Óscar Puente ha decidido responder a la crisis ferroviaria con una ofensiva de medidas en lugar de abandonar el Ministerio de Transportes. Respaldado por Pedro Sánchez, el ministro trabaja contrarreloj para presentar este martes un plan de refuerzo de la seguridad de la alta velocidad, con el que el Gobierno pretende dar una respuesta a la tragedia de Urda y tratar de reconstruir la confianza de los ciudadanos en el ferrocarril.
El accidente, que ha causado 69 muertos, ha colocado al Ejecutivo ante una de sus mayores crisis a pocas semanas de las elecciones generales. La presión no procede únicamente del PP y Vox. También hay socios parlamentarios, sindicatos y dirigentes socialistas que cuestionan que Puente pueda seguir al frente del departamento después de dos accidentes ferroviarios mortales en menos de un año.
Sin embargo, la decisión de Sánchez, al menos por ahora, es mantenerlo en el cargo. El presidente ha encargado al ministro que encuentre soluciones y lidere los cambios necesarios. La estrategia del Gobierno pasa por demostrar que está dispuesto a revisar el funcionamiento de la red y adoptar medidas concretas, en lugar de centrar toda la respuesta política en una dimisión.
El plan llega después de que el propio Sánchez reconociera que la confianza en el sistema ferroviario está "quebrada". El presidente considera que el Gobierno debe esclarecer las causas del siniestro, pero también ofrecer garantías de que se corregirán las posibles deficiencias detectadas.
Por el momento, el contenido definitivo del paquete de medidas no se ha hecho público. El Ejecutivo ultima las propuestas y espera que el ministro pueda explicar sus principales líneas este martes, antes de afrontar una nueva comparecencia parlamentaria.
La iniciativa pretende seguir una estrategia que el Ministerio ya utilizó tras el accidente de Adamuz: ofrecer explicaciones, aportar información sobre las investigaciones y anunciar actuaciones para mejorar la seguridad. No obstante, la situación política es ahora más complicada, porque la tragedia de Urda se produce apenas nueve meses después de otro siniestro mortal.
Sánchez respalda a Puente pese a las dudas dentro del Gobierno
La continuidad del ministro se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política. Aunque el presidente ha optado por mantener su confianza en él, dentro del propio Ejecutivo existen opiniones enfrentadas sobre la conveniencia de que siga en el puesto.
Algunos responsables consideran que dos accidentes mortales en un periodo tan corto hacen muy difícil que Puente pueda continuar sin asumir consecuencias políticas. Otros, en cambio, creen que su dimisión sería injusta mientras no se conozcan las conclusiones de la investigación y no se hayan determinado las responsabilidades.
En la dirección socialista se ha impuesto, por ahora, la segunda postura. Sus defensores sostienen que apartar al ministro no resolvería los problemas de seguridad y que lo prioritario es que lidere las reformas necesarias.
La agenda del martes será especialmente complicada para Puente. Primero presentará las medidas del Gobierno y, posteriormente, tendrá que acudir al Congreso para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente.
Se espera una sesión de elevada tensión, con la oposición y varios socios del Ejecutivo dispuestos a exigir explicaciones y reclamar responsabilidades. El ministro tendrá que defender su gestión y explicar qué cambios pretende impulsar para evitar que una tragedia como la de Urda vuelva a repetirse.
El accidente cambia por completo la campaña electoral
La tragedia también ha trastocado los planes políticos del PSOE. La campaña electoral, que hasta ahora tenía un tono más optimista y centrado en la movilización de su electorado, tendrá que adaptarse a un escenario marcado por el duelo y las preguntas sobre la seguridad ferroviaria.
Los actos políticos previstos han quedado condicionados por los días de luto y el Gobierno ha aparcado otras iniciativas que pretendía impulsar durante estas semanas. La atención pública se concentra ahora en las víctimas, la investigación y la respuesta de las instituciones.
Dentro del entorno socialista reconocen que el accidente supone un golpe importante para la credibilidad del Ejecutivo y complica sus expectativas electorales. Sin embargo, consideran que todavía es pronto para medir el impacto definitivo y que la manera en que se gestione la crisis será determinante.
La comparación con la crisis política que siguió a los atentados del 11-M también aparece en las conversaciones internas del PSOE, especialmente por la importancia que puede adquirir la transparencia institucional. Los socialistas creen que explicar con claridad lo sucedido será fundamental para conservar la confianza ciudadana.
Por ahora, Sánchez y Puente han optado por resistir y concentrar sus esfuerzos en el plan de seguridad. El martes será una jornada decisiva: el Gobierno tendrá que demostrar que sus anuncios se traducen en actuaciones concretas, mientras el ministro afronta una de las comparecencias parlamentarias más difíciles de su trayectoria. @mundiario
