El Congreso volvió a parecer un ring, pero esta vez con un actor inesperado golpeando con fuerza: Junts. La formación independentista, que fue clave para sostener la legislatura, pidió abiertamente a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas tras acusarle de gobernar “sin mayoría” y de aprobar decisiones sensibles sin negociación real, especialmente la regularización de inmigrantes.
El dato no es menor. Cuando un socio parlamentario deja de actuar como aliado incómodo y pasa a comportarse como rival, el Gobierno entra en una fase de fragilidad permanente. No necesariamente cae, pero queda condenado a sobrevivir semana a semana, decreto a decreto, voto a voto. Y esa forma de gobernar, aunque legal, desgasta la credibilidad institucional y alimenta la sensación de provisionalidad.
Un Gobierno que presume de cifras y una oposición que solo dispara
Alberto Núñez Feijóo centró su intervención en el guion clásico del PP: impuestos, deuda pública, caos ferroviario y sospechas de corrupción vinculadas al entorno del Ejecutivo. Es un discurso efectivo para movilizar al electorado propio, pero limitado si no viene acompañado de un plan alternativo claro. Criticar Cercanías o el AVE es legítimo, pero España no se arregla solo con indignación televisada.
Sánchez respondió con datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social, defendiendo que el país “funciona”. Y en parte es cierto: el mercado laboral ha mostrado resistencia en un contexto europeo complicado. Pero la política no es solo estadística. Un país puede crear empleo y al mismo tiempo vivir una crisis de confianza en su sistema político.
Mientras tanto, el cruce de reproches sobre corrupción se convirtió en un intercambio de barro: el PP recordó escándalos recientes y el presidente devolvió el golpe con la financiación irregular que aún persigue a los populares. El problema es que el ciudadano escucha “corrupción” en todas direcciones y concluye lo peor: que nadie se salva.
La inmigración como excusa y como termómetro
Junts eligió un tema que divide, que moviliza y que desgasta: la regularización de inmigrantes. Su portavoz, Míriam Nogueras, denunció que se ha hecho “por la puerta de atrás” y lanzó un mensaje con carga identitaria, afirmando que Cataluña paga las consecuencias.
Aquí conviene parar y poner contexto. Regularizar no es abrir fronteras sin control. Es reconocer una realidad que ya existe: miles de personas viven y trabajan en España sin papeles, en la economía sumergida, sin derechos laborales y sin protección. Esa irregularidad no beneficia a la ciudadanía, sino a quien explota mano de obra barata. La irregularidad es un negocio.
Por eso, una regularización puede ser una herramienta de orden público, de justicia social y de recaudación fiscal. Integrar es también controlar. Lo contrario es permitir que la precariedad se enquiste y se convierta en una fábrica de desigualdad.
Cuando la política se convierte en una guerra de trincheras
El choque entre Junts y Sánchez no es solo ideológico, es táctico. Junts quiere marcar distancia, presionar y demostrar que no es un socio dócil. El PP quiere elecciones cuanto antes. Y el PSOE intenta resistir apoyándose en datos económicos y en el miedo a los pactos con Vox, como el de Extremadura, que Sánchez utilizó como arma política.
La cuestión de fondo es que España está entrando en una dinámica peligrosa: cada debate se convierte en una excusa para erosionar al adversario, no para resolver problemas. Como si el país fuera un barco en plena tormenta y los dirigentes discutieran quién tiene la culpa del agujero en vez de taparlo.
La solución pasa por recuperar algo básico: transparencia, negociación parlamentaria real y políticas migratorias serias, con integración, empleo digno y servicios públicos reforzados. Si el Congreso sigue convertido en una máquina de insultos, el desgaste no será solo del Gobierno, sino del sistema entero. Y ese precio siempre lo paga la gente común. @mundiario