GUADALAJARA, Jal., 18 de marzo de 2026.- La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen que propone elevar a rango constitucional los derechos laborales y de seguridad social de los elementos de la policía estatal, con el objetivo de brindar mayor certeza y estabilidad a quienes integran las corporaciones de seguridad.

La iniciativa, impulsada por la diputada de MC, Adriana Medina y el legislador José Luis Tostado, plantea reformar la Constitución local para que estas prestaciones no dependan de decisiones administrativas o ajustes presupuestales, sino que queden garantizadas de manera permanente.

Entre los principales puntos del dictamen destaca el reconocimiento de la seguridad pública como un derecho humano, lo que implica la obligación del Estado de garantizar condiciones adecuadas tanto para la ciudadanía como para los cuerpos policiales.

Asimismo, la propuesta contempla asegurar prestaciones integrales para los elementos operativos, como seguro de vida, atención médica especializada, acceso a fondos de retiro y créditos para vivienda, además de apoyos para sus familias.

Uno de los aspectos relevantes es la inclusión del programa Legado en la Constitución, con el que se busca garantizar becas educativas para hijas e hijos de policías en activo o fallecidos en cumplimiento de su deber, ampliando el impacto social de la reforma más allá de los propios elementos de seguridad.

También se establece el compromiso de mantener incrementos salariales continuos, lo que apunta a mejorar las condiciones económicas del personal y fortalecer la profesionalización del servicio policial.

De acuerdo con el dictamen, estas medidas buscan dignificar la función policial y generar mejores condiciones laborales, lo que podría traducirse en mayor estabilidad institucional y, en consecuencia, en un mejor servicio de seguridad para la población.

La iniciativa será discutida próximamente en el Pleno del Congreso, donde se definirá su eventual aprobación. De concretarse, la reforma representaría un cambio estructural en la forma en que se garantizan los derechos de los cuerpos de seguridad en Jalisco.

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