La diplomacia de Estados Unidos en Oriente Próximo ha dado un giro pragmático ante la reciente escalada bélica regional. En el marco del conflicto abierto entre la coalición liderada por EE UU e Israel contra Irán, la Administración de Donald Trump ha optado por una estrategia de contención en Yemen: a pesar de haber catalogado a los hutíes como Organización Terrorista Extranjera en marzo de 2025, la Casa Blanca mantiene canales de negociación directa con el grupo rebelde para blindar la navegación comercial en el mar Rojo.
Este equilibrio se materializó en una reunión secreta de alto nivel celebrada en Mascate, Omán, donde funcionarios estadounidenses se reunieron con los jefes negociadores hutíes, Mohammad Abdulsalam y Abdelmalik al-Ajiri. En dicho encuentro, los rebeldes ratificaron su compromiso de no atacar buques mercantes o militares estadounidenses e israelíes, respetando el alto el fuego bilateral pactado en mayo de 2025.
En paralelo, el presidente Donald Trump rechazó formalmente las peticiones urgentes del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, quien solicitó mediante llamadas telefónicas una intervención militar directa tras el avance relámpago de los hutíes sobre la costa del mar Rojo, el puerto de Moca y la estratégica isla de Perim. Washington ha limitado su implicación a proporcionar exclusivamente apoyo de inteligencia geoespacial y asesoramiento técnico a las fuerzas saudíes, descartando bombardear directamente las posiciones insurgentes para evitar la apertura de un nuevo frente bélico.
Reuters confirmó que funcionarios estadounidenses se reunieron durante el fin de semana con representantes hutíes en la embajada de Estados Unidos en Mascate. Según cinco fuentes conocedoras del encuentro, los hutíes aseguraron que mantienen el alto el fuego alcanzado con Washington y que no pretenden atacar barcos estadounidenses. Su amenaza, según esas fuentes, quedaría concentrada en buques vinculados a Arabia Saudí.
El Departamento de Estado no confirmó formalmente la reunión, pero sí reiteró que proteger la libertad de navegación en el mar Rojo y evitar la expansión del terrorismo son intereses centrales de Estados Unidos. La cautela oficial resulta significativa: Washington habla con una organización que la propia Administración Trump designó como organización terrorista extranjera y con la que, sin embargo, ya había negociado un alto el fuego después de una campaña de bombardeos.
¿Un pacto entre Trump y los hutíes?
La consecuencia inmediata es que Arabia Saudí queda obligada a afrontar buena parte del problema por sus propios medios. El príncipe heredero Mohamed bin Salmán pidió a Trump asistencia militar directa después de que los hutíes avanzaran rápidamente por la costa occidental de Yemen.
La ofensiva hutí ha cambiado el mapa militar de Yemen. El movimiento tomó posiciones estratégicas en la costa del mar Rojo, incluido el puerto de Mocha y la isla de Perim, próxima al estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los principales puntos de paso marítimo entre el mar Rojo y el océano Índico. Reuters señala que la ofensiva ha dejado a Arabia Saudí en una posición especialmente delicada y ha incrementado la influencia regional de Irán.
Para Riad, la cuestión no es únicamente militar. La proximidad de los hutíes a una ruta marítima fundamental y los ataques contra infraestructuras energéticas convierten Yemen en un problema de seguridad nacional y también económico. Naciones Unidas advirtió de que la situación alrededor de Bab el-Mandeb se ha vuelto cada vez más volátil, aunque el tráfico comercial por el mar Rojo permanecía afectado de forma limitada al menos hasta mediados de septiembre.
Hablar de un “pacto” exige matices. No existe un acuerdo público nuevo anunciado por Washington que reconozca concesiones políticas a los hutíes. Lo que sí aparece documentado es un entendimiento operativo: Estados Unidos busca evitar que sus barcos sean atacados y los hutíes han transmitido que mantienen el compromiso alcanzado en 2025.
El exembajador estadounidense adjunto en Yemen Nabeel Khoury describió la situación como una “especie de entendimiento tácito” entre ambas partes. Esa interpretación encaja con el comportamiento de Washington: condena la expansión hutí y defiende la libertad de navegación, pero evita convertir cada ataque contra Arabia Saudí en una nueva intervención estadounidense.
