En 2027, las gasolineras y armadoras automotrices quedarán fuera del nuevo límite de 50 millones de pesos a las deducciones autorizadas y pérdidas fiscales, que sí aplicará a otros sectores de la economía mexicana.
Ello, luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 349 votos a favor y 92 en contra, las modificaciones al artículo 78-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que fueron revisadas y aprobadas a finales de octubre en el Senado de la República.
La oposición advirtió que la medida se trata de “un mejoralito” que deja fuera a otras ramas productivas del país y de la propia industria energética, como las gaseras.
Durante la discusión en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, y la propia morenista, la diputada Rocío Abreu, criticaron que la medida, que deriva de una iniciativa del Ejecutivo Federal, debió ser adecuada en el Senado de la República.
El presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, rechazó tales aseveraciones y destacó que ambas cámaras trabajaron por mejorar la iniciativa del Ejecutivo Federal, por la que se incorpora a la Ley del Impuesto sobre la Renta un ajuste estructural necesario “para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, combatir las prácticas fiscales indebidas y consolidar la progresividad de nuestro sistema tributario”.
Altamirano enfatizó que en el aval de la minuta, “no hubo fast track” y se discutió ampliamente y se escuchó a todas las fuerzas políticas:
“No hubo fast-track, porque la responsabilidad legislativa no se mide por la rapidez con la que se aprueban las reformas; sino por la seriedad con la que se analizan y por los resultados que significan para nuestro país”, remarcó.
La reforma establece un trato diferenciado para más de 13 mil estaciones de servicio de gasolina y diésel que cuenten con los permisos correspondientes, así como para las armadoras que realizan operaciones de ensamble y fabricación bajo el régimen aduanero de depósito fiscal, justificó.
En el caso de las gasolineras, la justificación es que sus costos de adquisición de combustibles representan una proporción elevada respecto de sus ingresos, por lo que aplicarles el límite general podría generar distorsiones en su operación y presiones sobre los precios al consumidor.
“En un entorno internacional caracterizado por la volatilidad de los precios del petróleo y sus derivados, las condiciones de operación de este sector pueden repercutir en los costos del transporte, la producción y la distribución de bienes y servicios, con efectos sobre la economía de los hogares”, alertó Altamirano.
El legislador insistió en que los cambios no constituyen un privilegio fiscal ni una reducción de impuestos: “México necesita finanzas públicas responsables, pero también condiciones que favorezcan la inversión, el empleo y la actividad productiva”.
Medida se queda corta: reclamos de la oposición
Sin embargo, la oposición insistió en que la medida se queda corta.
“Ya lo decía hoy la diputada Rocío Abreu, que está ahí sentada en su curul, no solo como integrante de la Comisión de Hacienda, como presidenta de la Comisión de Energía, que esta minuta que regresa el Senado es exactamente la reserva que ella había presentado y que no se quiso ni siquiera discutir en comisiones, mucho menos en el pleno (...)”, señaló el panista Federico Döring desde Tribuna.
Rechazó que se trate de “una consecuencia a los aranceles de Trump”, como señala el dictamen: “Lo que se está haciendo es darle un paliativo a la industria automotriz para compensar los aranceles de Trump a las autopartes, a las que no son manufactura cien por ciento mexicana”, reviró Döring, al demandar sin éxito que se incluyera a toda la cadena de ensamblaje.
La modificación “se aprobó sin prisa, ni escuchar lo suficiente (…) y lo que no se corrigió en esta Cámara se tuvo que ir a corregir al Senado, con una reserva al vapor”, refutó la emecista Patricia Flores Elizondo, quien pretendía que se incluyera en la reforma excepciones a los proveedores de autopartes, propuesta que fue desechada.
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Por su parte, el priista Jericó Abramo Masso acusó que se dejó fuera a las empresas de logística y de transporte de carga, que generan una derrama de 131 mil millones de dólares. “Se sigue legislando al vapor en esta soberanía”, remarcó.
En su defensa, Carol Antonio Altamirano insistió en que la reforma otorga certeza a los contribuyentes, favorece la continuidad de la actividad económica y preserva la finalidad fiscalizadora. Asimismo, aclaró que su aprobación no modifica la Ley de Ingresos para el 2026.
Tras alrededor de cuatro horas de discusión, la minuta fue turnada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
