Guanajuato.- La Secretaría de la Honestidad del Gobierno de Guanajuato (SH) presentó denuncias tras detectar procesos de compras simulados en siete dependencias estatales durante la administración anterior. En esos casos, el proveedor ganador tenía relación con otros cotizantes.
En total, en las siete dependencias se detectaron 277 contratos en los que el proveedor ganador y los demás cotizantes tenían vínculos familiares o de negocios entre sí. Esto implicó una combinación entre competidores o postores.
Las revisiones abarcan contratos del periodo 2018-2024. Las fichas que resumen las distintas denuncias presentadas están publicadas en la página web de la Secretaría de la Honestidad, en el apartado de Resultados de auditoría de la administración pública y en la pestaña “Hechos denunciados”.
Concentran Salud, DIF y Educación más casos
El mayor número de contratos en esta situación se detectó en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (Isapeg), con 118 casos.
Le siguieron el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con 66 contratos; la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), con 56, y el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes, con 23.
También se detectaron seis contratos en la Secretaría del Migrante, cinco en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) y tres en la Secretaría de Desarrollo Económico (SDES).
Durante la revisión contractual de la anterior administración, la Sedeshu registró cinco contratos bajo el esquema de proveeduría simulada; adicionalmente, se denunció la asignación de apoyos de “MUJERES Grandeza” a servidoras públicas en activo. Foto: Secretaría de Honestidad.
La SEG se encuentra bajo investigación por la asignación de 56 contratos simulados y por figurar, junto con el Instituto de las Juventudes, en un acumulado de 129 pagos emitidos sin un contrato de por medio ni procesos de adjudicación. Foto: Secretaría de Honestidad.
La SDES reportó tres contratos con irregularidades en la combinación de competidores, sumado a indagatorias por posibles vínculos entre su personal y proveedores de los programas de abasto entre 2022 y 2025. Foto: Secretaría de Honestidad.
Los expedientes publicados en el apartado de hechos denunciados de la Secretaría de la Honestidad incluyen la detección de seis contratos irregulares operados en la Secretaría del Migrante. Foto: Secretaría de Honestidad.
Además de acumular 23 contratos con presunta concertación entre postores, el Instituto de las Juventudes mantiene tres expedientes en etapa de sustanciación administrativa y tres más turnados al Tribunal de Justicia Administrativa. Foto: Secretaría de Honestidad.
El Isapeg concentra el mayor número de anomalías detectadas por la Secretaría de la Honestidad, registrando 118 contratos bajo investigación por presuntas simulaciones de competencia entre proveedores con vínculos familiares o de negocios. Foto: Secretaría de la Honestidad.
Las auditorías al DIF estatal expusieron un total de 66 contratos asignados mediante procesos de licitación presuntamente manipulados entre competidores relacionados. Foto: Secretaría de Honestidad.
Revisan posible vínculo con red denunciada por AM
AM publicó en agosto de 2024 que, a través de empresas y prestanombres, familiares de José Luis Guerrero Méndez, quien era asesor de la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado, tejieron una red de presunta corrupción para obtener contratos directos que sumaban más de 84 millones de pesos en ese sexenio.
La mayoría de los 224 contratos a los que AM tuvo acceso en esa investigación fueron asignados a través del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes, pero también en al menos otras 16 dependencias, como el DIF y la Secretaría de Salud.
Por diversas irregularidades en contratos de Juventudes, la Secretaría de la Honestidad ya presentó denuncias por presuntas faltas administrativas graves, publicó AM el 5 de mayo.
Al detectar la misma irregularidad en siete dependencias, AM preguntó a la Secretaría de la Honestidad si los contratos simulados se refieren o tienen relación con esta misma red. La respuesta fue que, al tratarse de información sobre la investigación, no podía proporcionarse.
Siguen denuncias en investigación
Las denuncias administrativas fueron presentadas ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Honestidad entre el 31 de enero y el 18 de marzo del año pasado, con excepción de la de Juventudes, que se formalizó el 19 de enero de 2024.
Sobre su estatus, Comunicación Social de Honestidad compartió con AM una tabla con el estado actual de las denuncias, que siguen en investigación. La excepción nuevamente es Juventudes, donde mencionan tres expedientes en etapa de sustanciación y tres en el Tribunal de Justicia Administrativa para etapa de resolución.
Además, en las siete dependencias se encontraron inconsistencias en la declaración patrimonial de exservidores presuntamente relacionados con los hallazgos.
En la Secretaría de Educación de Guanajuato y Juventudes también se detectaron 129 pagos efectuados sin contratos y sin realizar procesos de adjudicación directa o licitación pública para determinar las mejores condiciones para el Estado.
Dependencias reservan información
Además de la Secretaría de la Honestidad, AM contactó, a través de Comunicación Social, a las siete dependencias señaladas por estas irregularidades en la contratación de servicios.
La Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF Estatal y Juventudes afirmaron que no podían dar más detalles debido a que son investigaciones en curso. Por ello, señalaron que la única información disponible hasta el momento es la que se encuentra en las fichas presentadas por Honestidad.
La Secretaría del Nuevo Comienzo y la Secretaría de Economía no respondieron a la solicitud de información hasta el cierre de esta edición.
AM buscó al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a través de una de sus colaboradoras. Se intentó localizarla vía WhatsApp, pero no respondió los mensajes.
Piden fortalecer controles en contrataciones
Respecto a los hechos, AM consultó a Alejandro Ramírez Zamarripa, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y a Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado. Se les preguntó si estos hallazgos obligan a impulsar una reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para garantizar, en lo posible, la transparencia y la competencia.