La lógica es pragmática. La Administración Trump ya afronta un conflicto mucho más amplio con Irán, que ha afectado al estrecho de Ormuz y provocado una fuerte alteración de las rutas energéticas. El tráfico por Ormuz cayó a niveles extraordinariamente bajos durante la escalada, mientras el precio del petróleo llegó a superar los 100 dólares por barril.
Abrir simultáneamente un frente militar en Yemen supondría aumentar el compromiso estadounidense precisamente cuando Washington intenta limitar la duración y el coste de su guerra con Irán. El dilema está claro: intervenir podría ayudar a Arabia Saudí, pero también convertir Yemen en otro escenario directo de la guerra regional.
La paradoja de una organización considerada terrorista y un aliado
La aparente paradoja de la diplomacia estadounidense se fundamenta en un patrón histórico de pragmatismo estratégico. A pesar de que la Administración de Donald Trump redesignó formalmente a los hutíes (Ansarolá) como Organización Terrorista Extranjera en marzo de 2025 tras los masivos bombardeos conjuntos con el Reino Unido en Yemen, Washington utiliza la vía diplomática en Omán como mecanismo de contención de daños para fijar líneas rojas operativas.
Esta dualidad no representa una anomalía en la doctrina de la Casa Blanca, ya que, históricamente, el Departamento de Estado y agencias como la CIA han entablado negociaciones directas o indirectas con adversarios declarados u organizaciones catalogadas como terroristas cuando el interés nacional —como la liberación de rehenes, la seguridad comercial marítima o la contención de guerras regionales— así lo requería.
La historia reciente de la política exterior estadounidense documenta precedentes directos donde estas alianzas de conveniencia se disolvieron al cambiar las prioridades de Washington bajo el mandato de Trump. Un claro ejemplo de ello fue el abandono de las fuerzas kurdas en Siria en 2019; tras utilizar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) de mayoría kurda como su principal vector terrestre para desmantelar el califato territorial del Estado Islámico (ISIS), el gobierno de EE UU ordenó la retirada abrupta de sus tropas del norte de Siria, una decisión que dejó a sus aliados kurdos militarmente expuestos ante la ofensiva transfronteriza de Turquía, además del reciente abandono para apoyar al nuevo Gobierno sirio de Ahmed al Sharaa.
Asimismo, el repliegue frente al gobierno de Afganistán entre 2020 y 2021 evidenció esta misma dinámica: para dar cumplimiento al Pacto de Doha, firmado en febrero de 2020 directamente entre la primera administración de Trump y los líderes talibanes, Washington negoció la retirada militar del país excluyendo por completo de las mesas de diálogo al legítimo gobierno democrático afgano en Kabul, lo que debilitó críticamente la legitimidad institucional y militar del Estado afgano, propiciando su colapso fulminante y el retorno talibán al poder en agosto de 2021.
El riesgo es que esa estrategia funcione para Estados Unidos a corto plazo, pero deje abierta una crisis regional más difícil de controlar. Los hutíes han seguido atacando objetivos saudíes. El grupo afirmó haber golpeado instalaciones de Aramco en Yanbu y una base aérea en el sur de Arabia Saudí, aunque algunas de sus afirmaciones militares no han podido ser verificadas de manera independiente.
También se produjo una escalada alrededor de La Meca. Arabia Saudí afirmó haber derribado un dron hutí al sur de la ciudad antes de que entrara en el espacio aéreo restringido, mientras los hutíes negaron haber intentado atacar los lugares sagrados. La acusación ha añadido una dimensión religiosa a un conflicto que ya tiene implicaciones militares, energéticas y geopolíticas.
La ONU, mientras tanto, ha advertido de que la escalada ya está provocando desplazamientos y víctimas civiles en Yemen. Al menos 125.000 personas habían sido desplazadas desde comienzos de septiembre, según Naciones Unidas, mientras los combates se extendían por distintos frentes.
El problema para Trump es, por tanto, mantener una frontera entre dos objetivos que empiezan a chocar: impedir que los hutíes amenacen la navegación internacional y, al mismo tiempo, evitar que Estados Unidos vuelva a entrar militarmente en una guerra de Yemen. @mundiario