México, 04 de mayo de 2026. —Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta este sábado como gobernadora interina de Sinaloa, la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la entidad, después de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya.
La separación se produjo cuatro días después de que el Distrito Sur de Nueva York imputara al mandatario y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Ninguno de los 10 imputados ha sido detenido.
La sesión extraordinaria del Congreso sinaloense arrancó a las 8:00 horas con 38 legisladores presentes, según convocatoria del presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez.
La aprobación de la licencia, por más de 30 días, se votó en términos económicos y se concretó después de que Rocha Moya pidió la licencia la noche del viernes en un mensaje grabado donde calificó las acusaciones como "falsas y dolosas".
Bonilla Valverde, hasta entonces secretaria general de Gobierno y primera mujer en ese cargo en Sinaloa, rindió protesta poco después de las 11:00 horas, tiempo local.
Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Bonilla Valverde fue diputada local por Morena durante la LXIII Legislatura, entre 2018 y 2021, y se incorporó al gabinete de Rocha Moya en octubre de 2025. Su designación fue avalada por mayoría con dos ausencias entre los 38 diputados presentes en la sesión.
En paralelo, el Cabildo de Culiacán aprobó la noche del viernes la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de la capital sinaloense, y designó a la síndica procuradora Ana Miriam Ramos Villarreal como alcaldesa provisional. La acusación atribuye a Gámez Mendívil haber recibido más de 10 mil dólares mensuales en sobornos desde junio de 2022 para blindar las operaciones del cártel.
El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa y tercer funcionario en activo señalado en el expediente del Departamento de Justicia, anunció que no solicitará licencia al cargo. Inzunza Cázarez calificó las imputaciones como "falsas y dolosas" y afirmó que continuará con sus tareas legislativas, incluida la coordinación de los temas de campo en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Los siete imputados restantes ya no ocupaban cargos públicos al momento de la acusación: el subprocurador estatal Dámaso Castro Saavedra, el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, el exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito y el excomandante de la Policía Municipal de Culiacán Juan Valenzuela Millán, único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua por imputaciones que incluyen el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la Corte federal en octubre de 2023.
Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República, descartó el viernes la detención provisional con fines de extradición de los 10 imputados al considerar insuficientes los elementos enviados por Washington y solicitó pruebas adicionales por la vía diplomática.
La presidenta Claudia Sheinbaum exigió pruebas contundentes el jueves antes de que la FGR proceda. La causa permanece abierta en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la jueza Katherine Polk Failla.