Tijuana BC.- La organización Abogados Animalistas México informó que continúa en espera de la resolución de un recurso de revisión relacionado con el amparo promovido contra las corridas de toros realizadas en Tijuana en julio de 2023.
Desde ese año, las corridas de toros permanecen suspendidas en la ciudad luego de que un juzgado federal concediera medidas cautelares derivadas de un juicio de amparo impulsado por colectivos y abogados animalistas. La suspensión ha impedido la realización de espectáculos taurinos mientras continúan los procesos judiciales sobre la legalidad de los permisos otorgados.
Frank Ortiz González, director de Litigio Estratégico de Abogados Animalistas México, explicó que hasta el momento el Tribunal Colegiado de Mexicali no ha notificado la resolución del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia emitida en mayo de 2025 dentro del amparo 709/2023.
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Recurso presentado tras desecho de amparo
Detalló que el recurso fue presentado luego de que el juzgado desechara el amparo al considerar inexistente el acto reclamado, relacionado con el presunto otorgamiento de permisos municipales para la corrida de toros celebrada en julio de 2023.
Señaló que el argumento central de la jueza fue que no existía ningún permiso municipal, aunque posteriormente el exconsejero jurídico reconoció públicamente que sí se había concedido esa autorización.
Esto acredita lo que siempre señalamos: que hubo falsedad en los informes rendidos para impedir que prosperara el juicio de amparo”
Afirmó.
Nuevos elementos de prueba
Indicó que dichas declaraciones fueron incorporadas como nuevos elementos de prueba en el recurso actualmente pendiente de resolución ante el Tribunal Colegiado.
Agregó que, independientemente del fallo judicial, las organizaciones animalistas podrían promover nuevos recursos legales en caso de autorizarse futuras corridas de toros en Tijuana.
Explicó que el contexto jurídico cambió tras la reforma al artículo 7 de la Constitución de Baja California, que reconoce a los animales como seres sintientes sujetos de especial protección.
Sostuvo que cualquier nueva autorización municipal podría ser impugnada con base en dicha reforma constitucional y consideró que el Ayuntamiento de Tijuana tiene facultades para negar permisos bajo criterios de protección animal.