La presunta red de empresas investigada por irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales tiene antecedentes de al menos 27 años, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo de operaciones financieras relacionadas con proveedores electorales.
Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó los avances de una investigación sobre empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, quienes habrían participado en acuerdos para obtener contratos públicos.
El oligopolio de contratos de los hermanos Hernández Casillas con el INE nació por lo menos hace 27 años, así lo mostró la titular de @BuenGobierno_mx. Usaban empresas fachada para simular competencia, aprovechando a servidores públicos y a sujetos vulnerables. pic.twitter.com/NFfFcDQAuS
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 5, 2026
De acuerdo con la funcionaria, las compañías aparentemente competían entre sí en procedimientos de contratación de materiales electorales, aunque mantenían vínculos empresariales que habrían permitido acordar quién resultaría ganador de las licitaciones.
Las investigaciones buscan esclarecer si este mecanismo permitió concentrar contratos, manipular precios y favorecer a determinadas compañías mediante posibles conflictos de interés con funcionarios electorales.
Contratos por más de 2 mil millones de pesos
Buenrostro señaló que las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos superiores a 2 mil millones de pesos durante un periodo de 12 años, principalmente mediante organismos públicos locales electorales (OPLE).
El periodo comprende de 2014 a 2025, cuando distintas compañías participaron en procesos de contratación para suministrar urnas, mamparas, documentación y otros materiales necesarios para las elecciones.
El señalamiento coincide con los hallazgos expuestos previamente por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, cuyo titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó sobre adjudicaciones por 2 mil 461 millones de pesos a cinco empresas relacionadas entre sí durante ese periodo.
Entre las compañías identificadas se encuentran Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México.
Las autoridades revisan licitaciones, adjudicaciones y posibles conflictos de interés para determinar si existió competencia simulada y si las contrataciones provocaron afectaciones al patrimonio público.
Del Cisen a los contratos electorales
Uno de los elementos presentados por Buenrostro fue la trayectoria de los hermanos Hernández Casillas, cuyos antecedentes laborales, según su exposición, se remontan al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
La funcionaria reconstruyó su trayectoria para explicar cómo comenzaron a participar en contrataciones gubernamentales y posteriormente se vincularon con el suministro de materiales electorales.
Sheinbaum afirmó que los antecedentes de esta red empresarial se remontan por lo menos a 1999, cuando comenzaron a documentarse contrataciones relacionadas con organismos electorales.
La mandataria también recordó controversias registradas en 2005 y sostuvo que las relaciones empresariales investigadas se desarrollaron durante distintas administraciones, mucho antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del INE.
No obstante, la antigüedad de las relaciones comerciales y los antecedentes laborales de los empresarios no acreditan, por sí mismos, que las presuntas irregularidades hayan ocurrido de manera continua durante 27 años.
UIF bloquea operaciones de personas y empresas
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que se identificaron operaciones financieras sospechosas relacionadas con proveedores electorales, lo que derivó en medidas de bloqueo para impedir movimientos de recursos mientras continúan las investigaciones.
El miércoles 4 de noviembre, la Secretaría de Hacienda informó que 25 personas físicas y 15 empresas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones que presentaban elementos de riesgo.
La UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los movimientos financieros y determine las posibles responsabilidades penales.
Sheinbaum explicó que las medidas están relacionadas con información proporcionada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), institución que revisa contrataciones realizadas durante distintas administraciones electorales.
Sin embargo, el bloqueo de operaciones financieras es una medida administrativa preventiva y no equivale a una sentencia ni acredita automáticamente la comisión de delitos.
Sheinbaum anuncia decreto para Talleres Gráficos
Ante las investigaciones, la presidenta adelantó que la próxima semana presentará un decreto relacionado con Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación encargado de producir las boletas electorales federales.
Sheinbaum explicó que las boletas federales ya son elaboradas por esa institución, por lo que los cambios buscarían fortalecer su capacidad de producción y mejorar los mecanismos de transparencia en la contratación de otros materiales electorales.
El anuncio también plantea interrogantes sobre la participación de empresas privadas en el suministro de materiales para elecciones federales y estatales.
Mientras tanto, el Consejo General del INE incluyó en su sesión del 5 de noviembre un proyecto para fortalecer sus controles administrativos y solicitar una fiscalización extraordinaria de sus adquisiciones.
El avance de las investigaciones deberá esclarecer qué empresas participaron en las presuntas irregularidades, quiénes autorizaron las adjudicaciones y si existieron daños al erario.
