La Comisión de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes (CPENNA), creada para coordinar políticas nacionales de protección infantil, fue disuelta formalmente este lunes 2 de noviembre, después de celebrar únicamente tres sesiones desde su creación en 2016.
Su última reunión ocurrió el 28 de febrero de 2018, hace más de ocho años, de acuerdo con el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Aunque su disolución fue aprobada desde el 15 de diciembre de 2025 por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la decisión adquirió efectos con la publicación del aviso, casi once meses después.
La desaparición de esta comisión no significa la eliminación del SIPINNA ni de las instituciones encargadas de proteger a la infancia. Sin embargo, plantea una pregunta: ¿quién coordina actualmente las tareas que originalmente debía articular este organismo?
Una comisión que dejó de reunirse
La CPENNA fue creada el 18 de agosto de 2016 para definir la política nacional de protección especial de niñas, niños y adolescentes, particularmente de quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad o violaciones a sus derechos.
Su coordinación y secretaría técnica quedaron a cargo del Sistema Nacional DIF, mediante la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA).
Contaba con 46 integrantes con derecho a voz y voto, además de ocho invitados. También se contemplaron siete grupos de trabajo especializados en representación jurídica, adopciones, familias de acogida, restitución de derechos y regulación de centros de asistencia social.
Los otros dos grupos abordarían la protección de menores migrantes y la promoción y difusión de sus derechos.
No obstante, los antecedentes oficiales de la comisión muestran que únicamente celebró tres sesiones ordinarias: el 18 de noviembre de 2016, el 19 de mayo de 2017 y el 28 de febrero de 2018.
Para el 6 de diciembre de 2019 se programó una reunión destinada a reinstalarla, pero esta nunca se concretó.
Desde entonces, según el propio Gobierno federal, permaneció inactiva.
El acuerdo de disolución señala que desaparecieron las condiciones que dieron origen a su creación y que la interrupción prolongada de sus trabajos hacía inviable mantener su estructura operativa.
Sin embargo, el aviso no precisa cuáles fueron esas condiciones ni presenta un balance de resultados que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos de la comisión.
¿Quién quedó a cargo de la protección infantil?
Aunque el acuerdo no establece un organismo sucesor de la CPENNA, las responsabilidades de protección y restitución de derechos siguen distribuidas entre distintas instituciones federales y estatales.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las Procuradurías de Protección deben coordinar la ejecución y el seguimiento de medidas para restituir los derechos vulnerados de menores de edad.
Estas atribuciones corresponden, según sus respectivas competencias, a la Procuraduría Federal de Protección, perteneciente al DIF Nacional, y a las procuradurías estatales.
Además, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026–2030, publicado el 18 de mayo, identifica a las instituciones responsables de diferentes estrategias.
En materia de adopciones y cuidados alternativos, asigna responsabilidades al Sistema Nacional DIF y a la Secretaría de Salud, incluyendo la supervisión de adopciones, la regulación de centros de asistencia social y las alternativas de acogimiento familiar.
Para la niñez migrante existe otra instancia específica del SIPINNA: la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado.
Esta comisión, creada en 2019, permanece contemplada en el programa nacional 2026–2030 y tiene asignadas tareas de coordinación interinstitucional para proteger a menores en situación de movilidad.
Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA conserva responsabilidades generales de articulación y seguimiento de las políticas de protección infantil.
Es decir, las funciones legales de atención y protección no desaparecen con el cierre de la CPENNA. Sin embargo, el aviso tampoco establece expresamente cómo se reorganizaron sus siete grupos de trabajo o si existe un mecanismo equivalente que concentre esas tareas.
Los desafíos que permanecen
La coordinación entre instituciones es particularmente relevante porque el propio DIF Nacional ha reconocido dificultades para garantizar la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes.
En su Programa Institucional 2025–2030, el organismo identificó problemas de fragmentación institucional, debilidad en la coordinación gubernamental e insuficiencia de información para dar seguimiento a los servicios de protección.
El documento reportó que, en 2024, las procuradurías estatales registraron 803 centros de asistencia social en operación, pero únicamente el 56% documentó los resultados de sus visitas de supervisión.
Estas deficiencias no pueden atribuirse directamente a la inactividad de la CPENNA, aunque muestran la importancia de contar con mecanismos de vigilancia y coordinación entre autoridades.
Con la publicación del acuerdo, queda formalmente cerrada una comisión que llevaba años sin funcionar.
Ahora permanece pendiente conocer si el SIPINNA y el DIF Nacional realizaron una evaluación de sus resultados, cómo distribuyeron las tareas de sus grupos de trabajo y qué mecanismos utilizan para vigilar su cumplimiento.
3 datos destacados:
- La CPENNA celebró tres sesiones entre noviembre de 2016 y febrero de 2018.
- Su disolución fue aprobada en diciembre de 2025, pero publicada hasta noviembre de 2026.
- Las responsabilidades legales de protección infantil continúan vigentes, aunque el aviso no identifica un sucesor de la comisión.
