La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció este miércoles 4 de noviembre que mantiene abiertas tres líneas de investigación sobre las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los organismos electorales de las 32 entidades federativas.
La revisión incluye un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, con el objetivo de identificar posibles prácticas ilegales, concentración de contratos entre determinados proveedores e irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.
En un comunicado, el organismo fiscalizador aseguró que sus trabajos de inteligencia y la información solicitada a los gobiernos estatales permitieron advertir “múltiples irregularidades históricas” relacionadas con el gasto de las autoridades electorales.
Sin embargo, el documento no identifica a las empresas o funcionarios presuntamente involucrados, tampoco precisa los montos investigados ni presenta conclusiones definitivas sobre las posibles responsabilidades.
La #ASF informa: pic.twitter.com/OdIAOXpO5o
— Auditoría Superior (@ASF_Mexico) November 4, 2026
¿Qué investigará la ASF en el INE y los organismos electorales?
La Auditoría estableció tres líneas de trabajo que, según informó, ya se encuentran en desarrollo y abarcan tanto al organismo electoral nacional como a los institutos estatales.
La primera consiste en una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como del INE y el desaparecido IFE.
Esta indagatoria busca esclarecer si los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios se realizaron conforme a la legislación y si existieron conductas que pudieran generar responsabilidades administrativas.
La segunda línea contempla un estudio histórico de las compras efectuadas entre 2000 y 2025, periodo que comprende distintas administraciones del órgano electoral federal y de sus equivalentes estatales.
Con este análisis, la ASF pretende identificar patrones de contratación y determinar si determinados grupos empresariales concentraron adjudicaciones o participaron en prácticas ilegales relacionadas con el ejercicio del presupuesto público.
La tercera vertiente consiste en una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado ejercido por los OPLE, con el propósito de revisar el destino y manejo de los recursos de origen federal.
Esto significa que la investigación no se limitará a las decisiones de una sola administración, sino que buscará reconstruir el comportamiento de las contrataciones electorales durante diferentes periodos.
Investigación coincide con cambios en la dirigencia del INE
El anuncio ocurre en medio de la reorganización del INE, después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo y la designación de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional.
El pasado 24 de octubre, cuando Taddei todavía encabezaba el Instituto, la Presidencia del Consejo General manifestó su respaldo a la investigación de oficio de la ASF.
En aquel posicionamiento, la institución aseguró que colaboraría con las autoridades fiscalizadoras y que los antecedentes de los señalamientos ya habían sido remitidos a su Órgano Interno de Control.
También sostuvo que cualquier posible responsabilidad debía determinarse mediante la revisión de expedientes y pruebas, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Posteriormente, Blanca Cruz informó que las contrataciones en curso fueron suspendidas temporalmente para revisar cada procedimiento y garantizar su legalidad.
La presidenta provisional también aseguró que el Instituto mantiene su colaboración con las investigaciones, sin detener las actividades necesarias para organizar las elecciones de 2027.
¿Qué consecuencias podrían tener las investigaciones?
Las investigaciones de la ASF podrían derivar en procedimientos administrativos o denuncias ante las autoridades competentes si se reúnen elementos suficientes para acreditar posibles faltas o delitos.
La reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en mayo de 2026, incorporó expresamente la facultad de investigar de oficio presuntas faltas administrativas graves, independientemente del ejercicio fiscal correspondiente.
No obstante, realizar un estudio histórico de contrataciones no significa que todas las compras revisadas sean irregulares ni que automáticamente se reabran las cuentas públicas de ejercicios anteriores.
Por ahora, la ASF tampoco ha precisado cuándo presentará resultados de las tres líneas de trabajo, cuáles son los contratos específicos bajo investigación ni qué empresas o servidores públicos podrían enfrentar procedimientos.