Zamarripa consideró innecesaria una reforma de este tipo, debido a que la ley ya establece mecanismos para atender estas irregularidades. Sin embargo, destacó que hacen falta procedimientos de transparencia proactiva para que los resultados de adquisición sean visibles y accesibles. Además, señaló que el problema está en la falta de investigación de las empresas en los procedimientos de licitación pública.
Alejandro Ramírez Zamarripa, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Foto: Redes sociales.
“En algunas ocasiones, pues lo que no se hace es precisamente esas investigaciones de cuáles son las partes relacionadas. Ahí es donde yo creo que podría estar el meollo, porque cuando haces una licitación te piden el acta constitutiva; puedes revisar socios, revisar los mecanismos de quiénes están integrando una sociedad”, puntualizó.
Zanella coincidió al apuntar que la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato contempla mecanismos de prevención y control ante conflictos de interés en procedimientos de adjudicación directa y licitaciones públicas. No obstante, resaltó que actualmente está en análisis una iniciativa de reforma presentada por la gobernadora para reforzar estos protocolos de atención.
Dicha propuesta busca, además de modificar diversos ordenamientos para garantizar la igualdad sustantiva en procesos de adquisición, fortalecer el padrón de proveedores mediante mecanismos de cumplimiento y trazabilidad en las contrataciones. Con ello, se pretende generar mayor confianza y garantizar la rendición de cuentas del gasto público.
“Al hablar de trazabilidad es poder ubicar desde el historial de la empresa, la ubicación, quiénes son los accionistas, el dueño de tal empresa; si es servidor público o no, si hay algún conflicto de interés o no lo hay. Justamente para evitar situaciones como las que se han estado observando”.
Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado. Foto: Facebook.
“Creo que es un paso importante, pero también necesario. Al final, yo siempre lo he dicho: ‘el dinero público es dinero sagrado’. Emana del esfuerzo que hacemos tú, yo, los ciudadanos, al pagar las contribuciones, y lo mínimo que esperamos es que nuestros gobiernos lo ejecuten de manera responsable, honesta y ética”, detalló.
Por su parte, la Secretaría de la Honestidad detalló que trabaja en un nuevo reglamento de auditorías, ya que el actual data de hace 18 años. La dependencia espera que esta renovación traiga procedimientos más eficaces, breves, preventivos y especializados.
Mencionó que transita hacia un mayor número de procesos de verificación por encima de los de auditoría, es decir, revisar el ejercicio en tiempo real. Para fortalecerlo, inició el proceso de certificación de las competencias profesionales de los auditores a través del Instituto Mexicano de Auditoría Interna.
También refirió que trabaja en un nuevo modelo de organización de los órganos internos de control de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con el fin de lograr mayor efectividad en su actividad.
“Se está apostando a una mayor cobertura de los programas y obras que se revisan, pasando, por ejemplo, de verificar el 50% de la inversión en obra pública a aproximadamente el 66%, es decir, 2 de cada 3 pesos del presupuesto destinado”, puntualizó la Secretaría de la Honestidad, que preside Arcelia González González.
Suman 22 hechos denunciados
Un total de 22 hechos fueron denunciados en 16 dependencias estatales tras mostrar irregularidades en las auditorías y verificaciones realizadas por la Secretaría de la Honestidad. Las revisiones abarcan principalmente de enero de 2018 a diciembre de 2024.
En el caso de la Subsecretaría para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Secretaría de Economía, el periodo señalado fue de enero de 2022 a diciembre de 2025.
Señalan anomalías en Planet Youth
Entre los señalamientos se encuentran diversas anomalías detectadas durante el fallido programa Planet Youth, por presuntas faltas administrativas, “al haberse determinado 3 observaciones y 4 situaciones detectadas que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, al cierre de la auditoría”.
En este caso, destacan la falta de acreditación y veracidad del cumplimiento de metas, así como de la falta de acciones de seguimiento e impacto social.
Observan falta de soporte en GTO Leasing
Otra de las denuncias señala al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato por no haber proporcionado evidencia del decreto gubernativo de creación de la empresa GTO Leasing Services S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.
También se señala la falta del acta del consejo directivo mediante la cual se autorizó la participación accionaria en la empresa, así como de evidencia sobre la asignación de la comisaria Belén del Rocío Espinoza Aguirre.
Detectan apoyos a servidoras públicas
Sobre la antigua Secretaría de Desarrollo Social y Humano, ahora Secretaría del Nuevo Comienzo, se apunta a la entrega de apoyos económicos del programa “MUJERES Grandeza 2023 y 2024” a servidoras públicas adscritas a diversas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.
Revisan operación del Fidesseg
También hay denuncias sobre la operación del extinto Fidesseg durante el periodo de enero de 2021 a diciembre de 2024, relacionadas con retiros de la cuenta de depósito de recursos sin soporte documental.
Además, se señalan inconsistencias con comprobantes fiscales, diferencias entre importes asignados, falta de seguimiento de los proyectos apoyados y falta de evidencia sobre la solicitud del reintegro del recurso a la cuenta bancaria del Fidesseg.
Indagan contrataciones en Economía
Más recientemente, se señalan posibles vínculos entre personal de la Secretaría de Economía y proveedores participantes en procedimientos de adquisición.
También se apuntan contrataciones no justificadas de una empresa no mencionada para operar los programas “Mi tienda al 100” y “Modernización de Centros de Abasto”, durante el periodo de enero de 2022 a diciembre de 2025.
Reportan anomalías en otros programas
Del resto de dependencias se señalan anomalías en el desarrollo de diversos programas, así como faltas administrativas o fiscales halladas durante las auditorías realizadas por la Secretaría de la Honestidad.
Las fichas no detallan información sobre las denuncias presentadas y solo puntualizan, a grandes rasgos, las irregularidades.
AAK