sol se desplazarán hasta el Congreso de los Diputados coincidiendo con la votación de los dos decretos aprobados por el Gobierno, en una jornada que puede convertirse en el mayor pulso institucional desde que comenzó la acampada hace cinco días. Apenas 500 metros separan las tiendas instaladas en el centro de Madrid de la Cámara Baja, pero la distancia política entre ambos puntos se ha ensanchado después de que Junts anunciara que votará en contra de las medidas.
La concentración ante el Congreso no cuenta con un convocante oficial ni con una organización que haya asumido formalmente su autoría. La movilización, sin embargo, circula ampliamente entre los integrantes de la acampada y las organizaciones que participan en las protestas. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha confirmado que sus miembros saldrán de Sol alrededor de las 10.00 horas para dirigirse hacia la carrera de San Jerónimo, donde el Pleno comenzará a las 11.00.
La decisión de Junts ha elevado la tensión de una movilización que nació después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, y que en pocos días ha conseguido colocar la vivienda en el centro de la agenda política. Los manifestantes reclamaban al Gobierno medidas para impedir los desahucios, ampliar la protección de los inquilinos y actuar sobre un mercado del alquiler que consideran inaccesible para una parte creciente de la población.
Ahora el movimiento se enfrenta a su peor escenario, que ninguno de los decretos que debían responder a parte de esas demandas probablemente salga adelante en el Congreso. La posición de Junts resulta determinante y tranca previsiblemente una votación que el Ejecutivo confiaba en capitalizar, después de obtener el respaldo de Podemos y otros socios que no son de izquierdas, como el PNV y Coalición Canaria.
Durante los últimos días, la Puerta del Sol se ha convertido en el epicentro de una protesta que carece de una estructura organizativa unificada. Entre las tiendas y las pancartas han proliferado los mensajes que llaman a trasladar la movilización hasta la sede de la soberanía nacional. Algunos carteles fijan la concentración a mediodía; otros llaman a una reunión previa a las 10.30. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha evitado atribuirse formalmente la convocatoria ante el Congreso, pero sí ha confirmado su desplazamiento desde Sol.
Cacerolada frente al Ayuntamiento de Madrid para exigir a los grupos políticos la convalidación de los dos decretos Maricarmen este viernes en el Congreso 🎥 @hectorjuanatey https://t.co/ojIIMCGGxV
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Del acampamento de Sol al Congreso
La portavoz de la organización, Alicia del Río, ha advertido de que el futuro de la acampada dependerá de la evolución de la votación. No existe, por ahora, una fecha fijada para levantar las tiendas. Al contrario, en la protesta comienzan a aparecer referencias a nuevas formas de movilización, incluida la posibilidad de avanzar hacia una huelga general.
Durante la jornada del jueves se distribuyeron carteles en Sol con el lema “Hacia la huelga general” y llamamientos a participar en las manifestaciones previstas para este sábado. El dispositivo de seguridad preparado para la jornada refleja la preocupación por una posible concentración multitudinaria. Fuentes próximas al despliegue sitúan inicialmente en torno a 600 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) el contingente destinado a controlar los alrededores del Congreso.
La cifra está lejos del despliegue de la protesta del 25 de septiembre de 2012, conocida como “Rodea el Congreso”, cuando fueron movilizados alrededor de 1.350 antidisturbios ante una concentración que reclamaba la dimisión del Gobierno y la apertura de un proceso constituyente. En aquella ocasión, la Cámara Baja quedó rodeada por vallas y sus accesos fueron restringidos que terminó con 34 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos policías.
Una avalancha de mensajes a los diputados
La presión sobre los parlamentarios no se limita a las calles. Los diputados han recibido en las últimas horas miles de correos electrónicos reclamando el voto favorable a los decretos de vivienda. La campaña se ha canalizado a través de la plataforma Woke Up y, según sus promotores, había generado más de 284.000 envíos hasta el jueves por la tarde. Esa cifra no ha podido ser verificada de manera independiente, aunque varios diputados han confirmado el volumen inusual de mensajes recibidos.
Los correos reproducen un modelo común y llevan como asunto “Voten a favor del Decreto Mari Carmen este viernes”. En ellos se reclama la convalidación de las dos normas y se recuerda el caso que desencadenó las movilizaciones. La campaña ha dirigido mensajes a diputados de todos los grupos, aunque también ofrece la posibilidad de escribir específicamente a los parlamentarios de Junts y PNV, las formaciones cuyo voto resulta especialmente relevante para el desenlace de la votación.
El volumen de comunicaciones ha llegado incluso a dificultar la gestión ordinaria de algunas cuentas parlamentarias. La presión se desarrolla así simultáneamente en dos frentes: en las calles, con concentraciones y caceroladas, y en los buzones electrónicos de los diputados. La protesta ha adquirido además una dimensión nacional. Miles de personas han salido a la calle en distintas ciudades para reclamar una vivienda digna y exigir al Congreso que apruebe los decretos.
Caceroladas y gritos de protesta en Madrid horas antes de votar los decretos https://t.co/aii1pkxWiU https://t.co/pwWbQHS52S
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Las caceroladas se extienden por España
En Madrid, alrededor de 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron en la plaza de Cibeles frente al Ayuntamiento convocadas por el Sindicato de Inquilinas. Los manifestantes hicieron sonar cacerolas, sartenes y otros objetos y agitaron sus llaves mientras coreaban consignas contra la especulación y los fondos de inversión. En Barcelona, unas 800 personas, según la Guardia Urbana, participaron en una cacerolada en la plaza de Sant Jaume convocada por el Sindicat de Llogateres. Los participantes reclamaron contratos indefinidos y alquileres asequibles y posteriormente se incorporaron a la acampada de la plaza de Catalunya.
La protesta también llegó a Valencia, aunque el aviso rojo por lluvias obligó a modificar su formato. Las cacerolas sonaron desde balcones de algunos barrios, mientras el Sindicat de Llogateres mantenía su llamamiento a continuar la presión y avanzar hacia una huelga general. En Logroño, unas 1.500 personas, según los organizadores, participaron en una manifestación bajo el lema “vivienda para vivir, no para especular”. La marcha recorrió el centro de la ciudad y realizó paradas ante el Palacete de Gobierno y la Delegación del Gobierno.
El conflicto desemboca este viernes en el Congreso. El primer decreto incluye la prohibición de desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional y amplía hasta dos años la prórroga de los contratos de alquiler. El segundo decreto deroga este último extremo, y extiende la protección de los inquilinos cuando no se produce la continuidad del contrato a través de una prórroga automática indefinida, que en caso de no otorgarse supondría en una indemnización de 12 meses por parte de los propietarios.
Para las organizaciones convocantes, la convalidación de ambos textos constituye una prueba de la voluntad del Parlamento de responder a la crisis de acceso a la vivienda. Para Junts, en cambio, las medidas pueden terminar reduciendo la oferta de alquiler y perjudicando al pequeño propietario si no se introducen mayores garantías. @mundiario
