El nudo se cierra alrededor del exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y, en realidad, de la 4T entera. La entrega al gobierno de Estados Unidos de dos altos funcionarios de Sinaloa, el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, acusados de haber establecido vínculos desde el poder con el Cártel de Sinaloa, amenaza con destapar el ecosistema criminal del que forman parte altos políticos de Morena.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se empeñaba en exigir al gobierno de Estados Unidos que probara las acusaciones lanzadas por el Departamento de Justicia contra Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno del estado, Mérida y Díaz se pusieron voluntariamente en manos de sus acusadores.
En un movimiento inesperado, el general Mérida Sánchez lo hizo solo unos días después de que su defensa le tramitara un amparo para evitar su detención con fines de extradición: Estados Unidos lo acusa de recibir al menos 100 mil dólares mensuales de parte de Los Chapitos, a cambio de detener rivales y proporcionar información tanto sobre investigaciones en curso como de operativos antidrogas.
Sobre el exsecretario Enrique Díaz Vega, encargado de la ventanilla del dinero y facilitador de los grandes negocios bajo el agua en el gobierno de Rocha Moya, recae, además de la acusación de conspirar para importar narcóticos, la de haberse reunido con los jefes del Cártel de Sinaloa para acordar el operativo electoral que dio el triunfo al hoy exmandatario sinaloense, y de haber entregado a Los Chapitos una lista con los nombres de los opositores que debían ser secuestrados el día de la elección.
En una audiencia de cinco minutos, Mérida Sánchez se declaró no culpable, pero inició conversaciones para colaborar con los fiscales como testigo cooperante. Hizo lo mismo Díaz Vega, quien voló a Nueva York desde Irlanda, buscando atenuar, al igual que su colega, una condena que en caso de ser hallado culpable podría ir de 40 años a cadena perpetua.
En otro movimiento inesperado, o tal vez desesperado en su intención de deslindar a Rocha Moya del hoy testigo cooperante Gerardo Mérida Sánchez, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, soltó una declaración que coloca al Ejército mexicano en el centro de todo este entramado.
Dijo que la designación de Mérida Sánchez como secretario de seguridad de Sinaloa no había sido decisión de Rocha Moya, sino de la Secretaría de la Defensa. Con esta declaración, la secretaria interina llevó las cosas a otro nivel.
Bonilla había quedado encargada de la Secretaría de Seguridad Pública tras la renuncia al cargo de otro militar, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, el funcionario al que, en tiempos en que el dominio absoluto del Cártel de Sinaloa sobre el estado era un sobreentendido, le estalló el Culiacanazo de octubre de 2019, durante el fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán, del cual, por obvias razones, la policía estatal no fue advertida.
Castañeda renunció en agosto de 2023, meses después del segundo Culiacanazo, y al año siguiente fue nombrado secretario de Seguridad en el gobierno de Delfina Gómez, cargo que ostenta a la fecha.
Yeraldine Bonilla había fungido como subsecretaria de Seguridad desde noviembre de 2021 y es identificada como una pieza tan importante en el equipo del exgobernador que a la caída de este quedó como gobernadora interina.
Ahora, en su intento de deslindar a Rocha Moya, ha metido al Ejército como un elemento más en la crisis que sacude al estado: Mérida llegó al cargo en septiembre de 2023, en el último año del sexenio de AMLO.
En ese sexenio, la vara alta en los nombramientos de los secretarios de seguridad la tenían el cuestionado general Audomaro Martínez, coordinador permanente de la seguridad de AMLO desde que este fue precandidato, y luego director del Centro Nacional de Inteligencia, así como el exsecretario de Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval.
Para allá va la bala lanzada por la gobernadora interina.
A quien no será posible deslindar, sin embargo, es al exsecretario de Finanzas Enrique Díaz, y mucho menos al exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, mano derecha de Rocha Moya y otro de los 10 acusados por el gobierno de Estados Unidos.
Desde que su nombre figuró en la acusación, Inzunza no volvió a presentarse a ocupar su escaño. Dice que se encuentra en su natal Badiraguato y ha negado que haya entrado en negociaciones con Estados Unidos. Pero, según fuentes de seguridad, se ha encargado de enviar señales “a donde verdaderamente importa”.
La primera, el día en que se dio a conocer la acusación, cuando expresó que todo se trataba “de un ataque y una insidia dirigida al partido Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción, el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
La segunda, cuando comunicó, sin motivo alguno, que se hallaba leyendo la biografía de Juárez, una figura con la que López Obrador suele compararse.
La entrega de Mérida y Díaz Vega abre el agujero en el que tarde o temprano caerá Rocha Moya y se tragará la narrativa política de la 4T. Para el gobierno mexicano la presión diplomática no hará sino crecer: todo llega en el momento en el que en Palacio Nacional esperan que se hagan públicos dos nombres más.