La acampada por la vivienda de la Puerta del Sol, en Madrid, atraviesa una transformación que va más allá de la reducción visible de sus tiendas de campaña. Lo que comenzó el 26 de septiembre como una protesta impulsada por el Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen se ha convertido, cinco semanas después, en un asentamiento con una composición social distinta, una estructura organizativa debilitada y un futuro todavía sin definir. Mientras una parte de sus promotores anuncia la "mudanza" a los barrios para preparar nuevas movilizaciones, quienes permanecen en la plaza aseguran que no se marcharán y tratan de reorganizarse alrededor de las reivindicaciones de las personas sin hogar.
La jornada de este lunes, concebida inicialmente como una despedida, terminó evidenciando esa contradicción. Hubo pasacalles, música, lectura de un manifiesto y consignas contra los fondos buitre, pero no se anunció el desmantelamiento definitivo del campamento. "Nosotros nos quedamos 100%. Lo que estamos haciendo es una reestructuración interna", afirmó uno de los portavoces, que emplazó a los medios a nuevas comunicaciones durante el martes y el miércoles.
La frase resume el momento que atraviesa la movilización: la acampada no desaparece formalmente, pero tampoco conserva la organización que la puso en marcha. La cuestión ya no es únicamente cuánto tiempo permanecerán las lonas en Sol, sino quién asumirá el control de un movimiento que ha cambiado de naturaleza durante su permanencia en el centro de Madrid.
La primera transformación es demográfica y social. Según los testimonios recogidos por los medios que han seguido la acampada, buena parte de los activistas y voluntarios que llegaron durante los primeros días abandonaron el asentamiento durante el último fin de semana. Las tiendas han disminuido especialmente en los alrededores del pabellón de cristal de la estación de Cercanías y en las calles próximas. También se observa menos actividad en los espacios comunes y en las estructuras improvisadas que habían convertido la plaza en una pequeña ciudad.
Quienes continúan pernoctando allí son, principalmente, personas en situación de sinhogarismo o con dificultades económicas y sociales. Para ellas, el campamento ha terminado desempeñando una función que excede la protesta política: ofrece refugio, alimentos, compañía y cierta protección frente a la intemperie. En el acto de este lunes también intervino Roy, un hombre en silla de ruedas que habló en representación de las personas sin hogar que permanecen bajo las lonas.
El cambio tiene una dimensión significativa. La acampada nació para denunciar los problemas de acceso a la vivienda, los desahucios y la especulación inmobiliaria. Sin embargo, con el paso de las semanas, una parte de sus instalaciones se convirtió en un recurso de emergencia para personas que no acudieron necesariamente por razones reivindicativas, sino porque necesitaban un lugar donde dormir y recibir ayuda.
Los datos municipales reflejan la dimensión del problema. Según las cifras del Ayuntamiento de Madrid, durante 2025 una media de 1.015 personas vivían en situación de calle en la capital. El distrito Centro concentraba una parte relevante de esa población, con 151 personas contabilizadas por los equipos municipales en intervención durante diciembre. La acampada ha terminado así enfrentándose a una realidad más compleja que la movilización inicial: mantener una protesta organizada exige coordinación y objetivos políticos, mientras que atender a personas en situación de exclusión requiere recursos, continuidad y conocimientos específicos.
El quiebre interno: dos formas de entender el futuro de Sol
La reducción del campamento ha dejado al descubierto profundas diferencias entre quienes consideran que ha llegado el momento de trasladar la movilización a otros espacios y quienes pretenden mantener la ocupación de la plaza. El primer grupo, vinculado a las comisiones organizadoras, ya ha iniciado una "mudanza a los barrios" tras los anuncios difundidos durante el fin de semana. Su intención es transformar la Acampada 26S en el Movimiento 26S para ampliar su presencia territorial y preparar la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Para ello, proponen descentralizar la actividad, reforzar las asambleas locales y continuar activamente con las acciones contra los desahucios.
El segundo grupo está integrado por quienes permanecen en Sol, entre ellos personas sin hogar y participantes que no forman parte de las estructuras originales. Su posición es mantener la presencia en la plaza y reorganizar el campamento alrededor de las necesidades de quienes continúan viviendo allí.
La diferencia no parece limitarse a una discusión sobre el calendario de salida. También afecta al liderazgo y a la naturaleza de la protesta. La asociación de personas sin hogar constituida durante las últimas semanas podría asumir formalmente un papel central en esta nueva etapa, aunque ese traspaso todavía no se ha comunicado de manera oficial. Según las crónicas de la jornada, su influencia práctica ya es mayor debido al cambio en la composición de los ocupantes.
