La respuesta del gobierno a las críticas de que se estaba protegiendo al exgobernador Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios sinaloenses, acusados en Estados Unidos de trabajar para Los Chapitos, fue el bloqueo inmediato de las cuentas financieras del grupo de los 10 presuntos criminales que la UIF pidió a las instituciones financieras del país. El reportero de investigación Jorge García Orozco reveló en la revista digital Emeequis que la solicitud fue emitida el 6 de mayo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Se ve muy importante y, aunque cierto, nos están engañando con la verdad.
El congelamiento de cuentas fue consecuencia de la petición de la CNBV, que actúa de manera autónoma al resto de las instituciones y a la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene que responder por mandato legal. La CNBV no está supeditada a la Fiscalía General de la República (FGR), y la línea de acción conducente es que la UIF sea quien le dé vista para que proceda. Tras realizarla, la Fiscalía pidió el 8 de mayo la información financiera de los 10 de Sinaloa.
