El sistema que vigila a los agresores para proteger a miles de mujeres en España seguirá en las mismas manos, pero no en las mismas condiciones. El Ministerio de Igualdad ha decidido ratificar a Vodafone España como operador principal del Servicio Cometa, el mecanismo clave de monitorización de pulseras de control en casos de violencia de género. La decisión, adelantada por EL PAÍS, plantea una pregunta incómoda: ¿puede un sistema criticado convertirse ahora en el estándar de seguridad reforzada?
La adjudicación, aún provisional, consolida una alianza empresarial junto a Securitas Seguridad España, que se ha impuesto a la candidatura rival formada por Orange y Verisure. El contrato, con un valor estimado de hasta 111 millones de euros, no solo garantiza continuidad: redefine las condiciones de un servicio que es, en la práctica, una línea invisible entre el riesgo y la protección.
La decisión ha sido avalada por el equipo que dirige Ana Redondo, que ha priorizado criterios técnicos frente a los antecedentes recientes. La propuesta de Vodafone obtuvo una puntuación notablemente superior, especialmente en aspectos como la conectividad, la resistencia de los dispositivos y la rapidez de respuesta. La tecnología, en este caso, se presenta como argumento central para justificar la confianza renovada.
Pero el contexto no es neutro. En noviembre de 2025, un fallo dejó a unas 4.500 usuarias sin geolocalización durante 13 horas. Fue un episodio que tensionó al máximo el sistema y obligó a activar protocolos de emergencia. A ello se sumaron errores previos en el tratamiento de datos. Aun así, la mesa de contratación ha considerado que la evolución técnica compensa los fallos pasados.
La tecnología como escudo (y argumento)
El nuevo contrato introduce mejoras que apuntan directamente a los puntos débiles detectados. La incorporación de tecnología eSIM multioperador permitirá que los dispositivos no dependan de una sola red, reduciendo el riesgo de desconexión. Además, la actualización remota (OTA) facilitará corregir fallos sin necesidad de sustituir físicamente los dispositivos.
A esto se suma la integración de sensores de movimiento de bajo consumo y una mayor resistencia frente a manipulaciones. No es un detalle menor: uno de los riesgos históricos del sistema ha sido precisamente la alteración o sabotaje de los dispositivos por parte de los agresores.
El mensaje del Ministerio de Igualdad es claro: no se trata solo de mantener el servicio, sino de blindarlo tecnológicamente.
Más rapidez, más presión operativa
Uno de los factores decisivos ha sido el compromiso de tiempos. Vodafone ha garantizado plazos máximos de 12 horas para actuaciones críticas como la instalación, sustitución de dispositivos o notificación judicial. En un sistema donde cada minuto puede marcar la diferencia, esta variable pesa tanto como la tecnología.
El contrato también amplía la capacidad operativa hasta 17.660 dispositivos activos y exige un stock permanente de 2.000 unidades listas para desplegar. Es una respuesta directa al aumento de órdenes de alejamiento y a la presión creciente sobre el sistema judicial y policial.
El precio de la seguridad
En el terreno económico, la oferta de Vodafone ha sido más competitiva que la de sus rivales. Con 67,5 millones de euros (IVA incluido), se sitúa por debajo de la propuesta de Orange, sin que el Ministerio haya detectado indicios de baja temeraria.
Sin embargo, el debate de fondo no es solo económico. ¿Puede un sistema de protección vital evaluarse con los mismos criterios que cualquier contrato público? La respuesta implícita del Gobierno es que sí, siempre que la eficiencia no comprometa la fiabilidad.
La ratificación de Vodafone no es un cheque en blanco. El proceso de transición estará sometido a un seguimiento estrecho, especialmente en la implantación de nuevas tecnologías como la red Bluetooth para alertas de proximidad. El objetivo es evitar que se repitan fallos que, en el pasado, pusieron en riesgo la seguridad de miles de mujeres. @mundiario