La crisis ferroviaria provocada por los accidentes de Adamuz y Urda ha pasado el plano sobre las responsabilidades políticas para convertirse también en un debate sobre el modelo de gestión del ferrocarril español. Mientras la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno mantiene la presión sobre Óscar Puente y reclama que abandone el Ministerio de Transportes, las formaciones situadas a la izquierda del PSOE han empezado a plantear al mismo tiempo una profunda transformación de la estructura ferroviaria.
La propuesta más concreta llega de Ada Colau. La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno ha reclamado un pacto de Estado que permita “recuperar el liderazgo público” sobre la red y ha colocado en el centro de su proyecto la reunificación de Renfe y Adif en un único gran operador público. El plan que propone el socio minoritario del PSOE en el Ejecutivo incluye además una auditoría independiente de las infraestructuras, el refuerzo de las plantillas y la reversión de externalizaciones relacionadas con el mantenimiento.
La eurodiputada Irene Montero ha sido incluso más rotunda. La candidata de Podemos al Congreso ha reclamado revertir la liberalización ferroviaria y aplicar el artículo 128 de la Constitución para recuperar el control público del sistema. La exministra de Igualdad argumentó ante la prensa que el ferrocarril constituye un servicio esencial cuya seguridad no debería quedar atada por intereses empresariales.
Colau ha situado sus propuestas después de reunirse en Barcelona con representantes de los principales sindicatos ferroviarios como CC OO, CSIF, UGT, CGT y el Sindicato Ferroviario (SF). La cabeza de cartel del Frente Amplio sostiene que la ciudadanía necesita algo más que una discusión sobre quién debe asumir las responsabilidades por Urda, ya que reclama soluciones estructurales para recuperar la confianza en el tren.
“Fue un error separarlos; no tiene sentido que un servicio público esencial tenga dos operadores con protocolos distintos para situaciones críticas”, dijo Colau, tras indicar que ha recogido las principales reivindicaciones de los sindicatos del ramo, aunque ha situado la división entre Renfe y Adif como un escollo en la coordinación entre departamentos que habría que resolver para evitar más accidentes ferroviarios.
Necesitamos un Pacto de Estado para reforzar el sistema ferroviario: auditoría independiente, liderazgo público, fin de las externalizaciones y más inversión en toda la red, también en cercanías. Proponemos destinar los 13.000 millones previstos para ampliar aeropuertos a mejorar el ferrocarril.
— Frente Amplio (@frenteamplio.info) 2 de noviembre de 2026 a las 9:25
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Colau: un pacto de Estado y un solo operador público
La propuesta del Frente Amplio pasa por convocar, una vez celebradas las elecciones del 29-N, a las principales fuerzas políticas para negociar un pacto de Estado. La primera medida sería estudiar la reunificación de Renfe y Adif para crear un gran operador público capaz de coordinar la explotación ferroviaria y la gestión de la infraestructura. Como referencia ha señalado el modelo francés de integración ferroviaria.
La propuesta no se limita a cambiar el organigrama. El Frente Amplio reclama una auditoría independiente de toda la red ferroviaria, un incremento de las plantillas y de la formación de los trabajadores y la recuperación para el sector público de determinadas tareas actualmente externalizadas. La líder de los Comuns también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de “revertir las externalizaciones” del sector, como los trabajos de mantenimiento.
El objetivo sería revisar el conjunto del sistema, desde la alta velocidad hasta las Cercanías, con especial atención a los problemas acumulados durante años en servicios como Rodalies. Para financiar parte de ese refuerzo, Colau plantea reconsiderar inversiones previstas para ampliar aeropuertos y trasladar recursos hacia el ferrocarril.
La seguridad de millones de personas exige una red ferroviaria segura y un liderazgo público fuerte. Proponemos reunificar Renfe y Adif, revertir las externalizaciones del mantenimiento, aumentar las plantillas y garantizar la formación continuada de los trabajadores.
— Frente Amplio (@frenteamplio.info) 2 de noviembre de 2026 a las 9:41
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La dimisión de Puente sigue sobre la mesa
La transformación estructural no ha desplazado la exigencia de responsabilidades políticas. Colau ha vuelto a considerar “imprescindible” que Puente asuma responsabilidades por los dos grandes accidentes registrados en menos de un año en la misma línea ferroviaria, aunque ha dejado en manos del ministro y de Sánchez la decisión sobre un eventual cese.
La candidata del Frente Amplio sostiene que la investigación judicial debe determinar las responsabilidades concretas por el siniestro y rechaza que se convierta a un trabajador en el único responsable de una cadena de decisiones, como ha descargado el ministro de Transportes. En su reunión con los sindicatos también ha denunciado la filtración de las grabaciones entre los operadores de Adi y los maquinistas del AVE y el Iryo que colisionaron, y ha reclamado que se investigue su origen.
Su posición coincide en este punto con una preocupación expresada por organizaciones sindicales: que la búsqueda de responsabilidades no termine reducida a la actuación de un maquinista, un controlador o cualquier otro trabajador cuando todavía deben analizarse los factores técnicos, organizativos y de gestión que confluyeron en la tragedia.
Colau ha planteado además alternativas a una eventual interrupción de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras avanzan las obras previstas en esa infraestructura. Entre ellas, intensificar los trabajos durante la noche, reducir temporalmente las frecuencias o ampliar las franjas reservadas al mantenimiento.
Montero sitúa la liberalización en el problema de fondo
Montero ha llevado el debate a un terreno todavía más ideológico. Tras reunirse con representantes del Sector Federal Ferroviario de CGT, la candidata de Podemos ha sostenido que la cuestión central no es únicamente quién ocupa el Ministerio, sino la liberalización del sistema ferroviario. “Además de la dimisión del ministro, que es un consenso social que debe dimitir, aquí la cuestión de fondo es la liberalización”, ha afirmado. Montero propone utilizar el artículo 128 de la Constitución para reservar al sector público servicios esenciales y recuperar el control sobre el ferrocarril, tomando como referencia el proceso seguido en Reino Unido.
La dirigente de Podemos cuestiona especialmente el peso de las empresas privadas en ámbitos como el mantenimiento, la prevención y la señalización. Ha citado a Hitachi y Siemens en relación con sistemas de señalización y a grandes constructoras como ACS, Sacyr, Ferrovial y Acciona en trabajos vinculados al mantenimiento y las infraestructuras. La exministra ha criticado que áreas críticas como la prevención, supervisión, mantenimiento y señalización se encuentran externalizadas en manos del sector privado.
Hay que renacionalizar el ferrocarril. https://t.co/hAiS3Zj8cd
— Irene Montero (@IreneMontero) November 2, 2026
En este sentido, la candidata de los morados ha criticado con dureza el proceso de liberalización culminado en 2019, al que ha atribuido una responsabilidad histórica tanto al PP como al PSOE. “Si se quiere hacer negocio, que se haga con relojes o con vinos, no con el sistema ferroviario, no con el transporte, no con la seguridad de la gente”, cargó.
Además, Montero reclama que la comparecencia de Puente en el Congreso no se limite a explicar la actuación del personal de los centros de control. A su juicio, debe servir para esclarecer el papel de las empresas privadas, las condiciones de las contratas y el coste de los servicios externalizados. @mundiario
