Morelos.- El Fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado ante la FGR por participar en una red, junto con su hijo, Leonel Díaz Grajales, que cobraba “moches” de hasta el 25 % a las víctimas de delitos que recibieron pagos por reparación del daño.
Según la denuncia presentada por la comisionada ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penélope Picazo Hernández, padre e hijo hicieron uso indebido de información y traficaron influencias para despojar a víctimas de parte del dinero que provenía de recursos federales.
El padre desde la Fiscalía Anticorrupción, y el hijo desde la Comisión de Atención a Víctimas se coludieron para beneficiar expedientes específicos de víctimas y obtener ganancias económicas ilícitas aprovechando sus cargos públicos en Morelos.
Al iniciar el Gobierno de la morenista Margarita González, en 2024, Díaz Grajales fue contratado dentro de la Comisión y tuvo acceso directo a expedientes, bases de datos y procesos relacionados con la reparación integral de las personas afectadas.
Tras su salida, habría utilizado esa información privilegiada para representar legalmente a un grupo de personas previamente registradas, orientando sus casos hacia la obtención de recursos del fondo federal de manera preferencial.
Mediante contratos privados, abundó Picazo, pactó honorarios de hasta el 25 % del monto obtenido por concepto de reparación integral, lo cual contraviene la ética y normativa de los procesos de apoyo a víctimas.
La funcionaria informó que, durante ese mismo periodo, la Fiscalía Anticorrupción —encabezada desde mayo de 2025 por Díaz Rogel— solicitó información confidencial sobre expedientes específicos vinculados a personas representadas por su propio hijo.
Esto habría generado un contexto de presión institucional sobre la Comisión encargada de administrar los recursos, con el fin de agilizar los pagos donde el hijo del fiscal obtendría el porcentaje pactado.
Para Picazo, estas conductas podrían constituir delitos como peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, así como actos de intimidación y extorsión institucional que ya son investigados por la Fiscalía General de la República.
AAK