La semana pasada, un grupo de legisladores de Morena presentó una iniciativa de reforma constitucional para el supuesto “perfeccionamiento institucional del modelo de elección judicial recientemente adoptado”. En una entrevista que concedió Olga Sánchez Cordero la semana pasada, la diputada, que suscribió la iniciativa junto con Javier Corral y Alfonso Ramírez Cuéllar, entre otros, explicó los principales cambios propuestos en la reforma. Sánchez Cordero se esforzó mucho por no reconocer que la iniciativa en realidad es un intento por enmendar errores de la reforma judicial, pero la exposición de motivos la delata con elegancia.
De acuerdo con la iniciativa, “la implementación práctica del nuevo modelo evidenció áreas de oportunidad”, pues con la primera elección judicial “se identificaron desafíos en los procesos de evaluación y selección de aspirantes”. Los legisladores reconocen que “los requisitos constitucionales vigentes para acceder a cargos jurisdiccionales, como promedios académicos mínimos o cartas de recomendación, resultan insuficientes para evaluar de manera objetiva las competencias técnicas necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional”. Incluso señalan expresamente que tales requisitos “no garantizan que las personas candidatas cuenten con las competencias y habilidades sustantivas como razonamiento jurídico, interpretación normativa, enfoque de derechos humanos… y compromiso social”.
Básicamente, el propio partido reconoce que los jueces del bienestar tienen deficiencias en el razonamiento jurídico y compromiso social. Es casi ofensivo que los morenistas que ahora señalan gallardamente la necesidad de tener jueces capacitados para “fortalecer” al Poder Judicial, sean los mismos que en febrero de 2025 aplaudieron orgullosos la tómbola que se llevó a cabo en el Senado de la República, para elegir a los juzgadores de carrera que serían destituidos y reemplazados por los que no tienen la “habilidad sustantiva” de “interpretación normativa”, como dice el proyecto de reforma.
El mismo Javier Corral declaró al concluir el proceso de insaculación que el Poder Judicial estaba “desahuciado”, y que no se podía dejar pasar “la oportunidad histórica de refundar, replantear y redireccionar nuestro sistema judicial hacia un modelo más justo y democrático”. Poco más de un año después, parece que la oportunidad histórica sí se aprovechó, pero para redireccionar al sistema judicial directo a la incapacidad y la parcialidad. Las advertencias fueron muchas, pero Morena eligió ignorarlas.
En términos generales, la iniciativa propone un cambio en los requisitos para acreditar la capacidad técnica e imparcialidad de los juzgadores. En lugar de acreditar un promedio académico, se les pide aprobar un examen de conocimientos y, en algunos casos, un mínimo de experiencia en el Poder Judicial. Cabe mencionar que este requisito se prevé de forma asimétrica para los ministros de la Suprema Corte. Según los cambios propuestos al artículo 95 de la Constitución, solo cinco de los nueve ministros deben acreditar cinco años de experiencia judicial previa. Para los otros cuatro, supongo que la falta de competencias y habilidades sustantivas será opcional.
Otro cambio propuesto es que los ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito ya no tienen que ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, sino que basta con tener la ciudadanía mexicana (artículos 95 y 97). Este cambio podría permitir que asuman los cargos mexicanos por naturalización, por ejemplo. Esperemos que no haya dedicatoria.
Adicionalmente, con la iniciativa se establecería como requisito, que los candidatos a ministros, magistrados y jueces federales no hayan sido militantes de un partido político durante el año previo a la convocatoria. Supuestamente, la iniciativa también busca proteger la independencia judicial y despolitizar la elección.
También se propone postergar la siguiente elección judicial hasta 2028, la creación de dos secciones en la SCJN (como operaba antes), y de un Observatorio Ciudadano, según la exposición de motivos. Definitivamente, la iniciativa reconoce errores en la reforma judicial de 2024, pero estos ajustes servirán de poco, o casi nada, pues mientras subsista la elección popular de los jueces, el Poder Judicial no será un contrapeso legítimo y orgánico para los otros poderes, elegidos por el pueblo.