El avance contemporáneo de las fuerzas de ultraderecha no puede entenderse de forma aislada a la crisis estructural de los sistemas democráticos tradicionales y su incapacidad para garantizar el bienestar material de las mayorías.
Cuando una sociedad observa cómo el trabajo formal deja de ser una garantía contra la pobreza, cómo el acceso a una vivienda digna se transforma en un privilegio inalcanzable y cómo los servicios públicos más esenciales se deterioran de manera progresiva, el pacto social fundacional se fractura de manera profunda.
La democracia liberal, tradicionalmente concebida no solo como un conjunto de procedimientos electorales sino como una promesa de progreso, movilidad social y seguridad colectiva, empieza a ser percibida por amplios sectores de la población como un caparazón vacío, un sistema que atiende con presteza los intereses de los grandes mercados globales pero que se muestra impotente ante el dolor cotidiano de los ciudadanos comunes.
Esta desconexión abre un enorme vacío político que los discursos radicales explotan con precisión quirúrgica. Ante la desesperación de no poder cubrir las necesidades más elementales, como la alimentación, la energía o el cuidado de los seres queridos, las explicaciones tecnocráticas y las promesas de reformas a largo plazo que suelen ofrecer las fuerzas tradicionales pierden toda validez.
El ciudadano desamparado no busca consensos institucionales complejos; busca explicaciones directas y soluciones inmediatas a su angustia vital. Es precisamente en este escenario de vulnerabilidad extrema donde la ultraderecha despliega un catálogo de certezas absolutas, identificando con claridad a supuestos culpables directos del declive socioeconómico: desde las élites políticas corruptas y cosmopolitas hasta las minorías vulnerables o la población migrante.
De este modo, la frustración material legítima de las clases trabajadoras y medias empobrecidas es hábilmente canalizada hacia el resentimiento identitario y la hostilidad hacia el diferente.
La efectividad de este relato radica en que ofrece una sensación renovada de pertenencia y protección en un mundo que se percibe hostil, atomizado y desregulado. Mientras que el modelo económico globalizado promueve una competencia feroz y una precarización constante bajo la bandera del mérito individual, el nacionalismo radical de los movimientos de ultraderecha recupera la idea de una comunidad protectora exclusiva, donde el Estado o la nación deben cuidar "primero a los de casa".
Esta retórica resulta sumamente atractiva para quienes sienten que lo han perdido todo o están a punto de perderlo, configurando una suerte de "chauvinismo del bienestar" que compite directamente con las nociones universales de derechos humanos y solidaridad internacional.
La democracia, cuando se reduce a un mero ejercicio de votación cada pocos años sin un correlato en la mejora de las condiciones de vida, se vuelve irrelevante para quien padece hambre o exclusión.
Por lo tanto, el verdadero combustible del extremismo no siempre es un giro ideológico consciente de las mayorías hacia el autoritarismo, sino más bien una profunda fatiga democrática derivada de la inacción gubernamental. Los partidos tradicionales, atrapados a menudo en dogmas de austeridad y lógicas institucionales rígidas, han fallado en regular los excesos de un capitalismo que concentra la riqueza mientras precariza las bases de la sociedad.
Al desproteger los derechos sociales básicos, el propio sistema democrático debilita sus defensas naturales. La libertad de expresión o el pluralismo político carecen de valor práctico para un individuo cuya principal preocupación diaria es la supervivencia material inmediata.
Para frenar esta deriva, resulta imperativo comprender que la defensa de la democracia no se logra mediante llamamientos abstractos a los valores republicanos o la demonización de los votantes descontentos. El único antídoto duradero frente al avance de los autoritarismos es la reconstrucción material del pacto social. Esto implica situar la garantía de las necesidades humanas más elementales en el centro de la acción política.
Si las instituciones democráticas no recuperan la capacidad de intervenir en la economía para asegurar salarios dignos, vivienda accesible, sanidad de calidad y una red de seguridad social robusta, el descontento seguirá creciendo. La estabilidad de un sistema político democrático depende directamente de su legitimidad de ejercicio, es decir, de su utilidad real para mejorar la vida de la ciudadanía.
Solo cuando la democracia vuelva a ser sinónimo de protección, certidumbre y dignidad material para todos, las promesas de los proyectos excluyentes perderán su capacidad de seducción y la sociedad podrá recuperar la cohesión perdida.
Para reconectar a los ciudadanos con la democracia cuando el sistema tradicional se percibe lejano, la clave es pasar de una democracia puramente electoral (votar cada cuatro años) a una democracia de ejercicio diario que resuelva problemas materiales concretos.
La conexión no se recupera con discursos teóricos, sino devolviendo el poder real a la gente a través de mecanismos tangibles, como, por ejemplo. presupuestos participativos vinculantes, asambleas ciudadanas por sorteo Iniciativas legislativas populares simplificadas, garantía de mínimos materiales como derecho político y otras iniciativas que se han experimentado. @mundiario
