La impunidad en los asesinatos de periodistas volvió a aumentar en el mundo y México enfrenta sus propios pendientes judiciales. Mientras la UNESCO advierte que 86% de estos crímenes permanece sin resolverse, las investigaciones federales mexicanas han producido apenas 11 sentencias condenatorias por homicidios de comunicadores en casi 16 años.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) dio a conocer este lunes 2 de noviembre su nuevo informe sobre seguridad de los periodistas, en el que documentó 189 asesinatos durante 2024 y 2025.
La cifra representa un incremento de 20% respecto al bienio anterior. Además, la tasa mundial de impunidad pasó de 85% a 86%, el primer retroceso desde que el organismo comenzó a medir este indicador en 2012.
El porcentaje corresponde al seguimiento histórico de asesinatos registrados desde 2006, no exclusivamente a los ocurridos durante los últimos dos años. Esto significa que aproximadamente seis de cada siete crímenes siguen sin una resolución judicial reconocida por el organismo.
La nueva evaluación también muestra cómo los conflictos armados han agravado los riesgos para la prensa: 127 periodistas fueron asesinados en zonas de guerra y 50 murieron en ataques realizados con drones.
Sin embargo, la violencia no se limita a los escenarios bélicos. México aparece entre los países afectados, con 17 asesinatos documentados por la UNESCO durante 2024 y 2025, según el desglose de su informe.
¿Cuántos asesinatos de periodistas han llegado a sentencia en México?
La distancia entre denunciar un delito y conseguir una condena se observa en las estadísticas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
De acuerdo con un balance de Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre julio de 2010 y junio de 2026 la fiscalía abrió 1,909 investigaciones relacionadas con delitos contra periodistas.
De ese universo, se registraron 53 sentencias condenatorias por distintos delitos, pero solamente 11 correspondieron a homicidios de periodistas.
Es importante distinguir estas cifras: las 1,909 investigaciones incluyen amenazas, agresiones y otros delitos, mientras que las 11 sentencias corresponden exclusivamente a asesinatos. Tampoco representan necesariamente 11 homicidios distintos, pues un mismo caso puede producir varias condenas.
El panorama es todavía más complejo cuando se busca identificar a quienes ordenaron los crímenes.
RSF sostiene que, de 169 asesinatos de periodistas examinados, en 168 no se ha logrado identificar conjuntamente al autor intelectual y el motivo. Bajo ese criterio de esclarecimiento integral, la organización estima que 99% permanece sin resolverse por completo.
Esto no significa que todos esos expedientes carezcan de detenidos o condenas, sino que identificar y sancionar a los responsables materiales no necesariamente permite esclarecer quién ordenó el asesinato.
Hay condenas, pero ¿qué ocurre con el esclarecimiento completo?
Uno de los casos que muestran resultados judiciales es el asesinato de un periodista ocurrido en Salina Cruz, Oaxaca, en febrero de 2022.
En mayo de 2025, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo sentencias de 35 y 40 años de prisión contra dos personas responsables del homicidio.
Durante el juicio, la FEADLE presentó 36 testigos y acreditó que el asesinato estuvo relacionado con el ejercicio periodístico de la víctima.
Este expediente demuestra que existen investigaciones que culminan en condenas. Sin embargo, también permite entender por qué contar sentencias individuales no equivale a contar casos completamente esclarecidos.
¿Qué responde el Gobierno mexicano sobre las investigaciones?
Las autoridades federales también han reportado avances en la judicialización de delitos contra la libertad de expresión.
En una respuesta de la Fiscalía General de la República presentada ante la Organización de los Estados Americanos, fechada el 29 de agosto de 2025, México informó que desde 2018 la FEADLE había judicializado 311 investigaciones.
De estas, 220 registraban resultados favorables para las víctimas: 45 mediante sentencias condenatorias y 175 a través de mecanismos alternativos.
La institución también reportó haber atraído 24 investigaciones por homicidios de periodistas, de las cuales 20 habían sido judicializadas.
No obstante, judicializar una investigación significa llevarla ante una autoridad jurisdiccional, no que exista una sentencia condenatoria. Por ello, los resultados presentados por la FGR y los contabilizados posteriormente por RSF no pueden compararse como si fueran el mismo indicador.
El desafío pendiente: justicia y protección
La violencia contra la prensa tampoco termina con los homicidios. En su informe anual 2025, ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México, así como siete asesinatos durante ese año.
En octubre de 2026, una delegación de RSF se reunió con autoridades mexicanas para revisar los compromisos de protección a periodistas. Según la organización, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció retrasos y solicitó revisar individualmente los casos de periodistas asesinados.
La fiscal general Ernestina Godoy también asumió compromisos de capacitación para ministerios públicos, especialmente en las fiscalías estatales.
Aun así, permanece una pregunta indispensable: cuántos asesinatos investigados por fiscalías locales han terminado en sentencias y cuántos expedientes han conseguido identificar tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron los crímenes.
La alerta de la UNESCO vuelve a colocar esta exigencia en el centro del debate: no basta con abrir investigaciones ni detener sospechosos. Para las familias de las víctimas y para la sociedad, el acceso a la justicia también depende de conocer por qué fueron asesinados quienes ejercían su derecho a informar.
