No hace mucho tiempo, en un programa matinal de radio de máxima audiencia, una de las colaboradoras, la especialista en temas de seguridad, tuvo tanto arrojo personal como ausencia de decencia profesional, para lanzar la siguiente información: está en marcha una operación policial contra una organización criminal, “en la que se va a detener a más de 80 personas”. Obsérvese bien el subrayado ¡”se va a detener”! ¿Ante qué estamos? ¿perspicacia periodística, filtración interesada o información privilegiada? Estamos ante una indecencia que se ha vuelto costumbre en el periodismo español: trasladar como contenido informativo un susurro policial sin la menor comprobación, ni el contraste con otras fuentes. Lo dice la policía y basta, “Palabra de Dios, te alabamos Señor”.

Ese hecho pertenece a una época de esplendor del periodismo español basado en el suministro de dosieres. Es el momento del comisario Villarejo en activo, y otros altos mandos policiales bien conectados con periodistas en todos los medios de comunicación. Quien no tenía hilo directo con estos personajes no pasaba de periodista mediocre, dedicado a las ruedas de prensa o a recoger testimonios en la calle. También es el momento de expansión de los grupos policiales -UCO y UDEF- incrustados como policías judiciales que alimentaban las pesquisas de varios jueces. 

Así las cosas, el periodismo vivía de sobresalto en sobresalto, al ritmo que marcaban la difusión de sumarios judiciales o instrucciones policiales. Incluso, la abundancia de dosieres dio lugar a la aparición de algunos periódicos o revistas que tenían como única misión dar salida a los informes que se quedaban sin publicar. Se desató la guerra de dosieres de todos contra todos, lo que convirtió al periodismo en una charca en la que era muy difícil distinguir qué era verdad y qué era mentira. No es el momento para detallar a otros integrantes del grupo de filtradores de dosieres porque haría este artículo interminable.

¿Cuándo se jodió el periodismo?

Con la maquinaria bien engrasada, en los últimos años hemos asistido a un espectáculo dantesco ante el que nos hemos mostrado consentidores, como esa sociedad alemana que vivió el nazismo desde sus cómodas atalayas llenas de confort. La dinámica siempre es la misma: uno señala, otro amplifica y, al final, otro juzga. Todo este recorrido necesita de la precisa escenificación en los medios de comunicación. Y como toda obra de teatro que se precie es imprescindible manejar el tempo.

Rememorando al premio nobel de literatura, Mario Vargas Llosa ¿cuándo se jodió el Perú?, aquí podemos decir que en nuestro caso todo se jodió el día que un director de un medio de comunicación dio salida a una información que sabía que era falsa. Hay una prueba sonora de ello, aunque a ciencia cierta no será con la que dé inicio a este periodo de podredumbre. Es el caso grabado por el comisario Villarejo que da cuenta de la reunión en la que están el propio comisario, el periodista de La Sexta, Antonio García Ferreras, y el consejero de Antena 3TV y presidente de La Razón, Mauricio Casal.

Los tres estaban sentados a la mesa de un restaurante madrileño, era el año 2016. Villarejo dio cuenta a sus compañeros de mesa de la existencia de un informe falso en el que se afirmaba que Pablo Iglesias, entonces máximo dirigente de Podemos, tenía una cuenta millonaria en el paraíso fiscal de las islas Granadinas.

La noticia falsa ya la había publicado el digital OKdiario, pero se pretendía que Ferreras incluyera ese asunto en su programa de La Sexta, Al Rojo Vivo.  Ferreras, después de decir que la historia le parecía delicada y rara y que parecía un montaje, accedió a dar vía libre a esta historia a través de una entrevista con el director de OKdiario, Eduardo Inda. En torno a Podemos y sus dirigentes se abrieron 35 causas judiciales basadas en instrucciones policiales, todas ellas archivadas tras años de marcar la actualidad de un partido político que fue perdiendo votos a medida de la instrucción de estas historias inventadas. La policía cuando se pone a trabajar no tiene límite: llegaron a encausar al cofundador de Podemos, Miguel Urbán, acusado de blanquear la mareante cifra de 40 kilos de cocaína.

¿Autos judiciales o instrucciones policiales?

Entonces, ¿a qué nos enfrentamos hoy? El pasado día 18 de mayo el juez de la Audiencia Nacional, José Luís Calama, lanzó un auto en el que sitúa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como cabecilla de una trama internacional dedicada al blanqueo de capitales y otras actividades presuntamente delictivas. El auto del juez Calama solo pudo sorprender a aquellos poco atentos a la actividad informativa de algunos medios de comunicación, en los que se venían publicando historias relativas a las actividades profesionales de Zapatero y de sus hijas. Las cuestiones adelantadas no podían acabar en algo que no fuese una imputación judicial.

Para los más curiosos, vale la pena repasar la sesión en la que Zapatero compareció en la comisión de investigación  montada por el PP en el Senado. Analícense las preguntas que le lanzaron a Zapatero los senadores del PP, y comprobarán que todas están inspiradas en la instrucción policial que después tomó forma de auto judicial. Incluso, las declaraciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, un par de días antes del auto anunciando la imputación de Zapatero o las insinuaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien cuenta con los truquitos de su jefe de gabinete para desvelar el mes de enero de este año, con cinco meses de antelación, que para Zapatero “vienen curvas”.

