Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, descartó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, deba renunciar a su cargo y resaltó que las acusaciones de Estados Unidos de vincular al mandatario estatal con el crimen organizado son un asunto político.
Asimismo, dejó en claro que en México se rige la relación internacional bilateral con Estados Unidos mediante la Ley de extradición Internacional, pero la Fiscalía General de la República debe valorar si al documento enviado por el país del norte le acompañan pruebas contundentes de conductas antijurídicas de las personas señaladas.
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Los funcionarios públicos señalados, remarcó, pueden acudir con las autoridades competentes porque no les impide hacer declaraciones aunque tengan fuero constitucional.
“No tienen por qué hacerlo. El hecho de estar en funciones no les impide hacer declaraciones y acudir a la Fiscalía General de la República cuando lo requieran. Están actuando conforme a la ley, eso dice la Constitución y eso dice la Ley de Extradición Internacional. Lo que tenemos que hacer todos, que no nos genere ninguna precipitación ni nos genere ninguna ansia, esperemos que la Fiscalía a partir de hoy esté revisando el asunto y revisando las pruebas”, argumentó.
Ricardo Monreal admitió que en este momento la relación entre México- Estados Unidos está “difícil” en la negociación política, de presencia de órganos internacionales y el derecho.
"Es muy complicado, estamos en un momento difícil de negociación política, de presencia de órganos internacionales vinculados con la derecha internacional, muchas cosas que yo no quiero asegurar, no quiero ir a la especulación propia, pero prefiero que la Fiscalía General de la República revise cuidadosamente a petición las pruebas que se adjuntaron y que se deslinde responsabilidad. Ante la ausencia de lo jurídico, es un asunto político", expuso.
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Al cuestionarlo si el grupo parlamentario de Morena va a darle el espaldarazo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, remarcó que apoyarán la ley y la justicia sin excepción.
"Mientras no se compruebe la responsabilidad penal de una persona, todos tienen derecho a que se aplique el principio de presunción de inocencia", expuso.