CIUDAD DE MÉXICO, 9 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó con 343 votos el denominado Plan B de la reforma electoral, cuyo eje central es reducir el costo de ayuntamientos y congresos locales.
Asimismo, busca limitar las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales para que no superen el salario del Presidente de la República, además de reforzar la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos.
La reforma establece topes presupuestales claros y prohíbe prestaciones como seguros privados o esquemas especiales de retiro financiados con recursos públicos.
Además, fija que las legislaturas locales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto estatal, promoviendo disciplina financiera.
El decreto igualmente redefine la integración de los ayuntamientos, con hasta 15 regidurías y bajo principios de paridad de género.
Igualmente, ordena que los recursos ahorrados se destinen a infraestructura pública en beneficio de la población.
En su régimen transitorio, se establece que el Congreso de la Unión y las entidades federativas deberán armonizar sus leyes antes del 30 de mayo de 2026.
También se contempla una reducción progresiva del 15 por ciento al presupuesto del Senado en los próximos cuatro años, sin afectar derechos laborales.
Finalmente, se obliga a autoridades electorales a ajustar sus normas y presupuestos, bajo criterios de legalidad, transparencia y austeridad, que ningún funcionario gane más que la Presidenta de la República.
La iniciativa pasa a las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.
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