Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral en abril de 2023, relevando a Lorenzo Córdova, y se va tres años y medio después sin haberse desprendido de una sospecha que la acompañó desde el principio: la de ser una consejera presidenta demasiado cómoda para el oficialismo. Su salida, anunciada el domingo 25 de octubre y formalizada al día siguiente ante la Cámara de Diputados, ocurre en el peor momento posible para el instituto, a poco más de siete meses de las elecciones intermedias de junio de 2027. El árbitro electoral, que durante años presumió ser una de las instituciones más confiables del país, llega a la antesala de un proceso decisivo con su cabeza fuera y su credibilidad en entredicho.
La renuncia llegó después de que diversos medios difundieran información sobre sus presuntos vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado como proveedor del INE, y en medio de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación. En su comunicado habló de una “profunda reflexión”, de la necesidad de proteger al instituto y de “montajes” y “filtraciones” que ponían en duda su labor. En su carta presumió 33 años de servicio electoral y dijo irse con el deber cumplido. Conviene decirlo con claridad: hasta donde se sabe, se trata de señalamientos y no de sentencias. Serán las autoridades las que determinen si hubo faltas administrativas o delitos.
No es la primera señal de desorden en su gestión. Si no me falla la memoria, ya en noviembre de 2024 se hablaba de la inestabilidad en la Secretaría Ejecutiva, cuya cuarta encargada bajo su presidencia renunció tras apenas diez meses en el cargo. Un instituto que ve salir a cuatro responsables de la oficina que administra su operación diaria no tiene un problema de personas, tiene un problema de mando. Y cuando los contratos y las licitaciones están bajo sospecha, la falta de continuidad en los mandos es parte del problema y no una simple anécdota.
La explicación oficial es que Taddei se va para proteger a la institución. La frase suena bien, pero me parece más una consecuencia que una causa. Entiendo el argumento: sostener en el cargo a una presidenta bajo investigación habría paralizado al Consejo General. Sin embargo, si había contratos y relaciones con proveedores que explicar, la mejor protección del INE era dar la cara y transparentarlos. Renunciar en medio de las filtraciones no responde las preguntas; las aplaza. También me llama la atención que en su carta insistiera en que el instituto debe prevalecer por encima de cualquier interés personal. No digo que sea una confesión, pero no era necesario plantearlo así si no hubiera algo que deslindar. Hay una diferencia entre separarse de un cargo para facilitar una investigación y hacerlo para escapar de ella, y la ciudadanía no tiene manera de saber, todavía, en cuál de los dos casos estamos.
Existen diversas hipótesis sobre el momento y la forma de la renuncia. La primera, la más sencilla, es que la presión de las filtraciones y de la investigación de la ASF se volvió insostenible y que ya no tenía margen. La segunda es política: que Taddei se convirtió en un lastre para quienes la respaldaron y que el oficialismo prefirió soltarla antes de que el escándalo contaminara el proceso electoral de 2027. En este sentido, el oficialismo se evidencia nuevamente: una consejera afín al poder, que le sirvió con todo para que lograran consolidar una mayoría legislativa que no les correspondía, fue corrida por la puerta trasera por haber dejado de ser útil al gobierno. Así trata el poder a quienes le prestan favores: se les usa y luego se les desecha. La tercera es la que sostiene la propia Taddei: que se trató de un montaje. Sobre esta no pienso especular mientras no se presenten pruebas, de uno u otro lado.
Lo verdaderamente relevante es lo que viene. El INE quedó con diez consejerías y con Blanca Cruz García como presidenta provisional, y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ya inició el proceso para elegir a quien encabece el instituto. Es decir, la presidencia definitiva la decidirá, otra vez, el Poder Legislativo, donde el oficialismo cuenta con la mayoría calificada necesaria para designarla sin necesitar un solo voto de la oposición. Cualquier nombre que salga de San Lázaro llevará, desde el primer día, la sospecha de haber sido palomeado desde Palacio Nacional.
En pocas palabras, el árbitro de la elección de 2027 será nombrado por la fuerza política que más tiene que ganar en ella. No digo que el sucesor vaya a ser un empleado del gobierno; digo que el mecanismo lo permite, y que buena parte de las críticas que persiguieron a Taddei desde su llegada (quien, por cierto, también fue elegida por la Cámara de Diputados) tienen que ver precisamente con eso. Si el relevo es producto de un acuerdo político, así sea tácito, el daño a la credibilidad del instituto será mayor que el que dejó la propia Taddei. La neutralidad de un árbitro no solo se tiene, también se aparenta, y en este momento al INE le urgen ambas.
En 2027 se renueva la Cámara de Diputados federal y habrá elecciones locales en buena parte del país. En Chihuahua se elegirá gobernador, además de ayuntamientos y congreso local, por lo que la discusión importa mucho más de lo que parece desde aquí. Aquí las elecciones se pelean con intensidad, y la confianza en el árbitro es el primer activo que se juega. Los partidos de oposición de la entidad tratarán de evitar un nombramiento afín al poder, pero llegarán a una elección cuyo árbitro nacional está en reconstrucción y bajo sospecha. Lo que pueden exigir, ya que no tienen los votos para evitar la designación, es un proceso transparente y un perfil con trayectoria técnica verificable. No es mucho, pero es lo único que queda.
Lo único cierto es que Taddei se va y que el INE queda debilitado. La pregunta de fondo ya no es por qué renunció, pues es evidente que la corrupción es lo que menos le importa a Morena. Ahí tenemos los casos de Segalmex y del huachicol fiscal, entre otros, en los que la impunidad ha sido la regla. Si Taddei sale, no es por lo que presuntamente hizo, sino porque dejó de ser útil, y esa es la lectura que más debería preocupar a quienes aspiran a un instituto verdaderamente autónomo.
