La crisis de vivienda en Europa ya no es un problema de nicho ni un drama exclusivo de las grandes capitales. Se ha convertido en una realidad cotidiana que expulsa a trabajadores, jóvenes y familias enteras de sus propios barrios. Por eso no sorprende que una alianza de alcaldes europeos, con Barcelona al frente, haya viajado a Bruselas para pedir algo que parece básico: un criterio común para identificar cuándo un mercado inmobiliario está al límite.
Jaume Collboni ha defendido ante la Comisión Europea que la futura ley de vivienda asequible incluya una definición unificada de “zona tensionada”, un concepto ya presente en países como España. No se trata solo de una etiqueta técnica. Es una herramienta política y financiera. Si Europa define con números y parámetros claros cuándo una ciudad está bajo presión, será más fácil dirigir fondos extraordinarios y aplicar regulaciones específicas sin improvisar.
Y esa claridad es urgente. Porque la vivienda no es solo el techo bajo el que vivimos, es también el suelo sobre el que se sostiene el modelo social europeo.
La vivienda como termómetro de desigualdad
Durante años, el debate sobre vivienda se redujo a un problema de pobreza extrema. Hoy afecta también a las clases medias, como han insistido los alcaldes reunidos en la plataforma Mayors for Housing. Esa transversalidad explica el malestar social creciente. Cuando una persona con empleo estable no puede alquilar un piso digno en su ciudad, el contrato social empieza a resquebrajarse.
António Costa, presidente del Consejo Europeo y exalcalde de Lisboa, ha advertido que el acceso a la vivienda es ya una de las causas del desencanto ciudadano con las instituciones democráticas. No es una frase retórica. La vivienda es uno de los pocos temas que se sienten en la piel cada mes, con cada recibo, con cada mudanza forzada, con cada habitación compartida por necesidad.
El impacto económico de vivir lejos de todo
El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, ha puesto sobre la mesa una idea clave que muchas veces se oculta. La vivienda no solo es justicia social, también es competitividad económica. Una ciudad donde los trabajadores esenciales no pueden vivir cerca de su empleo es una ciudad que se atasca, se encarece y pierde productividad.
Europa lleva tiempo preguntándose por qué su crecimiento es débil. Parte de la respuesta está en el precio del alquiler. Si la movilidad laboral depende de poder pagar un piso, el mercado de trabajo se vuelve rígido. Si los jóvenes no pueden emanciparse, cae la natalidad y se ralentiza el consumo. Si vivir en el centro es imposible, aumentan los desplazamientos, la contaminación y el estrés urbano.
Bruselas ante una decisión que marcará época
Teresa Ribera ha reconocido que la vivienda es un problema europeo sin solución única. Y tiene razón. No es lo mismo Barcelona que Varsovia, ni Lisboa que Berlín. Pero precisamente por eso una definición común de zona tensionada puede ser útil, porque establece un lenguaje compartido para actuar sin negar las diferencias locales.
Barcelona ya ha aplicado medidas concretas, como limitar el crecimiento de pisos turísticos y planificar el cierre de miles de licencias para devolver viviendas al mercado residencial. Son decisiones polémicas, pero reflejan una realidad evidente: el alquiler de corta duración, sin control, puede vaciar ciudades por dentro como una carcoma silenciosa.
La futura ley europea debería atacar también la especulación inmobiliaria y ampliar la financiación para construir y rehabilitar parque público. Si no se interviene, el mercado seguirá premiando la rentabilidad rápida frente al derecho a vivir con estabilidad.
Europa tiene ante sí una elección clara: o convierte la vivienda en un pilar real de su proyecto, o seguirá viendo cómo sus ciudades se convierten en escaparates para inversores y en laberintos imposibles para quienes trabajan. Porque una ciudad sin vecinos no es una ciudad, es solo un decorado caro. @mundiario