El final de ETA no fue la obra providencial de un dirigente ni el fruto de una operación de maquillaje político. Fue la victoria de un Estado que resistió, de unos servidores públicos que pagaron un precio altísimo y de una democracia que solo pudo consolidarse porque hubo hombres y mujeres dispuestos a defenderla frente al terror hasta sus últimas consecuencias.

Cada cierto tiempo vuelve la tentación de simplificar la historia, de poner un solo nombre allí donde hubo años de sangre, miedo y resistencia. El expresidente Zapatero reivindica haber sido quien acabó con ETA. Yo no puedo aceptar la lectura unilateral de ese relato.

Una memoria contra la simplificación

Estuve al frente de esa lucha en los años más duros, cuando el peso de cada decisión se medía en vidas humanas, y por eso reivindico lo que hice, con mis aciertos y con mis errores, con la conciencia de haber servido en una de las horas más sombrías y decisivas de la democracia española.

Conocí bien la herencia que recibí. No era una herencia abstracta ni administrativa: era un rastro de dolor que venía de los gobiernos de la UCD y de los últimos años del franquismo, una sombra alargada que atravesaba el atentado contra Carrero Blanco, cuando Carlos Arias Navarro ocupaba el Ministerio de la Gobernación. En aquel largo combate traté a Juan José Rosón, y hacia su gestión sigo sintiendo un respeto sincero. Bajo su mandato se alcanzó el final de ETA político-militar, aunque muchos de sus miembros terminaran engrosando las filas de ETA militar, como si la violencia se negara una vez más a desaparecer del todo.

Después de mi salida de Interior, salvo en la etapa de Juan Alberto Belloch, con quien colaboré en el desmantelamiento de bases de ETA en países latinoamericanos, dejé de tener trato con los ministros que vinieron después. Pero nunca me alejé del todo de quienes, en silencio y sin alardes, siguieron sosteniendo aquella batalla: hombres y mujeres de los cuerpos de seguridad en los que encontré lealtad, coraje y un sentido del deber que aún hoy me emociona recordar. Todos los ministros que pasaron por Interior hicieron cuanto pudieron para derrotar al terrorismo, y todos contaron, en esencia, con las mismas herramientas: las manos, la inteligencia y el sacrificio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La derrota, no el relato

ETA duró demasiado tiempo. Duró lo suficiente como para dejar una huella de duelo en generaciones enteras, y su disolución no bastó para cerrar esa herida. No hubo un arrepentimiento verdadero, ni una petición pública de perdón que dignificara de algún modo su final. Por eso creo que, si algún papel desempeñó Zapatero, fue el de administrar el último comunicado de una organización ya exhausta. Lo decisivo no fue una concesión moral de ETA, sino su derrota. La banda terminó porque había perdido, porque ya no podía imponerse, porque el Estado, con perseverancia, la había ido empujando hacia el final de su propia impotencia.

Se podrá discutir mucho sobre las concesiones políticas que acompañaron aquel desenlace, sobre Navarra, sobre los pactos y los silencios. Pero el núcleo de la verdad, a mi juicio, no debería deformarse jamás: los verdaderos artífices del final de ETA fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad, que dejaron en esa lucha vidas, años, fatiga, dolor y una entereza que España no debería olvidar nunca. Aún faltaba la cooperación decisiva de Francia para cerrar el refugio de la dirección de la banda, sus escondites y sus centros de entrenamiento, y eso tampoco nació de la nada ni de un solo gobierno. Cuando Zapatero llegó, otros antes, desde responsabilidades distintas y bajo siglas distintas, habíamos trabajado ya para estrechar el cerco al otro lado de la frontera. La historia, si quiere ser justa, tendrá que recordar no solo quién estuvo en la última escena, sino quién sostuvo durante décadas el peso entero de la tragedia.

