La defensa de Leire Díez ha abierto un nuevo frente en uno de los procedimientos más sensibles que afectan al entorno político del PSOE. La exmilitante socialista trata ahora de invalidar la investigación que desarrolla la Audiencia Nacional sobre una supuesta red destinada a “desestabilizar” procedimientos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno. Más allá del debate penal de fondo, la disputa se ha trasladado al terreno procesal: quién debe investigar, qué actuaciones son válidas y hasta dónde puede llegar una causa que amenaza con convertirse en uno de los grandes focos de tensión política y judicial de los próximos meses.
En este momento, la estrategia de defensa de Díez parece centrarse precisamente en este segundo terreno. La exfuncionaria de Correos ha solicitado que el juez de instrucción Santiago Pedraz deje de investigar la parte de la causa relacionada con la supuesta trama destinada a interferir o desactivar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo. Su argumento principal es que esos mismos hechos ya estaban siendo investigados desde julio de 2025 por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.
La cuestión no es menor. La defensa sostiene que se han generado dos procedimientos prácticamente idénticos sobre unos mismos hechos, vulnerando el principio jurídico conocido como non bis in idem, que impide que una persona sea perseguida dos veces por la misma conducta. Según esta tesis, la Audiencia Nacional habría desarrollado una investigación paralela y habría ampliado posteriormente sus pesquisas utilizando material del procedimiento abierto previamente en Madrid, por el juez Arturo Zamarriego. Para ello, aduce que Pedraz ha imputado en esta causa a personas, como el exsecretario de Organización Santos Cerdán, que ya habían declarado como testigos bajo la obligación de decir la verdad en el otro proceso.
Sin embargo, la interpretación de la Audiencia Nacional apunta en una dirección diferente. El juez instructor comenzó a investigar la trama Hirurok, un supuesto grupo dedicado al presunto amaño de contratos y tráfico de influencias a través de la SEPI, y tras las pesquisas realizadas como el vaciado del móvil de Leire, el tribunal abrió una pieza separada que bajo secreto se amplió al detectar el solapamiento de actores en ambas tramas.
La causa se queda en Madrid o en la Audiencia Nacional
La defensa insiste en que la Audiencia Nacional llegó después y que, en consecuencia, no debería absorber una causa ya iniciada por otro juzgado. Su argumentación también pone el foco en una cuestión especialmente delicada: algunas personas que declararon inicialmente como testigos en la investigación madrileña aparecen ahora bajo sospecha en la investigación desarrollada por la Audiencia Nacional. Según la letrada de Díez, ello podría afectar a derechos fundamentales vinculados a la defensa y a la obligación de no autoincriminarse.
La letrada de la exmilitante socialista cree que se han creado “dos causas exactamente idénticas” y que la Audiencia Nacional ha activado “una instrucción paralela” a la de Madrid, con actuaciones “idénticas” y otras “contradictorias”. “La acumulación de las causas supondría (...) vulnerar sus derechos fundamentales más elementales, como es el de no declarar”, argumenta la abogada.
“Se ha vulnerado el principio de non bis in idem por investigar dos veces los mismos hechos, de manera paralela, y utilizando actuaciones (no hallazgos casuales) de una causa para tramitar y expandir otra”, alega la abogada, que defiende que la única investigación que debe prosperar de ahora en adelante es la de Madrid. “Este juzgado fue el primero en incoar causa por los hechos de cohecho y tráfico de influencias que ahora se pretende absorber (...) en este caso, la competencia de este juzgado se fijó legítimamente en julio de 2025, y la posterior investigación paralela (de la Audiencia Nacional) no puede servir de fundamento para desplazarlo”.
Frente a ello, el criterio judicial deberá determinar si realmente existe una duplicidad absoluta de hechos o si, por el contrario, la Audiencia Nacional investiga un entramado más amplio que justificaría una competencia distinta. @mundiario