La política internacional suele adquirir una dimensión distinta cuando coincide con momentos de máxima tensión electoral. Eso es precisamente lo que ocurre en Colombia tras la polémica generada por la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos y las denuncias posteriores del mandatario sobre las limitaciones que, según afirma, condicionaron su agenda en Nueva York.
Petro sostiene que nunca fue informado de restricciones específicas sobre su visado ni de impedimentos para reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, o para participar en una conferencia prevista en Boston. Desde su perspectiva, impedir esos encuentros es “poco democrático que se restringiera mi libertad de hablar con el alcalde (…) y mi libertad de pensamiento al no permitirme dictar una conferencia a la que fui invitado”, dijo el líder del Pacto Histórico en X.
El presidente colombiano también ha criticado “la intromisión del Gobierno de los EE UU” en la campaña de la segunda vuelta presidencial en su país, cuando “solo corresponden al pueblo de Colombia en el ejercicio pleno de su libertad”. “Considero que quienes asistimos al periodo de la Asamblea de Naciones como presidentes de la República estamos protegidos por la ley de los EEUU que nos permite, a los jefes de Estado del mundo hablar de manera libre y sin consecuencias en ese periodo”, ha valorado.
La controversia adquiere relevancia porque no se produce en un vacío diplomático. Las relaciones entre Bogotá y Washington han atravesado numerosos altibajos durante el mandato de Petro. Las discrepancias sobre la guerra en Gaza, las deportaciones de migrantes, la lucha antidrogas o las críticas del presidente colombiano a determinadas decisiones de la Administración estadounidense han generado una acumulación de tensiones que ahora vuelve a aflorar.
El episodio refleja también un cambio de naturaleza en las relaciones entre ambos países. Durante décadas, Colombia fue considerada uno de los principales aliados estratégicos de Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, la llegada de Petro al poder introdujo una agenda más beligerante en política exterior, con posiciones que en ocasiones han chocado con las prioridades de Washington.
Las crisis diplomática entre Colombia y EE UU
La respuesta estadounidense, según las informaciones conocidas, estaría vinculada a las restricciones del actual visado que se le otorgó al mandatario colombiano, quien fue sancionado por el Departamento de Estado por presuntos vínculos con el narcotráfico. EE UU revocó el permiso protocolario del que gozan la mayoría de jefes de Estado y de Gobierno del mundo para viajar a territorio estadounidense, pero Washington decidió concederle otra fórmula diplomática que permitiera su ingreso, tras una visita a Donald Trump en el Despacho Oval este marzo. Bajo esa fórmula habría acudido a las jornadas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esta semana.
La complicada relación que lleva la Casa Blanca con el presidente colombiano en funciones tiene muchas discrepancias como telón de fondo. Quizá las más mediáticas han sido los rifirrafes en redes sociales que sostuvo Petro con el propio Trump, quien decidió imponer aranceles en Colombia en represalia. Aquella crisis provocó la salida del canciller Luis Gilberto Murillo.
El contexto electoral colombiano amplifica aún más el impacto del incidente. La segunda vuelta presidencial enfrenta proyectos políticos diametralmente opuestos entre el sucesor de Petro, el senador de izquierda radical Iván Cepeda y quien ganó la primera ronda, el abogado penalista de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien fue ensalzado por el presidente Trump como su candidato a batir en Colombia.
Petro ha interpretado esas señales procedentes de Washington como una injerencia indirecta en el proceso electoral, especialmente después de que Trump y otras figuras relevantes del Partido Republicano expresaran simpatías hacia De la Espriella. El mandatario colombiano, sin embargo, dio por ganador al izquierdista Roberto Sánchez en el ajustadísimo escrutinio en Perú, e incluso llegó a calificar a su contrincante conservadora, Keiko Fujimori, a quien criticó su alineamiento dentro de la “internacional fascista”. A pesar de que la distancia entre ambos candidatos es ínfima, el procesamiento de las actas del voto exterior ha dado un vuelco y puesto por delante a la aspirante de Fuerza Popular.
La polémica coincide además con otro frente institucional abierto para Petro en Colombia, en el que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió suspender provisionalmente al mandatario de su cargo. La Procuraduría, en consecuencia, decidió apartar de su cargo a la diputada Gloria Arizabaleta, correligionaria del propio Petro, al considerar que la decisión no reviste de asidero jurídico. @mundiario