La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa solicitó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que presente su renuncia al cargo para que la Fiscalía General de la República prosiga su investigación sin interferencias.
Lo anterior, tras asegurar que Sinaloa no puede quedar atrapado entre la gravedad de una acusación internacional y la parálisis de sus instituciones y porque México necesita instituciones fuertes, gobiernos íntegros y autoridades capaces de responder con claridad a la confianza pública.
“También corresponde a los poderes públicos de Sinaloa actuar con responsabilidad constitucional. Una eventual separación del cargo debe procesarse con orden, legalidad y pleno respeto a los mecanismos previstos por el marco jurídico aplicable, evitando cualquier vacío de autoridad y garantizando la continuidad institucional del gobierno estatal”, planteó la morenista.
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A través de una carta a la opinión pública, la secretaria de la Comisión de Estudios legislativos recordó que en el Movimiento de la Cuarta Transformación no hay margen para evadir los principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Asimismo, aseveró que la autoridad no puede mantenerse bajo la sombra de dudade esta magnitud, sin afectar la confianza de la ciudadanía, de las víctimas, de las instituciones de justicia y de los propios cuerpos de seguridad.
“Por ello, de manera firme, institucional y responsable, solicito al gobernador Rubén Rocha Moya que presente su renuncia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa”.
La solicitud no constituye una condena anticipada ni desconoce sus derechos fundamentales, sino de responsabilidad, afirmó la secretaria.
“Separarse del cargo permitiría que las investigaciones correspondientes avancen sin interferencias reales o aparentes, que las instituciones actúen con plena independencia y que el pueblo de Sinaloa cuente con condiciones mínimas de certeza política e institucional”, abundó.
La morenista subrayó que cuando los señalamientos que pesan sobre una persona servidora pública alcanzan una gravedad tal que comprometen la confianza ciudadana, la gobernabilidad democrática y la credibilidad de las instituciones, por la respuesta no puede ser evasiva, ambigua ni subordinada al cálculo político.
En su opinión, los señalamientos formulados por autoridades judiciales de un gobierno extranjero, por su naturaleza, alcance y gravedad institucional, ndel pleno respeto a la soberanía nacional y a las instituciones mexicanas y a cauces constitucionales.
Mantener un gobierno a la altura de México
Guadalupe Chavira aseveró que es obligación de los integrantes del Movimiento mantener un gobierno a la altura del pueblo de México, que responda con integridad, transparencia y autoridad moral.
“Debe decirse con toda precisión: toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Ninguna autoridad política debe sustituir a los tribunales ni anticipar responsabilidades penales que corresponden exclusivamente a las instancias competentes. Sin embargo, la función pública exige un estándar superior de responsabilidad ética, política e institucional. La permanencia en un cargo de elección popular no puede analizarse únicamente desde la dimensión penal, sino también desde la confianza pública, la gobernabilidad y la obligación de preservar la integridad de las instituciones”.
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Asimismo, dijo que las imputaciones contenidas en la acusación referida contra Rubén Rocha no son menores. Involucran presuntos vínculos el Cártel de Sinaloa; supuestos acuerdos de protección política e institucional con intervención criminal en procesos electorales; presunta colocación de funcionarios afines en áreas estratégicas de seguridad y procuración de justicia; posibles actos de protección a operaciones de tráfico de drogas; filtración de información sensible sobre operativos; y tolerancia o facilitación de esquemas de violencia, intimidación y corrupción.
La sola existencia de señalamientos de esta naturaleza contra un gobernador coloca a Sinaloa en una situación institucional extraordinariamente delicada.
Finalmente, la senadora Chavira insistió a la FGR, las autoridades de seguridad, los órganos de control y las instancias legislativas correspondientes deben garantizar que cualquier investigación, cooperación internacional o procedimiento institucional se conduzca sin simulaciones, sin encubrimientos y sin uso político de la justicia.
