La solución planteada por el Gobierno para aliviar la situación de cientos de migrantes en Ceuta se encuentra ahora pendiente de una decisión judicial. La Audiencia Nacional ha ordenado que no se ejecute, por el momento, la autorización que permite habilitar un campamento temporal en el puerto de la ciudad autónoma, una medida adoptada después del recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
La instalación ocupa unos 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente y está concebida para acoger aproximadamente a un millar de personas. El Ejecutivo pretendía utilizarla para trasladar a migrantes que permanecen en asentamientos improvisados y reducir así la presión existente sobre otros puntos de la ciudad.
La Audiencia Nacional todavía no ha decidido si la instalación debe quedar definitivamente suspendida. Lo que ha hecho es paralizar provisionalmente su ejecución y reclamar al Ministerio de Transportes el expediente administrativo completo, incluida la resolución que permitió utilizar los terrenos portuarios.
La diferencia es relevante: la providencia no determina que el campamento sea ilegal ni entra todavía en el fondo del recurso. Los magistrados necesitan disponer de la documentación antes de resolver sobre la medida cautelar solicitada por el sindicato.
El SUP sostiene que la ubicación requiere una evaluación previa de aspectos como evacuación, incendios, emergencias y prevención de riesgos laborales. También cuestiona que la decisión administrativa no hubiese sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, un argumento que deberá ser analizado dentro del procedimiento.
El puerto se convierte en el centro del conflicto
El debate no se limita al alojamiento de los migrantes, sino que gira también alrededor del lugar elegido. El sindicato considera que concentrar a cientos de personas dentro de una infraestructura portuaria puede modificar los protocolos habituales de acceso, vigilancia, evacuación y actuación policial.
La organización ha defendido que no cuestiona la necesidad de ofrecer atención humanitaria, sino las condiciones técnicas del emplazamiento. Su preocupación se centra especialmente en la proximidad de instalaciones vinculadas a actividades sensibles y en la respuesta que debería darse ante una eventual emergencia.
El proyecto, además, ya había generado discrepancias dentro de las propias instituciones. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazó anteriormente la cesión de los terrenos, aunque el Ministerio de Transportes siguió adelante con la habilitación del espacio.
Un problema que sigue pendiente mientras llega la decisión
La consecuencia inmediata es práctica: el calendario diseñado para trasladar a parte de los migrantes queda en suspenso. El campamento debía contribuir a descongestionar los asentamientos provisionales que se han formado en distintos puntos de Ceuta tras la llegada masiva registrada a finales de julio.
Ahora el siguiente movimiento corresponde al Ministerio de Transportes, que debe entregar al tribunal la documentación requerida. Con esos datos sobre la mesa, la Audiencia Nacional tendrá que decidir si levanta el freno o mantiene la suspensión mientras estudia el recurso del SUP.
El episodio añade así otro frente judicial a una crisis migratoria que ya está siendo investigada por la propia Audiencia Nacional. La jueza María Tardón ha abierto diligencias para reconstruir lo ocurrido durante la entrada masiva de julio y ha comenzado a citar a responsables públicos como testigos.
Mientras tanto, el Gobierno deberá buscar una respuesta a corto plazo para una situación que no desaparece con la suspensión del proyecto: la necesidad de proporcionar alojamiento y atención a las personas que continúan en los asentamientos de la ciudad autónoma. @mundiario