España llega a una nueva votación decisiva sobre vivienda con una paradoja difícil de explicar a quienes buscan piso, destinan una parte creciente de su salario al alquiler o temen perder la casa en la que viven. Existe un acuerdo prácticamente general sobre la gravedad del problema, pero sigue sin existir un consenso suficiente acerca de cómo resolverlo. El Congreso votará este viernes dos reales decretos ley aprobados por el Gobierno y Junts ha anunciado que los rechazará, reclamando su retirada y la elaboración inmediata de nuevos textos. El Ejecutivo ha respondido que mantendrá la votación.
El choque trasciende esta vez la habitual batalla parlamentaria entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales españoles y afecta ya a generaciones, territorios y electorados muy diferentes. El acceso a un hogar está dejando de ser únicamente una dificultad de los jóvenes que intentan emanciparse. Alcanza a familias de rentas medias, trabajadores que no pueden asumir los precios de determinadas ciudades, jubilados vulnerables y propietarios modestos que también reclaman seguridad jurídica cuando ponen una vivienda en alquiler.
La emergencia habitacional necesita acuerdos que sobrevivan a la aritmética de una votación. Proteger al inquilino y ampliar la oferta no deberían ser objetivos incompatibles
El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, actuó como detonante emocional de un malestar que venía acumulándose desde mucho antes. La política respondió con una rapidez que no había mostrado durante meses y el Gobierno recuperó unas medidas que habían quedado atrapadas en los vetos cruzados de su complicada mayoría parlamentaria. Junts, de hecho, había retomado las conversaciones con el Ejecutivo y había planteado propuestas que incluían impedir determinados desahucios y limitar las compras de viviendas por fondos de inversión.
El Consejo de Ministros terminó dividiendo su respuesta en dos decretos. Entre las medidas aprobadas figuran mecanismos de protección frente a los desahucios de personas vulnerables, restricciones a determinadas adquisiciones especulativas de vivienda y medidas sobre el mercado del alquiler. El segundo texto incorpora una de las cuestiones que suscita mayores discrepancias: la prolongación extraordinaria de determinados contratos.
La división en dos normas pretendía precisamente facilitar el acuerdo parlamentario. No todos los socios del Gobierno comparten la misma filosofía sobre la vivienda. Podemos considera insuficiente el paquete pero ha anunciado su voto favorable; el PNV respalda críticamente el primer decreto y rechaza el segundo; Coalición Canaria también había abierto la puerta al primero. Esa geometría dejaba nuevamente a Junts en una posición determinante.
Y Junts ha decidido decir no a ambos. Su argumento merece ser analizado sin caricaturas. La formación catalana sostiene que una regulación excesiva puede acabar reduciendo la oferta de alquiler y provocando precisamente aquello que pretende combatir: precios más altos. También considera insuficiente la protección del pequeño propietario y cuestiona que medidas concebidas para responder inmediatamente a situaciones de vulnerabilidad puedan sustituir una política estructural de vivienda. Por eso reclama retirar los decretos y redactar otros que, según sostiene, permitirían afrontar el problema sin expulsar viviendas del mercado.
El debate económico que subyace a esa posición es real. España necesita proteger a las personas vulnerables, pero necesita igualmente aumentar de manera sustancial el número de viviendas disponibles. Si una regulación provoca que propietarios retiren pisos del alquiler tradicional, el remedio puede generar efectos indeseados. La seguridad jurídica del pequeño arrendador no es una cuestión secundaria: forma parte del funcionamiento del mercado y, por tanto, de cualquier solución que pretenda ser duradera.
Pero el razonamiento funciona también en sentido contrario. Esperar a disponer de una reforma perfecta mientras continúan los desahucios o vencen contratos que determinadas familias no pueden reemplazar tampoco constituye una política suficiente. Las medidas de emergencia no solucionan el déficit estructural de vivienda, pero pueden impedir que algunas personas vulnerables soporten mientras tanto sus consecuencias más graves. Confundir una protección provisional con una política completa sería un error; renunciar a la primera porque todavía no existe la segunda también puede serlo.
Ahí reside el verdadero dilema de la votación. El problema no debería reducirse a escoger entre propietarios e inquilinos, mercado e intervención, izquierda y derecha. Una política de vivienda sostenible necesita simultáneamente protección social, seguridad jurídica, inversión pública, iniciativa privada, suelo disponible, rehabilitación, construcción y reglas estables. España lleva demasiado tiempo discutiendo cada una de esas piezas como si necesariamente excluyera a las demás.
