La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones financieras de riesgo entre personas vinculadas con proveedores electorales y el caso ya está en la Fiscalía General de la República (FGR).
La UIF informó que incorporó a 40 personas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), que opera la propia unidad: 25 son personas físicas y 15 morales. La medida se tomó después de identificar operaciones financieras que ameritan revisión por parte de las autoridades.
La dependencia federal presentó además una denuncia ante la FGR para que investigue los elementos detectados y determine si existen posibles responsabilidades, con lo que el caso pasó del análisis financiero a una investigación ministerial.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda precisó que la inclusión en la lista es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, no una declaración de culpabilidad ni una responsabilidad definitiva; las personas involucradas conservan sus mecanismos de defensa y garantía de audiencia.
“Operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.
FGR
El caso venía desde antes
El 29 de octubre pasado, el exjefe de la UIF, Pablo Gómez, reveló que muchas empresas vinculadas con materiales electorales ya habían sido incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas durante su gestión. También sostuvo que varias obtenían contratos relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos públicos locales electorales (OPLE).
Gómez afirmó que algunas de esas compañías no contaban con instalaciones industriales propias y operaban como intermediarias: obtenían contratos y después compraban o subcontrataban la producción de los materiales. El exfuncionario las calificó como “auténticos coyotes” y aseguró que ese esquema llevaba años operando en contrataciones electorales.
Tres días antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había revelado que uno de esos proveedores tuvo cuentas inmovilizadas en 2023, cuando Gómez encabezaba la UIF, pero posteriormente un amparo obligó a retirar el bloqueo. La mandataria señaló que ese antecedente debía formar parte de la revisión sobre las contrataciones y proveedores electorales.
