El rancho conocido como Zorro Ranch, ubicado en el alto desierto al sur de Santa Fe, ha dejado de ser un punto ciego en el caso del financiero Jeffrey Epstein. Nuevos testimonios, documentos desclasificados y la reapertura de investigaciones han colocado nuevamente el sitio en el centro del escrutinio público.
De acuerdo con revelaciones difundidas en el programa 60 Minutes Australia, una presunta víctima relató haber sido drogada en el rancho, donde —según su testimonio— presenció agresiones sexuales contra otros jóvenes. Estas declaraciones coinciden con el avance de una investigación estatal en Nuevo México, impulsada por una creciente ola de denuncias.
Durante años, el lugar estuvo rodeado de rumores sobre presuntas actividades de tráfico sexual de menores. Entre las versiones más perturbadoras figura una supuesta intención de Epstein de utilizar la propiedad para un experimento eugenésico, buscando embarazar a múltiples mujeres con el fin de “propagar su ADN”. Aunque esta teoría nunca fue comprobada, documentos y testimonios recientes han reavivado el debate.
Uno de los elementos más inquietantes en los archivos del caso, publicados en 2026 por autoridades federales, incluye un mensaje atribuido a un ex empleado del rancho. En él se asegura que dos jóvenes extranjeras habrían muerto durante prácticas sexuales violentas y fueron enterradas en los alrededores del complejo.
Ante estos hallazgos, legisladores estatales aprobaron la creación de una comisión bipartidista de la verdad para investigar a fondo lo ocurrido en la propiedad. Entre las figuras clave destaca la legisladora Marianna Anaya, quien ha subrayado la necesidad de esclarecer posibles omisiones institucionales y dar voz a víctimas locales, incluidas mujeres indígenas y de comunidades vulnerables.
La reapertura del caso también responde a cuestionamientos sobre el cierre abrupto de investigaciones previas en 2019, poco antes de la muerte de Epstein en una cárcel de Manhattan.
En paralelo, se reveló que el rancho fue adquirido en 2023 por Don Huffines, quien lo rebautizó como “San Rafael Ranch” y busca transformarlo en un retiro cristiano. Sin embargo, este cambio de propiedad ha generado preocupación entre investigadores, ante el riesgo de que posibles evidencias físicas hayan sido alteradas o desaparecido con el paso del tiempo.
Las autoridades estatales, en coordinación con el Departamento de Justicia, han iniciado nuevas diligencias en el terreno, incluyendo búsquedas forenses. Además, buscan acceso completo a archivos federales del caso para reconstruir líneas de investigación que, según denuncian, no fueron seguidas en su momento.
A siete años de la muerte de Epstein, el caso sigue abierto y en evolución. Para las autoridades y las víctimas, el objetivo ahora es claro: evitar que el desierto oculte más secretos y avanzar hacia la rendición de cuentas.