La polémica abierta por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo ha obligado al Partido Popular a matizar su posición sobre una de las medidas con mayor alcance de la Ley de Memoria Democrática. Tras denunciar que el Ejecutivo pretende aplicar una “ingeniería electoral” y de “fabricar nuevos votantes” mediante la ampliación del acceso a la nacionalidad española, la dirección nacional del partido ha querido dejar claro que no cuestiona el derecho de los descendientes de españoles a obtener el pasaporte, sino la forma en la que el Gobierno ha desarrollado ese proceso.
La rectificación no supone un cambio de fondo, sino un ajuste del mensaje. Génova sostiene que mantiene exactamente la misma posición que defendía en las elecciones generales de 2023: ampliar el acceso a la nacionalidad a todos los descendientes de españoles emigrados, no únicamente a los familiares de exiliados por la Guerra Civil o la dictadura franquista. La diferencia, subrayan los populares, reside en el procedimiento. A su juicio, una modificación de semejante alcance debería haberse aprobado mediante una ley debatida en el Congreso y no mediante una instrucción administrativa “ad hoc” que, según denuncian, amplía los supuestos previstos inicialmente por el legislador.
Ese matiz se ha convertido ahora en el eje de la estrategia del principal partido de la oposición. El PP sostiene que el Ejecutivo ha reinterpretado la disposición adicional octava de la norma, bautizada como Ley de Nietos, mediante una instrucción dictada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, presidida entonces por la hermana del actual ministro de Transportes Sofía Puente, permitiendo que el número de potenciales beneficiarios crezca muy por encima de las previsiones iniciales.
Las cifras explican el cambio de tono. Según los datos manejados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el volumen de solicitudes podría superar los 2.4 millones de expedientes, una magnitud muy superior al medio millón de nacionalizaciones tramitadas al amparo de la Ley de Memoria Histórica impulsada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese incremento ha despertado inquietud en la dirección popular, especialmente por el posible efecto que pueda tener en el censo electoral de cara a futuras convocatorias.
Sin embargo, el partido evita ya hablar de fraude electoral o de un supuesto “pucherazo”, términos utilizados por Vox y por algunos dirigentes de la derecha más crítica. Génova insiste en separar su posición de esas acusaciones y centra el debate en que “defiende este derecho con ley, rigor, acuerdo parlamentario y garantías”, pero al tiempo “denuncia la falta de controles y la escasa exigencia documental del sistema”, según un comunicado enviado a la prensa este jueves.
El PP requiere documentación de los contratos en América Latina
Con ese objetivo, el PP registrará en el Congreso una amplia batería de iniciativas para someter el proceso a escrutinio parlamentario. Los populares reclamarán la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y dirigirán numerosas preguntas escritas al Ejecutivo para conocer con detalle cómo se está desarrollando la tramitación.
Entre las cuestiones que pretenden esclarecer figura la externalización de parte del trabajo administrativo mediante empresas contratadas para reforzar la actividad de los consulados, especialmente en América Latina, donde se concentra la mayoría de las solicitudes. Los populares exigen información sobre los contratos adjudicados, los criterios utilizados para seleccionar a esas empresas, el coste económico del operativo y los mecanismos implantados para verificar la autenticidad de la documentación presentada. En particular, los populares reclaman la copia de los tres expedientes completos de la externalización de la gestión en Cuba al Grupo Palco, empresa pública del régimen, por importe de 1.6 millones de euros y de la estatal española Ineco.
La formación también solicita conocer qué consulados soportan mayor presión administrativa, cuántos recursos humanos y presupuestarios ha destinado el Gobierno al proceso y qué garantías existen para evitar errores en la inscripción registral o en la incorporación posterior de nuevos ciudadanos al censo electoral.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha defendido que la crítica no se dirige contra el reconocimiento del derecho a la nacionalidad, sino contra lo que considera una ampliación del alcance de la ley realizada “por la puerta de atrás”mediante una simple instrucción administrativa. Según la dirección popular, esa decisión ha modificado de hecho el contenido aprobado por las Cortes sin el correspondiente debate parlamentario.
Ayuso amaga con recurrir a la UE
En paralelo, el discurso interno del partido también intenta rebajar el foco exclusivamente electoral. El comunicado difundido por Génova subraya que el incremento de nuevos nacionales puede tener repercusiones en la planificación de servicios públicos como la sanidad o la administración consular, argumentos con los que pretende trasladar el debate desde la confrontación política hacia la gestión administrativa.
Mientras tanto, algunas voces del PP mantienen una posición mucho más contundente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado el tono al insinuar que el Ejecutivo podría estar utilizando las nacionalizaciones con fines políticos y ha llegado incluso a plantear la posibilidad de acudir a las instituciones europeas para supervisar el procedimiento. La baronesa popular echó más leña el fuego al anunciar este miércoles posibles maniobras en la UE contra la norma, a lo que se ha preguntado si se pretende “nacionalizar socialistas”. “¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? Un Gobierno mafioso”, ha lanzado. “Van a favorecer el voto CERA, eso nos tememos, allá donde el recuerdo de voto le sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña”, ha sentenciado la dirigente madrileña desde un acto en el Club Siglo XXI.
Esa diferencia de intensidad refleja las distintas sensibilidades que conviven dentro del partido. La dirección nacional trata de proyectar una posición institucional, compatible con el respaldo histórico de Feijóo a facilitar la nacionalidad a los descendientes de emigrantes españoles, mientras algunos dirigentes territoriales insisten en denunciar lo que consideran una utilización partidista de la ya desdeñada Ley de Memoria Democrática.
La controversia previsiblemente continuará durante los próximos meses. El Gobierno mantiene que la ampliación de los supuestos responde al espíritu reparador de la ley y defiende la plena legalidad de las instrucciones dictadas para su aplicación. El PP, por su parte, ha optado por abandonar el debate sobre la oportunidad política de reconocer la nacionalidad a los descendientes de españoles y concentrar ahora toda su estrategia en fiscalizar cómo se está ejecutando uno de los mayores procesos de adquisición de nacionalidad de la historia reciente de España. @mundiario