Los verdaderos artífices

Conviene recordar, además, lo que significaba combatir a ETA en aquellos años. No se trataba solo de perseguir a una organización criminal, de desarticular comandos o de impedir atentados. Se trataba de algo más hondo y decisivo: defender la posibilidad misma de que España viviera en libertad. Cada golpe asestado al terrorismo era también una victoria de la democracia sobre el miedo, del Estado de derecho sobre la intimidación, de la palabra libre sobre la amenaza de las pistolas. En aquellos días, mientras la sociedad española consolidaba sus instituciones democráticas, había servidores públicos que, muchas veces en la sombra, sostenían con su esfuerzo diario el edificio aún frágil de nuestras libertades.

Pienso muchas veces en aquellos hombres y mujeres que hicieron suyo ese deber sin reclamar protagonismo ni recompensa. Pienso en los agentes que salían de casa sin saber si regresarían; en quienes aceptaban destinos duros y silenciosos; en quienes vivían bajo amenaza con una serenidad que solo nace del valor verdadero; en quienes sacrificaron a sus familias, su descanso y, en demasiados casos, su propia vida. Pienso también en sus viudas, en sus hijos, en sus padres, en todos los que aprendieron a convivir con la ausencia o con la herida. Ellos forman parte de esta historia con una dignidad que no admite olvido ni manipulación. Si hoy España puede mirar atrás y decir que el terror fue derrotado, es porque hubo una generación de servidores públicos que sostuvo esa carga con una entereza moral extraordinaria.

Por eso me resisto a los relatos cómodos, a las simplificaciones tardías, a esa manera de contar el pasado como si todo hubiera dependido de una firma, de una coyuntura o de una sola voluntad política. La derrota de ETA fue el resultado de una perseverancia colectiva, de una política de Estado sostenida en el tiempo, de una cooperación institucional cada vez más eficaz y, sobre todo, del sacrificio concreto de quienes estuvieron en primera línea. La democracia española no se asentó al margen de esa lucha: se asentó también gracias a ella. Cada atentado frustrado, cada comando desarticulado, cada refugio clausurado, cada paso dado para estrechar el cerco en Francia o fuera de nuestras fronteras, fue también un paso en la afirmación de una España más libre, más segura y fiel a la ley.

Con todos esos hombres y mujeres seguimos teniendo una deuda de gratitud impagable. No basta con mencionarlos en aniversarios o evocarlos en discursos solemnes: hay que honrarlos preservando la verdad de lo que hicieron, reconociendo el precio que pagaron y transmitiendo a las nuevas generaciones la lección de su ejemplo. La historia debe aprender que las libertades no son un regalo irreversible, que la democracia necesita ser defendida cuando el fanatismo y la violencia intentan doblegarla, y que hubo españoles anónimos y valientes que se mantuvieron firmes para que los demás pudiéramos vivir sin miedo. Ese es, en el fondo, el homenaje más justo: recordar que frente al terror no venció la retórica, sino el coraje sereno de quienes sirvieron a España hasta el límite de sus fuerzas.

La lección que no debe olvidarse

Cuando miro el presente, no puedo evitar una inquietud que me acompaña como una vieja desazón de la memoria. Mi miedo, mi verdadera preocupación, es que los políticos hayamos olvidado demasiado deprisa qué querían en el fondo los terroristas, cuál era la naturaleza última de su empeño, qué pretendían quebrar y qué aspiraban a imponer. El terror no buscaba solo matar: buscaba condicionar, intimidar, expulsar moralmente al discrepante, someter la vida pública a la coacción y abrir grietas irreparables en la idea misma de España como nación de ciudadanos libres e iguales. Por eso me inquietan no solo las declaraciones ambiguas y las cesiones verbales, sino también los cálculos de poder de quienes, con tal de gobernar, vuelven la mirada hacia nuevos movimientos territoriales, hacia nuevas fuerzas políticas dispuestas a fragmentar la nación, y aceptan acuerdos contra natura que jamás deberían presentarse como normalidad democrática.