La política madrileña vuelve a situarse bajo el foco por una decisión que mezcla discrecionalidad, oportunidad y percepción pública. La Asamblea de Madrid ha decidido elevar hasta los 270.000 euros anuales la partida destinada a taxis para sus 135 diputados, un incremento que llega en paralelo a una racha de cuatro subidas salariales en apenas dos años. No es solo una cuestión de cifras: es el reflejo de una forma de gestionar los recursos públicos en un momento especialmente sensible.
De acuerdo con EL PAÍS, el aumento implica que cada diputado dispondrá de hasta 2.000 euros al año para desplazamientos en taxi, 500 euros más que hasta ahora. Sobre el papel, la medida se justifica como una actualización tras más de una década sin cambios. Sin embargo, el contexto en el que se produce —con salarios al alza y a las puertas de un nuevo ciclo electoral en 2027— introduce una lectura más compleja: la de una institución que incrementa sus propios beneficios mientras la exigencia de contención sigue marcando el debate público.
La decisión fue adoptada por unanimidad en la Mesa de la Asamblea, el órgano que regula el funcionamiento diario de la Cámara. El argumento principal es comparativo: en el Congreso de los Diputados, la asignación para taxis alcanza los 3.000 euros anuales. Pero la comparación, más que cerrar el debate, lo amplía. ¿Debe el gasto público medirse por equivalencia institucional o por necesidad real?
La clave está en ese matiz. Nada obliga a los diputados a utilizar taxis para desarrollar su labor. La ayuda no responde a una carencia estructural, sino a una mejora de condiciones. Y ahí es donde el relato institucional empieza a tensionarse: cuando lo accesorio se convierte en prioritario en términos presupuestarios. A esto se suma un elemento que refuerza la controversia: la percepción acumulada. El aumento del gasto en taxis no llega aislado, sino encadenado a una serie de decisiones que han incrementado la retribución de los diputados de forma continuada.
Cuatro subidas salariales en dos años
En los últimos dos años, los diputados de la Asamblea han visto crecer su sueldo base en cuatro ocasiones consecutivas. El resultado es un incremento acumulado cercano al 13%, que sitúa el salario base por encima de los 4.000 euros brutos mensuales en 2026.
La última subida, aprobada en diciembre de 2025, consolidó esta tendencia. A ella se suma ahora una previsión adicional de entre el 1,5% y el 2% para este año, en línea con la evolución del IPC. Aunque se justifica como una adaptación a los incrementos del sector público, no existe obligación legal de aplicar estas mejoras a los cargos electos. Es, en esencia, una decisión política.
El salario base, además, es solo una parte del total. Los complementos por responsabilidad elevan significativamente las cifras: portavoces, coportavoces o miembros de la Mesa reciben cantidades adicionales que pueden superar los 2.000 euros mensuales. Así, el debate ya no gira solo en torno a cuánto cobran, sino a cómo se estructura ese sistema retributivo.
Más fondos para partidos, menos control
El incremento no se limita a los sueldos o al transporte. También las subvenciones a los grupos parlamentarios han crecido un 4%, elevando el gasto público destinado a los partidos políticos.
Cada grupo recibe ahora más de 560.000 euros anuales como asignación fija, además de una cantidad variable por diputado que también ha aumentado. En conjunto, el sistema consolida una tendencia expansiva del gasto institucional que no ha pasado desapercibida para los órganos de control.
La Cámara de Cuentas ya advirtió en un informe reciente sobre la falta de criterios objetivos en la fijación de estas cuantías. También señaló deficiencias en la justificación del gasto y una regulación interna insuficiente. Son observaciones técnicas, pero con una carga política evidente: apuntan a un modelo donde el control no crece al mismo ritmo que el presupuesto.
El verdadero impacto de estas decisiones no está solo en las cifras, sino en el momento en que se producen. Madrid encara un nuevo ciclo electoral con la posibilidad de cambios en las mayorías parlamentarias. En ese contexto, cualquier medida que afecte a las condiciones de los representantes públicos adquiere una dimensión simbólica.
El aumento del gasto en taxis puede parecer menor en términos absolutos, pero se convierte en significativo cuando se suma a una cadena de decisiones similares. Es la acumulación la que construye el relato. @mundiario