La democracia estadounidense tiene ante sí una oportunidad de corregir algunos de los desequilibrios institucionales que se han acentuado durante el segundo mandato de Donald Trump. Las elecciones legislativas de este martes, 3 de noviembre, no decidirán quién ocupa la Casa Blanca, pero sí pueden modificar sustancialmente las condiciones en las que el presidente ejercerá el poder durante los dos últimos años de su mandato, su tiempo de posible pato cojo. Una victoria del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, y especialmente la eventual recuperación también del Senado, introduciría un contrapeso político que hoy resulta particularmente necesario para preservar el equilibrio constitucional en la primera potencia del mundo.
La posibilidad merece contemplarse con simpatía, no porque una determinada formación política deba monopolizar la defensa de la democracia, sino porque la concentración del poder en manos de un mismo partido reduce los incentivos para ejercer una fiscalización rigurosa. La separación de poderes adquiere su verdadero significado cuando las instituciones están dispuestas a utilizar sus competencias, incluso frente a quienes gobiernan. Y Estados Unidos necesita recuperar una cultura de control político que la polarización y la disciplina partidista han debilitado considerablemente.
Una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes permitiría investigar y fiscalizar al Gobierno de Trump. El federalismo estadounidense conserva una extraordinaria capacidad para resistir la centralización del poder
Una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes permitiría abrir investigaciones parlamentarias, reclamar documentación, convocar comparecencias y examinar con mayor independencia las decisiones del Ejecutivo. También podría condicionar la aprobación de leyes y presupuestos, obligando a la Casa Blanca a negociar iniciativas que hasta ahora ha tratado de impulsar desde una posición de mayor fortaleza parlamentaria. No supondría una paralización automática de la presidencia, pero sí alteraría el equilibrio de fuerzas y dificultaría la aprobación de buena parte de su agenda legislativa.
El control del Senado ampliaría considerablemente esas posibilidades. Además de intervenir en el proceso legislativo, la Cámara Alta desempeña un papel decisivo en la confirmación de altos cargos de la Administración y jueces federales. Una mayoría demócrata podría someter los nombramientos presidenciales a un examen mucho más exigente y rechazar candidaturas que considerase incompatibles con las responsabilidades institucionales correspondientes. Sería, en definitiva, un escenario de gobierno dividido, perfectamente previsto por la arquitectura constitucional estadounidense y que históricamente ha obligado a presidentes de ambos partidos a moderar sus aspiraciones.
El Congreso puede recuperar su protagonismo
Conviene, sin embargo, evitar cualquier idealización. Trump, aun siendo un pato cojo, conservaría importantes facultades ejecutivas y podría seguir recurriendo a órdenes presidenciales, decisiones administrativas y competencias propias del Gobierno federal. El Congreso tampoco dispone de instrumentos ilimitados para imponer su voluntad, y una mayoría parlamentaria adversa no garantiza por sí misma que las investigaciones produzcan consecuencias políticas o jurídicas. La eficacia del control dependerá de la solidez de sus actuaciones, del respeto a las resoluciones judiciales y de la capacidad de los legisladores para evitar que la fiscalización derive en una sucesión interminable de enfrentamientos partidistas.
Existe, además, una dificultad estructural: la polarización ha convertido numerosos debates institucionales en conflictos de identidad política. El riesgo de que una mayoría demócrata interprete su victoria exclusivamente como una oportunidad para bloquear al presidente sería tan real como la tentación republicana de desacreditar cualquier investigación parlamentaria por considerarla partidista. El interés general exige algo más ambicioso: restablecer las condiciones de una competencia democrática en la que gobernar no equivalga a disponer de poderes ilimitados y ejercer la oposición no se reduzca a impedir cualquier iniciativa del adversario.
La trascendencia de las elecciones reside precisamente en que los ciudadanos conservan la posibilidad de modificar el reparto institucional del poder sin necesidad de esperar a las próximas presidenciales. Es una de las grandes fortalezas de la democracia estadounidense, cuyo sistema de elecciones legislativas cada dos años permite corregir o matizar el mandato político recibido por el presidente. Que ese mecanismo siga funcionando constituye una razón para confiar en la capacidad de recuperación del país.
