A las 18 horas del 28 de abril se compartió que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de su embajada en México, notificó al gobierno de México sobre 10 solicitudes de extradición.
Las solicitudes exigen que las autoridades de México pongan en prisión preventiva a 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluyendo al gobernador, Rubén Rocha Moya.
En las declaraciones iniciales se denunció que dichos funcionarios están involucrados con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que las denuncias de Estados Unidos no proporcionan suficiente evidencia para proceder con los arrestos, los documentos fueron entregados a la Fiscalía General de la República para determinar si la información compete con el sistema jurídico de México.
