México llevó nuevamente a Naciones Unidas una discusión sobre los límites del uso de la fuerza militar en territorio extranjero, en un contexto marcado por la estrategia de Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico y las organizaciones consideradas terroristas.
El planteamiento busca que los países revisen cómo se aplica el derecho a la legítima defensa y bajo qué circunstancias un gobierno puede justificar operaciones armadas fuera de sus fronteras, especialmente cuando se dirigen contra grupos que no pertenecen a un ejército nacional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este domingo 1 de noviembre que, durante la Semana de Derecho Internacional de la ONU, celebrada en Nueva York, impulsó una reunión para analizar estas prácticas a partir del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
COMUNICADO. "Reafirma México compromiso con el multilateralismo y el Estado de derecho durante la Semana de Derecho Internacional de Naciones Unidas".https://t.co/0IXgqG3lcX pic.twitter.com/8sCqrmKZc7
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 1, 2026
De acuerdo con el calendario oficial de la ONU, el encuentro fue convocado por México y Brasil el pasado 28 de octubre, como parte de los trabajos de la Sexta Comisión de la Asamblea General.
Aunque la propuesta mexicana tiene antecedentes desde 2018, adquiere especial relevancia por la política de seguridad de Donald Trump, cuyo gobierno ha ampliado las herramientas militares y antiterroristas dirigidas contra organizaciones criminales en el continente.
La estrategia de Trump y la soberanía mexicana
En febrero de 2025, el gobierno estadounidense designó como organizaciones terroristas extranjeras al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, además de otras organizaciones criminales.
El endurecimiento de esta política quedó reflejado en la Estrategia Antiterrorista de Estados Unidos de 2026, difundida en mayo.
En ese documento, Washington establece que continuará sus campañas militares y policiales contra las organizaciones designadas como terroristas, preferentemente mediante la coordinación con otros gobiernos.
Sin embargo, también advierte que, cuando esos gobiernos no puedan o no quieran colaborar, Estados Unidos tomará las medidas que considere necesarias para proteger su seguridad, particularmente si estima que existen vínculos entre las autoridades y los cárteles.
Ese planteamiento se relaciona con una controversia jurídica que México busca discutir internacionalmente: la llamada doctrina unwilling or unable, traducida como no poder o no querer.
Bajo esa interpretación, un Estado podría argumentar que tiene derecho a emplear la fuerza contra grupos armados ubicados en otro país cuando considera que las autoridades de ese territorio carecen de capacidad o voluntad para enfrentar la amenaza.
México rechaza esa interpretación por considerar que abre la puerta a intervenciones unilaterales y afecta los principios de soberanía e integridad territorial.
¿Qué propone México ante Naciones Unidas?
El artículo 51 de la Carta de la ONU reconoce el derecho de legítima defensa individual o colectiva ante un ataque armado, mientras el Consejo de Seguridad adopta las medidas necesarias para mantener la paz internacional.
Sin embargo, existen diferencias entre los países sobre los alcances de ese derecho, especialmente cuando la amenaza proviene de organizaciones que no representan formalmente a un Estado.
En febrero de 2026, México presentó una versión revisada de su propuesta, identificada como A/AC.182/L.171, para crear un espacio de discusión jurídica entre los miembros de Naciones Unidas.
Entre los asuntos que propone examinar están las condiciones para invocar la legítima defensa frente a grupos no estatales, los requisitos de las notificaciones al Consejo de Seguridad y las consecuencias de que este organismo no responda a ellas.
También plantea discutir si puede invocarse ese derecho contra otro país cuando se considera que carece de voluntad o capacidad para detener un ataque armado.
La iniciativa no plantea revisar operaciones militares específicas ni constituye una modificación aprobada de la Carta de Naciones Unidas. Su objetivo inmediato es abrir una discusión formal y reunir las interpretaciones jurídicas de los Estados.
Una postura que México ya había vinculado con Trump
El vínculo entre este debate y la política estadounidense no es solamente una interpretación derivada de los acontecimientos recientes.
En un análisis publicado en 2025 por el Anuario Mexicano de Derecho Internacional de la UNAM, Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico de la SRE, explicó que las declaraciones estadounidenses sobre el crimen organizado podían configurar escenarios para justificar el uso unilateral de la fuerza.
El funcionario mencionó expresamente la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero de 2025, que inició el proceso para designar a los cárteles como organizaciones terroristas.
Posteriormente, el 5 de octubre de 2026, México reiteró ante la Sexta Comisión de la ONU su rechazo a las interpretaciones expansivas de la legítima defensa y advirtió sobre los riesgos de confundir el terrorismo con la delincuencia organizada transnacional.
Según el registro audiovisual de Naciones Unidas, la delegación mexicana sostuvo que ambos fenómenos no deben tratarse como equivalentes, debido a sus diferencias jurídicas y a las consecuencias de aplicar medidas extraordinarias de seguridad.
