Ambientalistas buscarán regulación en la instalación de Centros de Datos en Querétaro, por lo cual adelantaron que buscarán una iniciativa de reforma al Código Ambiental, entre los planteamientos se busca tener un padrón público, reportes anuales del consumo de agua y energía.
Integrantes del colectivo Voceras de la Madre Tierra, remarcaron que también se obligaría a dar cuenta de la publicación de autorizaciones emitidas desde 2018, así como evaluaciones de impactos ambientales acumulativos.
Teresa Roldán señaló que la Conagua declaró el valle de San Juan del río con un déficit arriba del 50%, por lo que cuestionó e invitó a reflexionar el motivo por el cual siguen llegando centros de datos sin que haya una regulación.
“Por qué el gobernador acaba de anunciar más y más industrias extractivistas, porque siguen llegando sin que haya la regulación que se merece, y por eso mismo esta petición de iniciativa ante la legislatura, la cual tiene la obligatoriedad de salvaguardar los intereses de la ciudadanía”.
Señalar que las autoridades no cuentan con información suficiente para verificar sus permisos, consumo de agua y energía, así como sus impactos ambientales.
“La CEA nada más ha identificado tres factibilidades para todos los centros de datos que se encuentran, pero si no necesitan agua cómo le hicieron para construir, cómo le hacen para los sanitarios, el saneamiento, por supuesto que necesitan agua, es una mentira que no merece la ciudadanía”, argumentaron.
Asimismo, Pamela Siurob, agregó que se está trabajando con colectivos nacionales para la modificación de la Ley General de Equilibrio Ecológico, considerando los daños que se generan, incluida la extracción de diferentes materiales para los microchips.
También mencionaron que se tiene un amparo relacionado con la falta de transparencia sobre estos proyectos, y no descartaron que existan más.De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, hay 20 centros de datos pero en 14 declaró carecer de datos suficientes, sin embargo lamentó que no se acrediten registros de consultas comunitarias, ya que las personas nunca aledañas a estas instalaciones no fueron avisadas sobre estos impactos.
Ahondaron que desde junio han presentado 41 solicitudes de información ante instancias federales, estatales y municipales, de las cuales recibieron 32 respuestas, pero en estos había documentos o respuestas incompletos, información reservada y entregas condicionadas a pagos.
