En el parlamento abierto se habló del régimen de tarifas, los límites de los costos del vital líquido, así como del consejo ciudadano del agua; dijeron que es conveniente que los funcionarios que conformen la CEA sean expertos en el tema
Durante el parlamento abierto para la nueva Ley de Aguas en Querétaro, se realizó la tercera mesa de análisis con el tema “Costos, tarifas y participación ciudadana”, en la que se contó con la participación de organizaciones civiles, pueblos originarios, académicos y especialistas en el tema; esto, como parte de los trabajos de Comisiones Unidas de Seguimiento de la Agenda 2030, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, Asuntos Municipales, Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, y Medio Ambiente y Cambio Climático.
La mesa estuvo moderada por Diana Olvera Robles, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en la que participaron 21 colectivos y organizaciones ambientalistas y de defensa de derechos humanos; así como una comitiva de integrantes de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, Amealco, y de La Esperanza, Colón. También estuvieron presentes los diputados Arturo Maximiliano García Pérez, Eric Silva Hernández, Ulises Gómez de la Rosa y María Blanca Flor Benítez Estrada, así como la legisladora federal, Rufina Benítez Estrada; la alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega; y el regidor por Querétaro, Fernando Flores.
El primer tema que se abordó tuvo que ver con el régimen de tarifas, los límites de los costos del vital líquido; los subsidios escalonados y fondos etiquetados; así como las fortalezas y áreas de mejora en la Iniciativa de Ley con respecto de las reglas para determinar los cobros.
Entre las propuestas hechas por los panelistas, se consideró la necesidad de aclarar en la iniciativa la legalidad del cobro, es decir, una cuota igual para todos los ciudadanos, y, por otra parte, fijar un sistema de subsidios para quienes menos tienen y menos agua gastan; también se consideró como un derecho humano, establecer la necesidad de por lo menos 10 metros cúbicos gratis para ciertas zonas, subsidiadas al 100 por ciento.
Propusieron definir dentro de la ley lo referente a la progresividad, que tiene que ver con que las personas que consumen más deben pagar tarifas más altas. Sobre la zona indígena de Santiago Mexquititlán, proponen la reducción del costo de la conexión de agua, ya que el estado tiene la obligación de llevar el vital líquido a la ciudadanía.
El segundo tema se refirió al consejo ciudadano del agua, en el que se discutieron los mecanismos para la vigilancia y participación ciudadana. Dicha ley prevé al Consejo Ciudadano como una figura central para vigilar y garantizar una participación ciudadana efectiva, por lo que se debatió de qué manera fortalecer este mecanismo previsto en el proyecto de ley.
Entre las propuestas realizadas es que el Consejo le apueste a una ciudadanía profesionalizada que supervise y fiscalice, y que este modelo se aleje de lo antropocéntrico; que sus mecanismos promuevan una sistematización, exigencia de derechos y promueva la organización colectiva para un diagnóstico y generación de soluciones.
Proponen eliminar la sobrerrepresentación de la zona metropolitana de Querétaro y se incorporen los lugares más afectados; así como prohibir que los funcionarios públicos hagan juicio de valor hacia los candidatos; consideraron que el consejo ciudadano necesita vinculatoriedad sólida entre los estos y la autoridad; asimismo debe haber paridad de género y representación de los pueblos indígenas. Por otra parte, dijeron que es conveniente que los funcionarios que conformen la Comisión Estatal de Aguas (CEA) sean expertos en el tema.