Una transformación profunda de la vivienda requiere negociación
También el Gobierno tiene responsabilidades en el atasco. Los reales decretos ley permiten responder con rapidez a situaciones extraordinarias, pero no deberían convertirse en sustitutos permanentes de la legislación parlamentaria. Una transformación profunda del mercado de la vivienda requiere negociación, informes, enmiendas y acuerdos capaces de mantenerse durante años. Si las normas cambian continuamente o dependen hasta el último minuto de siete diputados, propietarios, inversores e inquilinos terminan compartiendo algo que perjudica a todos: incertidumbre.
Junts tampoco puede eludir el coste político de su decisión simplemente calificando los decretos de parches. Buena parte de la legislación social empieza precisamente con medidas parciales. La cuestión relevante es si las normas alivian problemas concretos sin generar perjuicios superiores y si después existe voluntad para corregirlas y ampliarlas. El partido de Puigdemont tendrá que defender en el debate parlamentario por qué considera preferible que decaigan las medidas actualmente en vigor mientras se negocia una alternativa.
La respuesta de La Moncloa tampoco contribuye a rebajar la temperatura. Presentar la votación como una elección entre estar con la ciudadanía o con los especuladores simplifica un debate económico y social mucho más complejo. PP, Vox y Junts tienen posiciones distintas sobre numerosos aspectos de la política de vivienda aunque puedan coincidir en el voto negativo, del mismo modo que los partidos que respaldan los decretos no comparten necesariamente el mismo modelo. Convertir cada votación en una frontera moral puede resultar eficaz como estrategia política, pero dificulta los consensos que el problema necesita.
La decisión de Junts vuelve a mostrar hasta qué punto el Gobierno depende de una mayoría heterogénea que no funciona como una coalición estable
Y detrás de todo aparece inevitablemente la legislatura. La decisión de Junts vuelve a mostrar hasta qué punto el Gobierno depende de una mayoría heterogénea que no funciona como una coalición estable. Cada iniciativa relevante exige reconstruir la investidura voto a voto. Sánchez ha logrado mantener esa arquitectura durante buena parte de la legislatura, pero la vivienda revela sus límites: cuando las diferencias afectan a intereses económicos y sociales profundos, la negociación se vuelve mucho más difícil.
El calendario añade todavía mayor carga política. La negativa de Junts coincide con una nueva fase de la aplicación de la amnistía y vuelve a colocar la relación entre el PSOE y el partido de Puigdemont bajo máxima tensión. Sin embargo, mezclar ambos asuntos sería un error. Las decisiones sobre vivienda deberían juzgarse por sus efectos sobre la vivienda, no por las contrapartidas de otros acuerdos ni por la supervivencia parlamentaria del Gobierno.
España necesita salir de ese intercambio permanente de vetos. Las medidas de urgencia pueden contener una emergencia, pero ningún decreto resolverá por sí solo un problema construido durante décadas. Hace falta vivienda pública, pero también vivienda privada; regulación donde exista abuso, pero también incentivos para incrementar la oferta; protección para quien no puede pagar, pero seguridad para quien alquila; actuación inmediata y, al mismo tiempo, una estrategia que sobreviva al Gobierno que la apruebe.
El Congreso tiene ante sí algo más importante que otro episodio del pulso entre Sánchez y Puigdemont. Tiene la oportunidad de demostrar si todavía es posible construir una política de vivienda que no dependa de convertir a propietarios e inquilinos en adversarios. Si los decretos decaen, Gobierno y oposición deberán volver a negociar desde el día siguiente. Y si alguna de las medidas sobrevive, tampoco podrá considerarse resuelto el problema. Porque el fracaso más serio no sería que un Gobierno perdiera una votación ni que Junts pagara o rentabilizara políticamente su decisión. Sería que, después de otra crisis parlamentaria, los precios siguieran subiendo, la oferta continuara siendo insuficiente y dentro de unos meses España volviera exactamente al mismo debate.
La vivienda necesita menos gestos destinados a señalar culpables y más acuerdos capaces de construir casas, movilizar las que están vacías, proteger a quien realmente lo necesita y ofrecer seguridad a quien las pone en alquiler. Esa combinación es bastante más difícil que aprobar un decreto. Pero también se parece mucho más a una solución. @mundiario
