Mexicali, B.C.– Una familia de Mexicali denunció presuntas irregularidades en un proceso de embargo y remate realizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que una vivienda con valor estimado entre un millón 500 mil y 2 millones de pesos fuera vendida en apenas 75 mil pesos para cubrir un crédito fiscal que originalmente era de 11 mil pesos.
Martha Nava Hurtado relató que se enteró de la pérdida de su patrimonio cuando recibió una demanda de desalojo por parte de SAT junto elementos de policía municipal, luego de que la vivienda que compartía con su esposo fuera rematada por autoridades fiscales.
De acuerdo con la información recabada por su defensa legal, la deuda se originó años atrás por una multa relacionada con un vehículo fronterizo que ingresó al interior del país y que incumplió con un requisito administrativo.
El abogado Jaime Dávila Galván, aseguró que este tipo de situaciones no son aisladas y afirmó que su despacho ha atendido al menos tres casos similares durante el presente año y entre cinco y seis anualmente.?Foto: Juan J. MoralesSegún explicó el abogado Jaime Dávila Galván, asesor legal de la familia, el adeudo inicial era de aproximadamente 11 mil pesos y, con actualizaciones y recargos, actualmente ascendería a cerca de 35 mil pesos.
Sin embargo, señaló que durante el procedimiento de ejecución fiscal el SAT embargó la vivienda de la familia, realizó un avalúo que calificó como muy por debajo de su valor real y posteriormente se adjudicó el inmueble al no existir compradores durante la subasta.
Posteriormente, añadió, la propiedad fue vendida a un tercero por 75 mil pesos, quien inició el procedimiento para desalojar a la familia.
Si esos 11 mil pesos se pagaran hoy, serían alrededor de 35 mil pesos. Lo que cuestionamos es que se haya embargado una vivienda cuyo valor es muy superior a la deuda y que posteriormente se haya vendido por una cantidad tan baja”, declaró Dávila.
El abogado informó que ya fue preparada una demanda contra el SAT mediante un juicio constitucional administrativo, argumentando que Martha Nava, quien era copropietaria del inmueble al estar casada bajo el régimen de bienes mancomunados, nunca fue notificada formalmente ni incluida en el procedimiento.
La defensa buscará acreditar presuntas violaciones a las garantías de audiencia, legalidad y certeza jurídica, además de promover un juicio sucesorio para representar los derechos del esposo fallecido sobre el otro 50% de la propiedad.
Casos similares
Dávila aseguró que este tipo de situaciones no son aisladas y afirmó que su despacho ha atendido al menos tres casos similares durante el presente año y entre cinco y seis anualmente.
Asimismo, recomendó a los ciudadanos atender cualquier requerimiento o adeudo fiscal, por pequeño que parezca, y buscar asesoría legal especializada para evitar consecuencias mayores.
Cualquier asunto con el SAT debe atenderse. Si no se respetan los plazos y procedimientos, la autoridad continúa con el proceso de cobro”, señaló.
Mientras el litigio avanza, la familia permanece fuera de la vivienda y espera que los tribunales determinen si existieron irregularidades en el procedimiento que derivó en la pérdida de su patrimonio.