Francia se prepara para una nueva semana de tensión social. Después de quince días de vacaciones escolares, los bloqueos de institutos y universidades han reaparecido con una intensidad menor de la que esperaban sus promotores. Sin embargo, las organizaciones estudiantiles no consideran que el movimiento haya terminado. La Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF) ha convocado una "jornada negra" para este martes 3 de noviembre, con asambleas y bloqueos universitarios, y ha llamado a una movilización masiva el jueves 5, coincidiendo con la jornada de huelga impulsada por los sindicatos del sector público.
La convocatoria pretende impedir que la protesta pierda fuerza precisamente cuando la vuelta a clase, los exámenes y la recuperación de la actividad académica pueden reducir la participación. El desafío para los estudiantes consiste ahora en transformar un movimiento que ha sufrido interrupciones en una movilización sostenida, capaz de influir en las decisiones del Gobierno de Sébastien Lecornu.
"¿El Gobierno no quiere escucharnos? El 3 de noviembre, jornada negra en las universidades: acudid a las asambleas y bloquead vuestras facultades. El 5 de noviembre, salgamos masivamente a la calle", publicó la UNEF en redes sociales. El mensaje refleja que las organizaciones no dan por suficiente la respuesta del Ejecutivo y pretenden elevar el coste político de mantener el conflicto sin nuevas concesiones.
El regreso a las aulas este lunes ofreció una imagen de relativa normalidad. El ministro de Educación, Édouard Geffray, calificó de "residuales" los bloqueos registrados durante la mañana y defendió que los alumnos pudieran acudir a clase con normalidad. Según los datos del Ministerio de Educación, a las 9.30 horas permanecían bloqueados 41 institutos, aproximadamente el 1% del total, y tres cuartas partes de los departamentos franceses no registraban alteraciones. La Unión Sindical de Institutos (USL), por su parte, elevó a más de 150 el número de centros afectados a mediodía. La diferencia entre ambos balances refleja la dificultad de medir un movimiento descentralizado, con acciones que pueden variar a lo largo de la jornada.
Geffray reconoció el derecho de los estudiantes a manifestarse, pero advirtió de que ese derecho no puede impedir que otros compañeros accedan a las aulas. El ministro puso especial énfasis en quienes preparan los exámenes de bachillerato y las pruebas de acceso a la universidad. "Los bloqueos no son ilegítimos, pero sí ilegales", sostuvo.
La posición gubernamental busca separar dos cuestiones: el derecho a protestar y la posibilidad de interrumpir la actividad académica de quienes no desean secundar las movilizaciones. Esa distinción se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción, especialmente cuando los bloqueos afectan a centros completos y provocan la suspensión de clases.
Parcoursup y las carencias educativas, en el centro del conflicto
Las reivindicaciones estudiantiles no se limitan a una protesta contra el Gobierno. Una parte importante del malestar se dirige contra Parcoursup, la plataforma que organiza el acceso a la enseñanza superior en Francia. Los estudiantes cuestionan sus criterios de admisión y rechazo, reclaman mayor transparencia y denuncian que el sistema genera incertidumbre entre quienes aspiran a entrar en la universidad.
El Ejecutivo anunció hace una semana varias medidas para responder a estas demandas; entre ellas, figuran una mayor transparencia en los procedimientos de Parcoursup, la eliminación de las cartas de motivación, la renovación de infraestructuras deterioradas y la reducción del número de alumnos por clase. Sin embargo, las organizaciones consideran insuficientes estos compromisos. Sindicatos como la UNEF y otros colectivos estudiantiles reclaman la derogación definitiva de Parcoursup y una inversión adicional de 10.000 millones de euros en educación, al tiempo que denuncian la existencia de aulas saturadas, horarios sobrecargados y una grave falta tanto de profesores como de personal de apoyo.
