Teniendo de frente los acontecimientos recientes, es claro que las corrientes políticas, asociadas con la derecha, no tienen forma de identificarse con nuestra historia y para justificar sus peores argumentos o la encubren o simplemente la desfiguran.
En el ámbito de nuestra vida económica, desde que el Paquete Fiscal 2027 fue presentado para su discusión en el Congreso, sus representantes se han empeñado en demostrar que la solvencia financiera del gobierno está gravemente comprometida porque los gobiernos de Morena duplicaron la deuda; pero esta interpretación de la historia crediticia, como nación, no corresponde a la realidad: es insostenible porque, como todos los fenómenos económicos, la deuda pública tiene historia y en su inmensa mayoría, lo que hoy debemos corresponde a la acumulación de créditos de largo plazo contratados irresponsablemente por los gobiernos neoliberales, tanto del PRI como de Acción Nacional.
La crítica sostenida por las personas legisladoras del PAN, PRI y MC parte de un supuesto deliberadamente engañoso: afirman ante la ciudadanía que durante los gobiernos de la Cuarta Transformación la deuda pública ha aumentado de 10 a 20 billones de pesos, pero la imprecisión de esta afirmación no radica en las cifras absolutas, sino en el manejo parcial y sesgado de esta cifra.
Quienes promueven este argumento ocultan intencionadamente que dicho crecimiento es nominal y que, para realizar un análisis riguroso y objetivo de las finanzas públicas, es indispensable ajustar las cifras con base en la inflación acumulada; de modo que, al realizar la medición en términos reales, el incremento efectivo del endeudamiento contraído durante los gobiernos de la Cuarta Transformación se reduce al 22.2% del total.
Esta distinción técnica permite construir una evaluación equilibrada y justa sobre el verdadero origen del saldo de nuestro débito nacional, resultando que de cada 100 pesos que integran el saldo total de la deuda pública actual, 78 pesos corresponden a pasivos contratados y acumulados durante las administraciones del periodo neoliberal, mientras que únicamente 22 pesos han sido generados bajo la gestión de los gobiernos encabezados por Morena.
Asimismo, debemos considerar que el parámetro de comparación internacional, aceptado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para evaluar la sostenibilidad fiscal de un Estado no toma en cuenta los montos nominales, sino la proporción que representa la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB).
Al emplear este indicador para examinar las cifras registradas a agosto del presente año —cuando la deuda mexicana representó un 51.5% del PIB— la perspectiva real del endeudamiento es otra; muy distinta a la de estos críticos.
Así, para tener una mejor idea de cómo ha evolucionado nuestra deuda, es conveniente observar cómo se ha ido acumulando, con el fin de registrar qué parte de esta fue contraída por los gobiernos del PRI y del PAN y cuál por las administraciones de la Cuarta Transformación.
Al hacerlo observamos un resultado que nada tiene que ver con lo divulgado, pues encontramos que 45.1 puntos de los 51.5 que hoy alcanza este indicador se acumularon durante los gobiernos neoliberales y sólo 6.4 bajo la gestión gubernamental de Morena.
En menos palabras, este indicador que mide, con mayor precisión, la solvencia de una nación para hacer frente a sus compromisos financieros nos indica que el 88% de nuestra deuda se originó bajo la gestión de gobiernos identificados con el PRI o el PAN y sólo el 12% en tiempos de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, lo más grave lo tenemos en que los críticos de la Cuarta Transformación tienen mala memoria, olvidan que, durante casi tres décadas, bajo el pretexto de rescatar a los principales bancos del país, las y los mexicanos hemos estado pagando, indebidamente una deuda ajena.
Hablamos del componente más injusto de nuestra deuda pública, denominada bajo el eufemismo de Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA); misma que hacía el año 2000 representaba casi un billón y medio de pesos y por la cual, a lo largo de 30 años hemos pagado intereses anuales equivalentes a 50 mil millones de pesos y que, contra toda justicia financiera, tendremos que continuar pagando por, al menos, otros treinta años más.
Pero, lo más lamentable es que en el ámbito de nuestra vida pública, su comportamiento es semejante. Frente al lamentable fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas precursor, sin par, de nuestras transformaciones sociales y democráticas, los líderes de opinión de la derecha han insistido en jugar con la historia; sembrando la insidia de que, si el ingeniero Cárdenas hubiera continuado encabezando la lucha electoral de la izquierda, el progreso alcanzado por México sería infinitamente superior.
No obstante, la memoria política exige confrontar esas expresiones con las posiciones asumidas por esas mismas organizaciones políticas durante el proceso electoral de 1988, momento cumbre de la disputa por la voluntad popular en el país.
En aquel año, mientras Manuel Clouthier "Maquío" sostuviera junto con el ingeniero Cárdenas y la izquierda mexicana la denuncia por el fraude electoral que impidió la victoria de la voluntad popular, la conducción de Acción Nacional optó por el pragmatismo.
En noviembre de aquel año, el entonces dirigente del PAN, Luis H. Álvarez, encabezó las negociaciones que derivaron en el reconocimiento oficial del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, aduciendo la supuesta imposibilidad formal y documental de verificar el resultado verdadero de la elección.
Esa política de acercamiento culminó tres años más tarde con la postura adoptada por la representación del PAN en el Congreso, donde Diego Fernández de Cevallos impulsó y avaló la destrucción de los paquetes electorales, bajo el argumento de que dichos materiales "nada representaban ya" para la democracia del país.
La paradoja resulta evidente: de haber actuado Acción Nacional y el PRI en 1988 con la consecuencia democrática que exigía Maquío y la confluencia de las fuerzas progresistas, la transformación económica, social y democrática de México no habría tenido que postergarse durante tres décadas hasta el triunfo popular registrado en 2018.
Aquí estamos ante un segundo ejemplo de cómo los voceros de la oposición se empeñan en desfigurar la historia, ocultando que, en 1988, fueron los dirigentes del PAN y del PRI quienes, usando el aparato de Estado y de acuerdo con la oligarquía mexicana, hicieron todo lo necesario para desconocer el triunfo del Frente Democrático Nacional (FDN).
Finalmente, sugiero un aprendizaje: la historia reciente demuestra que la legitimidad en el debate público no se construye mediante el alarmismo financiero con datos descontextualizados ni a través del homenaje tardío a figuras a las que en su momento se les cerró el paso; porque hoy tenemos una ciudadanía mucho mejor informada, capaz de registrar, cómo en el pasado inmediato, los líderes históricos del PAN y del PRI se confabularon para malbaratar las finanzas del país y posponer, mediante una cadena de abusos, la llegada de la izquierda al gobierno de México.