El auto del juez Calama, muy bien valorado por los periodistas que, como en el mundo del toreo, cargan a la derecha, afirman que es un auto contundente y serio y, para aumentar su valor, lo contrastan con la atropellada instrucción del juez Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno. Calama no es Peinado, dicen, sin saber muy bien a quién beneficia tal comparación, pero en esa ecuación podrían haber incluido a la jueza de Badajoz, Beatriz Biedma, que entre sus capacidades para el ejercicio de juzgar a las personas, incluye su disposición a llevar al banquillo de los acusados a una persona -en este caso el hermano del presidente Sánchez- por un delito que había prescrito. ¿Descuido? ¿Ignorancia? 

Para contraponer a estos antecedentes el análisis de gente capacitada para ello, podemos ir a los escritos que ha publicado el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Dice este magistrado a propósito del valorado auto del juez Calama: En contra de las opiniones mayoritarias, considero que la resolución judicial (del juez Calama) es una copia de los informes de la UDEF, sin ninguna valoración crítica, que corresponde a los jueces por imperativo legal (Artículos 299 y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Con todo el respeto a los informes de la UCO y la UDEF, conviene recordar que estamos bajo el imperio de la Constitución y de la ley, y que los informes de la policía judicial no tienen más valor que el de una mera denuncia (publico.es 30/05/2026).

Periodistas sin conciencia crítica

Hay dos excepciones que han destacado estos días, entre tanta hojarasca jaleada por una pléyade de periodistas que no se sabe muy bien al servicio de quién están, aunque algo se intuye con solo escucharles unos minutos. Es el caso de Pedro Águeda (https://www.eldiario.es/politica/caso-leire-agudiza-choque-guardia-civil-gobierno-prolonga-ocho-anos_1_13275016.html) quien cuenta los casos en los que el Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han chocado desde 2018 con la Guardia Civil. 

Por otro lado, la periodista de TVE Silvia Intxaurrondo, que suele plantearse a sí misma preguntas ante una realidad que se nos presenta muy cocinada. En su programa de La 1, Intxaurrondo mostró su extrañeza -algunos la califican de casualidad- ante la coincidencia del juicio por la Kitchen, que sienta en el banquillo al exministro del Interior de Mariano Rajoy y a altos cargos policiales. En ese juicio se juzga el operativo montado presuntamente por el entonces ministro Fernández Díaz para borrar las pruebas de la corrupción del PP y en el que habrían participado al menos siete comisarios policiales y más de 70 efectivos de las fuerzas de seguridad. Pues bien: este juicio se hizo coincidir con la vista oral en el Tribunal Supremo del caso mascarillas que sienta en el banquillo al exministro Ábalos. Además, en los mismos días que tenían que declarar el exministro Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, saltaron a la luz el auto del juez Calama y el auto del juez Pedraz que ordenaba la petición de información al PSOE sobre el caso Leire.

Inmediatamente, como reflejó Intxaurrondo en su programa, desde el PP y sus terminales mediáticas se comenzó a hablar de la Kitchen del PSOE y de la corrupción del Gobierno de Sánchez. Qué coincidencia, qué bien se alinean los astros de vez en cuando, para se deje de hablar de la Kitchen auténtica, y todos los dardos se dirijan hacia el PSOE y ese personaje de nombre Leire y de comportamiento extraño. La policía colocó en sus atestados la comisión de delitos: ocho a Zapatero y algunos menos a Leire. Atestados que pasaron a convertirse, de forma literal, en los sumarios y  autos judiciales aquí citados. Haría muy largo este artículo si se detallase con precisión la línea de puntos que une la instrucción policial, las filtraciones a la prensa y los autos judiciales. Lo dejaremos para otra ocasión. Tan solo una consideración: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no se puede atribuir la comisión de un delito en una etapa preliminar del procedimiento penal. 

Periodismo bien hecho

También existe el periodismo bien hecho, aunque para acceder al mismo haya que hacer un esfuerzo. Resulta que los vaivenes que venían sucediéndose en torno al alto el fuego en Irán, con un Trump amenazador pero que no lograba doblegar al régimen iraní, algunos medios de prestigio -principalmente, The New York Times, Financial Times y The Washington Post- habían comenzado a publicar análisis muy bien elaborados en los que se precisaba que Trump iba perdiendo esa guerra, y que cada día se mostraba más como una marioneta del dirigente genocida israelí, Benjamín Netanyahu.

Trump necesitaba darle la vuelta a esta situación, y llegó a llamar a su nuera para que le hiciese una entrevista laudatoria en el canal de su gusto: la Fox. Como el tema no funcionó, desde su entorno se filtró al medio digital Axios, bien conectado con las altas esferas de la Administración Trump, una bronca de Trump con Netanyahu, en la que el presidente americano habría insultado al israelí por su obstinación en los ataques al Líbano que impedían el acuerdo con Irán.

Solo se filtraron las frases de Trump –“puto loco”, “estarías en la cárcel si no fuera por mí”, “te estoy salvando el culo”, “Ahora todo el mundo odia a Isreal”- y la mayoría de los medios las convirtió en gran noticia, excepto los medios de referencia antes citados y pocos más. Estos últimos incluyeron esa historia en lugares discretos, es decir, no se la creían o le daban poca credibilidad. Pasaron los minutos y la grabación de esa conversación apareció en X. Para los medios con reparos a la hora de publicar historias de calado, la conversación de X seguía ofreciendo muchas dudas. Una de ellas es que no había respuesta de Netanyahu y que examinada la grabación daba muestra de haber sido realizada con IA. La grabación era fonéticamente brillante, casi perfecta y los insultos imitaban la manera de hablar de Trump.