Tras la tragedia de la colisión de trenes en Urda (Toledo), llega la inevitable reflexión sobre la fragilidad de la vida y sus circunstancias, porque junto a ella revolotean preguntas incómodas desde la perspectiva del Derecho administrativo (y al margen de toda ideología, pues me temo que ningún Gobierno ha estado ni está libre de pecado): ¿Cómo es posible que los contratos de mantenimiento del sistema de seguridad y suministros de ferrocarriles hayan sufrido demoras inherentes a estudios, licitaciones, reclamaciones y suspensiones? ¿No es hora de replantearse que una Ley de Contratos repleta de trámites y garantías de legalidad preventiva debería dejar paso a algo más de eficacia y celeridad? ¿Cuántos hospitales sufren déficits de suministros por estar los contratos en el limbo administrativo?
Lo de la eficiencia, los objetivos transversales y la ramificación de modalidades contractuales se ha convertido en un laberinto endiablado para las empresas y para los funcionarios.
¿Puede una contratación pública excesivamente burocrática comprometer la seguridad ferroviaria? La seguridad debe ser el primer deber de una Administración, por encima de cualquier otra consideración
¿Tendrá que ver con el mantenimiento de los sistemas y las medidas de seguridad la austeridad derivada de eso que se llama sostenibilidad, unida al ahorro en seguridad para gastar en frivolidad?
Los presupuestos formalmente equilibrados esconden desequilibrios serios al confundir lo necesario y lo prescindible (todos cuestan, pero el riesgo de escatimar es distinto en unos y en otros).
¿La liberalización del sector ferroviario, impulsada por esa insensata UE, tolera que las compañías que comparten los mismos itinerarios tengan distintos sistemas de control de seguridad?
¿Acaso el Gobierno no ha podido aprobar una planificación de infraestructuras ferroviarias, obras públicas o mantenimiento que realmente alcance el estándar de servicio y seguridad que merecen los españoles?
¿Es aceptable que los entes públicos desenganchados de la Administración central nutran sus directivos mediante contratos de alta dirección o designaciones sobre criterios de afinidad, servilismo o, sencillamente, para que no estorben mientras cobran?
Lo de la huida del Derecho administrativo se ha convertido en estos últimos ocho años en refugio de paniaguados «sanchistas» de corbata larga y ética corta.
¿Y qué decir del reclutamiento del personal de segundo y tercer nivel de tales entes públicos, en régimen laboral y sistema de concurso, aligerados habitualmente de pruebas objetivas de experiencia y capacidad?
Tanto hablar de algoritmos y automatización, o del principio de precaución en medioambiente, y, sin embargo, no hay espacio para hablar de compromisos de seguridad en el servicio ferroviario.
¿El «protocolo» que dicen haber aplicado antes de la fatal colisión, qué tipo de norma o criterio jurídico es?
¿Qué garantías de aprobación ha superado ese «protocolo» para que haya fallado, y por qué otros «protocolos» de otras líneas ferroviarias de otros países no fallan?
¿Está preparada la Administración española para afrontar con rigor, seriedad y justicia las múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial que van a llegar, en cuantías diferentes y por distintos conceptos?
Pero lo que más llama la atención y duele es saber que los viajeros que ocupaban el AVE y el Iryo siniestrados quedaron en manos del permiso dado al maquinista para circular con normalidad (a 200 km/h)… hacia la anormalidad de la colisión; y lo hicieron bajo la protección de dos capas de seguridad: (i) la informática falló y (ii) la humana, que era un grupo de frívolos que dictaminaban del siguiente tenor: «Joder, tronco, el (Iryo) 6076 no funciona».
Si el destino de cientos de personas está en manos de estos humanos… algo ha fallado en quien los recluta, en quien los forma o en quien los controla…
Se impone la categoría del «derecho catastrófico», como rama jurídica emergente, que impone no solo la perspectiva de la reparación o indemnización, sino la perspectiva preventiva, pues la seguridad es el deber primario de una Administración que merezca tal nombre. Porque también ha fallado el Derecho administrativo. @mundiario
