El pasado lunes 6 por la tarde, integrantes de la “Resistencia Ciudadana Guanajuato-Silao” sostuvimos una reunión con la gobernadora del estado. El encuentro, originalmente programado para cuarenta minutos, se extendió por hora y media. Fue una conversación directa, sin intermediarios.
Libia es una política a la que se le nota el oficio. Dos años al frente del Ejecutivo estatal le han dado tablas: puntual, empática y segura, abrió el diálogo en una reunión que ha sido ya ampliamente reseñada por los medios. Los integrantes de la “Resistencia” expusimos el origen del movimiento y reiteramos la determinación de continuar la lucha si las condiciones lo ameritan. Se planteó también, con claridad, la gravedad de las afectaciones a los derechos humanos de los habitantes de Guanajuato y Silao, derivadas del cobro de cuotas para entrar y salir de nuestra propia comunidad.
El momento más delicado llegó al presentar los hallazgos derivados del análisis —apoyado por inteligencia artificial— de datos y documentos contenidos en el micrositio de concesiones carreteras estatales. Lo que emergió fue preocupante: posibles irregularidades de gran calado y un daño patrimonial millonario, originado por una operación atípica que consistió en empaquetar dos concesiones en una sola licitación, con indicios claros de haber sido manipulada.
La memoria, caprichosa como es, a veces se diluye con los años; otras, se activa con nitidez cuando el momento lo exige. Durante la reunión me mantuve atento a cada palabra. Frente a las respuestas de la gobernadora, mi memoria —que suele responder bien en situaciones clave— hizo lo suyo. A ello se sumó el respaldo de mis apuntes.
Por eso, ante la reciente “Nota Informativa” emitida por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado —evidentemente incómoda por algunas de las declaraciones que compartimos con la prensa—, les comparto la cita textual de lo expresado por la gobernadora, de forma clara y sin ambigüedades:
“Yo como gobernadora electa no tenía conocimiento de ese proceso, así lo he expresado”.
Esa frase provocó escozor en el grupo encabezado por Juan Carlos Alcántara, que aún conserva influencia dentro de la administración estatal. De inmediato encendieron las alertas para impedir cualquier intento de deslinde respecto a la cuestionada concesión heredada. La reacción instantánea fue manufacturar una “Nota Informativa” diseñada para contener el daño y, de paso, intentar sujetar políticamente a la actual gobernadora al pasado de su antecesor. Una maniobra desleal.
Pero lo dicho, dicho está. La gobernadora fue clara; ahora corresponde verificar que la concesión se haya otorgado conforme a la ley, sin vicios ni indicios de corrupción. Ese es el punto central, atenerse al principio de legalidad. Y es justamente ahí donde se percibe la incomodidad de quién ejecutó la operación que hoy se cuestiona. Alcántara es uno de los responsables.
Áspera reflexión: Gobernar en esas condiciones no debe ser sencillo. Implica lidiar no solo con los problemas públicos, sino con inercias internas, lealtades cruzadas y actores que responden a intereses mezquinos. El riesgo es evidente: tener al adversario no enfrente, sino dentro. Y, peor aún, a la espalda.
P.D. Un error condena a la rectificación. Juan Pablo Perez Beltrán, el secretario de Obras Públicas me hizo un reclamo, por sostener en algunos editoriales que, como subsecretario, había gestionado la concesión a VISE. Me precisó que fue subsecretario de Edificación e Infraestructura Educativa, por ello no tuvo ingerencia en la concesión envenenada. Me disculpo.