El pulso político en torno a la aprobación del decreto de prórroga de los alquileres en el Congreso se acerca, pero permanece la incertidumbre. La negativa de Junts a respaldar la norma no es nueva, pero sí lo es el margen de ambigüedad que mantiene abierto al no aclarar si optará por el voto en contra o la abstención.
Junts ha reiterado que no convalidará el decreto en sus términos actuales. La formación posconvergente considera que el texto no incorpora sus demandas y subraya que, al tratarse de un real decreto ley, no puede modificarse en el trámite parlamentario. Este argumento cierra la puerta a una negociación clásica de última hora.
Sin embargo, el hecho de no confirmar un voto negativo introduce un gesto para el socio minoritario del Ejecutivo. La abstención permitiría, en un escenario ajustado, que la norma saliera adelante por un margen mínimo pese al rechazo rotundo del resto de las derechas como el PP, Vox y UPN. Esa posibilidad mantiene viva la expectativa en el seno del Gobierno, especialmente en Sumar, que ha intensificado la presión en las últimas horas.
Desde la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y su espacio político se ha optado por trasladar el foco hacia el socio mayoritario del Ejecutivo. Ministros como el de Derechos Sociales Pablo Bustinduy o el titular de Cultura Ernest Urtasun han defendido que existen márgenes para integrar algunas de las exigencias de Junts, especialmente en materia fiscal, como bonificaciones a propietarios o medidas para autónomos.
Fuentes de la coalición de izquierdas apunta a que la pelota está en el tejado del ala socialista del Gobierno si el PSOE asume esas concesiones, podría facilitarse un cambio de posición de Junts. No obstante, este planteamiento choca con dos obstáculos. Por un lado, la imposibilidad técnica de modificar el decreto en esta fase, y la desconfianza acumulada entre el partido de Carles Puigdemont y el Gobierno, que limita el valor de las promesas futuras.
Las condiciones de Junts y el fondo del desacuerdo
Las demandas de Junts van más allá del propio decreto. Incluyen reformas fiscales como desgravaciones de alquileres e hipotecas, beneficios para mayores en la venta de vivienda habitual o cambios en la tributación de autónomos. Estas propuestas reflejan una visión distinta de la política de vivienda, más orientada a incentivos que a la intervención directa en precios.
El choque, por tanto, no es solo táctico, sino también ideológico. Mientras Sumar defiende la prórroga como una medida de protección urgente para millones de inquilinos desgajada del decreto ómnibus que el Gobierno estuvo a punto de perder, Junts cuestiona la intervención en el mercado inmobiliario y reclama un enfoque más amplio que combine estímulos fiscales y apoyo a propietarios.
El desenlace dependerá de un equilibrio extremadamente frágil. Si Junts vota en contra junto a Partido Popular y Vox, el decreto no tiene más remedio que decaer. Si opta por la abstención, la aritmética podría inclinarse a favor del Gobierno por un margen mínimo. Este escenario ilustra una constante de la legislatura, la dificultad para articular mayorías estables. Cada votación relevante se convierte en una negociación contrarreloj, donde las posiciones públicas conviven con márgenes de maniobra estratégicos. @mundiario