El presidente de la USL, Ryad Rani, explicó a la AFP que existen centros con equipos de asistentes educativos incompletos, ausencia de enfermeras escolares y trabajadoras sociales, y vacantes docentes en asignaturas fundamentales para el bachillerato. Sus declaraciones apuntan a un problema que va más allá de las condiciones de acceso a la universidad: la capacidad de los centros para garantizar una enseñanza con recursos suficientes.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, se ha mostrado dispuesto a recibir nuevamente a representantes de los estudiantes de secundaria la próxima semana, según fuentes de Matignon citadas por BFMTV. La apertura al diálogo podría facilitar una salida parcial al conflicto, aunque no resuelve la distancia entre las demandas económicas de los colectivos y el margen presupuestario que reconoce el Gobierno.
La convocatoria estudiantil coincide con una movilización sindical que puede darle una dimensión mucho mayor. Las principales organizaciones de trabajadores del sector público reclaman mejoras salariales, recursos para los servicios públicos y una revisión de las decisiones presupuestarias previstas para 2027.
La congelación del índice utilizado para calcular los salarios de los funcionarios ha alimentado el descontento. Según los datos recogidos en el material de las organizaciones sindicales, ese índice solo aumentó un 3,5% en 2022 y un 1,5% en 2023, mientras que la inflación acumulada desde 2017 se situaría en el 24,17% a finales de 2026, de acuerdo con las estimaciones del instituto estadístico Insee. La diferencia ayuda a explicar la pérdida de poder adquisitivo denunciada por los empleados públicos.
La CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC y FA-FP participan en el llamamiento sindical, que contempla manifestaciones en distintas ciudades. La protesta también pretende influir en el debate presupuestario y enviar un mensaje a los candidatos ante las próximas elecciones presidenciales.
El malestar alcanza a sectores especialmente sensibles. Los bomberos, después de un verano marcado por los incendios, han anunciado su participación en las movilizaciones. Las previsiones difundidas para una convocatoria anterior de este movimiento contemplaban entre 5.000 y 10.000 bomberos en París, además de decenas de miles de trabajadores públicos. Esas cifras corresponden a estimaciones de participación, no a asistentes confirmados para la jornada del jueves.
La secretaria general de la CFDT, Marylise Léon, resumió la posición sindical al señalar en France 2 que no puede haber servicios públicos de calidad sin condiciones laborales adecuadas. La reivindicación salarial, por tanto, se mezcla con la denuncia de plantillas insuficientes y dificultades para mantener la prestación de servicios esenciales.
El Gobierno intenta contener la presión y garantizar el orden
El Ejecutivo se enfrenta a un conflicto con varios frentes. Por un lado, debe responder a las demandas educativas sin comprometer unos recursos que asegura tener limitados; por otro, necesita evitar que los bloqueos se conviertan en una interrupción prolongada de la actividad escolar y universitaria. En este contexto, Édouard Geffray ha cuestionado que puedan adoptarse nuevas medidas de gran alcance a corto plazo, especialmente cuando faltan solo seis meses para las elecciones presidenciales. Así, tanto el estrecho margen presupuestario como la proximidad del calendario electoral condicionan de manera directa la capacidad del Gobierno para ofrecer concesiones de mayor envergadura.
En paralelo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha expresado su respaldo a los agentes desplegados durante las movilizaciones. En una carta difundida por la prensa, agradeció el trabajo policial durante tres fines de semana consecutivos y defendió su actuación frente a las críticas por la gestión del orden público y las denuncias de violencia policial.
La intervención refleja otra dimensión del conflicto: la tensión entre el derecho a la protesta, la continuidad de las clases y la respuesta de las fuerzas de seguridad. Algunas concentraciones anteriores terminaron con daños materiales y lanzamiento de artefactos pirotécnicos, circunstancias que han reforzado la preocupación de las autoridades.
La jornada de este lunes ha demostrado que el movimiento estudiantil no conserva la misma intensidad en todos los territorios ni en todos los centros. Las cifras oficiales y sindicales ofrecen balances diferentes, pero coinciden en que la actividad se ha reanudado después de las vacaciones con un nivel de bloqueo inferior al de los momentos más tensos.
La UNEF intenta revertir esa tendencia mediante una estrategia de escalada: primero, asambleas y bloqueos universitarios; después, una movilización conjunta con los trabajadores públicos. La participación de los sindicatos puede ampliar la protesta y conectar las reivindicaciones estudiantiles con un malestar social más extendido por los salarios, los servicios públicos y el presupuesto. @mundiario