Los estados, una segunda línea de resistencia
El Congreso no es, sin embargo, el único contrapeso disponible, como explica de manera razonada el profesor Charles Powell en un análisis para el instituto Elcano. La organización federal de Estados Unidos proporciona una barrera adicional frente a la concentración del poder en Washington. Los 50 estados disponen de gobiernos, parlamentos, tribunales y competencias propias, respaldados por electorados que no dependen políticamente de la Casa Blanca. Esa distribución territorial de la autoridad, que tantas veces dificulta la adopción de políticas comunes, representa también una formidable protección frente a cualquier intento de imponer una dirección política uniforme.
California ofrece uno de los ejemplos más significativos. Su dimensión económica, equivalente aproximadamente a una séptima parte de la producción estadounidense, y su capacidad regulatoria le permiten mantener políticas propias en materias como medioambiente, energía y protección de los consumidores. Las controversias con la Administración Trump sobre los límites de emisiones de los vehículos y la regulación climática muestran hasta qué punto un estado puede convertirse en un actor político de primera magnitud, capaz de impugnar decisiones federales y promover alianzas con otros gobiernos territoriales.
La resistencia no se limita a California. Coaliciones de estados y ciudades han acudido a los tribunales para cuestionar medidas de la Administración federal relacionadas con la protección medioambiental, las competencias regulatorias y la financiación de servicios públicos. Estas iniciativas no garantizan que los demandantes obtengan siempre resoluciones favorables, pero demuestran que el presidente no puede ejercer su autoridad sin encontrar instituciones con legitimidad propia dispuestas a discutir sus decisiones.
La autonomía estatal tiene también una dimensión internacional. California participa en redes de cooperación climática y mantiene relaciones institucionales que proyectan su influencia más allá de Estados Unidos. Esa capacidad no sustituye las competencias diplomáticas del Gobierno federal, pero confirma que la presencia estadounidense en el mundo no depende exclusivamente de las decisiones de la Casa Blanca. Universidades, empresas, ciudades y gobiernos estatales contribuyen igualmente a definir la posición internacional del país.
No obstante, el federalismo tampoco constituye una garantía automática de libertades. La autonomía territorial puede utilizarse para ampliar derechos, pero también para restringirlos, como revelan las diferencias entre estados en materias relacionadas con el aborto, la inmigración o las normas electorales. La Constitución establece, además, límites a las competencias estatales y reconoce la primacía del Derecho federal cuando corresponde. Por eso, la defensa del pluralismo territorial debe acompañarse siempre de la protección de los derechos fundamentales y de unas garantías democráticas comunes.
La oportunidad de recuperar el equilibrio
La fortaleza institucional de Estados Unidos reside en la existencia de numerosos centros de poder que no pueden ser subordinados fácilmente a una única voluntad política. El Congreso, los estados, los tribunales, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones civiles forman un entramado de controles que, pese a sus debilidades, conserva una notable capacidad de resistencia. La democracia estadounidense no depende de que todas estas instituciones compartan una misma orientación ideológica, sino de que puedan actuar con independencia y dentro de sus competencias.
Una victoria demócrata en noviembre podría contribuir decisivamente a recomponer ese equilibrio, siempre que se utilizase para fortalecer las instituciones y no simplemente para invertir los términos de la confrontación partidista. Fiscalizar a Trump, exigir responsabilidades y limitar los excesos del Ejecutivo serían objetivos legítimos y necesarios. Pero la recuperación democrática requiere también ofrecer estabilidad, respetar las competencias presidenciales y demostrar que el pluralismo puede traducirse en una gobernabilidad responsable.
Estados Unidos no necesita un Congreso sometido a la Casa Blanca, pero tampoco uno dedicado exclusivamente a paralizarla. Necesita representantes capaces de ejercer su mandato con independencia, gobiernos estatales que defiendan sus atribuciones y tribunales cuyas decisiones sean respetadas. Las elecciones del 3 de noviembre pueden abrir una etapa distinta, más exigente con el poder presidencial y más favorable al equilibrio constitucional. No resolverán por sí solas la crisis democrática estadounidense, pero pueden demostrar que los ciudadanos todavía conservan la capacidad de corregir sus derivas mediante el voto. Y esa posibilidad, en las circunstancias actuales, constituye una noticia esperanzadora para Estados Unidos y para el conjunto de las democracias occidentales. @J_L_Gomez en @mundiario
Datos a tener en cuenta
El martes 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara y 35 del Senado. Un informe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, fechado el 9 de octubre de 2026, considera más probable una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado presenta una competición más abierta. @mundiario