La organización inicial, Acampada 26S, conserva su nombre y sus portavoces, pero su presencia entre quienes siguen pernoctando se ha reducido. Se dibuja así una transición de poder que no ha sido formalizada y que ayuda a explicar los mensajes ambiguos sobre la continuidad del asentamiento.
Para entender la fractura actual hay que regresar al origen de la protesta. El Sindicato de Inquilinas impulsó la acampada el pasado 26 de septiembre, tras el desahucio de Maricarmen. Durante sus primeros días, la movilización reunió principalmente a jóvenes, activistas y personas vinculadas a las reivindicaciones por el derecho a la vivienda; sin embargo, el 3 de octubre, coincidiendo con una gran jornada de manifestaciones, el sindicato retiró su puesto y dio por terminada su participación directa en el campamento. Esta primera transición organizativa obligó a los participantes que decidieron quedarse a asumir la continuidad bajo la denominación de Acampada 26S.
La estructura se articuló mediante distintas comisiones concebidas como espacios de coordinación para distribuir tareas y resolver necesidades cotidianas. Una de las más importantes fue "Pulmón", encargada de organizar el reparto de alimentos y sostener buena parte de la infraestructura de apoyo; sin embargo, el crecimiento del número de personas vulnerables modificó drásticamente las prioridades. De este modo, las comisiones terminaron realizando tareas propias de asistencia social, pese a no contar con formación específica para ello. Este cambio de enfoque coincidió con una transformación en el perfil de quienes permanecían en Sol: de una mayoría de jóvenes politizados se pasó progresivamente a una presencia mucho mayor de personas sin hogar y migrantes sin recursos.
La presión de la Delegación del Gobierno y el riesgo de desalojo
A las diferencias internas se suma la presión institucional, luego de que la Delegación del Gobierno comunicara a la comisión de asesoría legal que podría resultar legítimo poner fin a la concentración y reclamara el desmontaje del asentamiento a la mayor brevedad. Algunos de los organizadores que han decidido marcharse interpretan esta comunicación como una advertencia de que la permanencia podría derivar en un desalojo forzoso. Al respecto, los encargados no querían exponerse a una intervención policial y que por ello se había estudiado una retirada gradual, ordenada y limpia; sin embargo, según su relato, quienes deciden permanecer en Sol no aceptaron ese planteamiento.
La situación puede complicarse porque no todos los ocupantes se encuentran en las mismas circunstancias. Para una persona que dispone de vivienda o recursos, abandonar la plaza puede ser una decisión organizativa. Para alguien que depende de las lonas para dormir y comer, la salida supone perder un espacio de protección. Esa diferencia ayuda a explicar por qué la discusión sobre el futuro del campamento no tiene una solución sencilla.
La lectura del manifiesto de este lunes tampoco despejó las dudas, ya que, aunque el documento recuperó las reivindicaciones tradicionales sobre vivienda y desahucios, amplió su contenido a cuestiones como la salud mental, la precariedad, la crisis ambiental, la polarización política y la defensa de los centros sociales autogestionados. En el texto, sus autores sostienen que la ansiedad, la depresión y la soledad no deben interpretarse únicamente como problemas individuales, sino como consecuencias directas de las condiciones sociales y económicas actuales. Además, anuncian que continuarán interviniendo para frenar desahucios y desalojos, respaldarán la huelga del 11 de noviembre y promoverán otras formas de protesta, incluida una huelga de consumo.
El texto plantea que la Puerta del Sol siga siendo un punto de encuentro y asamblea después de la acampada, pero no concreta cómo se resolverá la permanencia de quienes continúan durmiendo allí. Esa indefinición quedó patente al terminar el acto. Entre las consignas de "No nos vamos, nos quedamos" y las referencias a una futura expansión por los barrios, el movimiento ofreció dos mensajes que no terminan de encajar en una misma estrategia.
La protesta asegura, además, que su influencia se ha extendido a otras 21 ciudades españolas y a localidades europeas como Atenas, Roma, Bruselas, Lisboa y Oporto. Su objetivo es mantener una red de movilización más amplia que la ocupación de una sola plaza.
El traslado a los barrios pretende dar continuidad política a la protesta y preparar la huelga del 11 de noviembre. La resistencia en Sol, en cambio, responde a una necesidad más inmediata: mantener un espacio de refugio y apoyo para quienes carecen de alternativas. Ambas líneas pueden compartir reivindicaciones, pero no necesariamente tienen las mismas prioridades ni la misma capacidad de organización. @mundiario
