El escenario político andaluz cambia por completo tras las elecciones autonómicas del 17-M. Aunque el PP de Juanma Moreno volvió a imponerse con claridad, quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta ha devuelto a Vox una posición decisiva que la formación de Santiago Abascal pretende rentabilizar al máximo. Mientras los populares intentan preservar una imagen de moderación y estabilidad institucional, los ultras elevan el precio de su apoyo y anticipan una negociación compleja, larga y marcada por la desconfianza mutua.
Los populares ganaron con holgura, mejoraron sus resultados y dominan territorialmente la comunidad, pero aun así necesita a Vox para garantizar la gobernabilidad. Esa dependencia, aunque menor que en otros territorios, ha ensanchado una grieta que el presidente andaluz había intentado neutralizar durante toda la campaña, hasta qué punto puede sostener su perfil moderado mientras negocia con una fuerza que pretende condicionar el rumbo ideológico de la legislatura.
El mensaje lanzado por Vox apenas 72 horas después de las elecciones no deja espacio para interpretaciones ambiguas. “No vamos a regalar la investidura”, repite Manuel Gavira, líder de la formación en Andalucía, consciente de que el PP carece ya del colchón político que le proporcionó la mayoría absoluta de 2022. La frase resume la estrategia ultra de convertir cada voto decisivo en capacidad de presión política, institucional y programática.
En el entorno de Moreno existe la convicción de que la negociación no será rápida. Las conversaciones abiertas por Vox en Aragón, Extremadura o Castilla y León han consolidado una metodología negociadora basada en estirar los plazos, elevar las exigencias y convertir cada acuerdo en una demostración pública de fuerza. En Andalucía, además, pesa el precedente de 2018, cuando Vox facilitó la llegada del PP al poder tras décadas de hegemonía socialista y posteriormente acusó a Moreno de incumplir parte de los compromisos pactados.
Ese recuerdo condiciona ahora toda la negociación.
El PP intenta preservar la “vía andaluza”
La principal obsesión del equipo de Moreno es evitar que Andalucía quede homologada políticamente al resto de pactos autonómicos entre PP y Vox. En Génova y en San Telmo consideran que los resultados andaluces contienen una lectura distinta en la que el PP ha aumentado votos, ha ganado en todas las provincias y mantiene una posición hegemónica en el centro político, mientras Vox apenas ha crecido un escaño y sigue lejos de disputar el liderazgo de la derecha.
Desde esa óptica, los populares sostienen que no existe una legitimidad política suficiente para exigir consejerías o entrar en el Ejecutivo autonómico. El objetivo del PP pasa por reeditar una fórmula de apoyo parlamentario externo que permita a Moreno seguir gobernando en solitario y conservar una imagen institucional moderada, especialmente importante para su proyección nacional.
Pero Vox interpreta los números desde una lógica completamente distinta. Para la formación de Abascal, el hecho decisivo no es cuánto ha crecido el PP, sino que no alcanza la mayoría absoluta. Y ahí radica la clave del nuevo equilibrio parlamentario: los 15 diputados de Vox vuelven a ser imprescindibles. “Si faltan votos, faltan votos”, resumen desde el entorno ultra, utilizando un argumento que pretende desmontar la narrativa triunfalista del PP. Vox entiende que la política de bloques le otorga capacidad de veto y no quiere desaprovecharla.
La Mesa del Parlamento, primer campo de batalla
La primera gran prueba llegará el próximo 11 de junio, fecha de constitución del Parlamento andaluz y de elección de la Mesa de la Cámara. Aunque pueda parecer un trámite institucional, el control de este órgano es estratégico en una legislatura previsiblemente más tensa y fragmentada. Si PP y Vox alcanzan un acuerdo previo, podrían repartirse puestos de relevancia o incluso repetir fórmulas ya utilizadas en anteriores legislaturas, como la cesión de asientos por parte de los populares. Si no existe pacto, cada grupo votará a sus propios candidatos y el reparto podría complicar la estabilidad parlamentaria desde el inicio.
En Vox ya anticipan que exigirán una representación “acorde con su peso decisivo”, no únicamente proporcional a sus resultados electorales. Esa matización es importante porque revela cómo la formación ultra se concibe esta legislatura no como un actor complementario, sino como un socio imprescindible que pretende influir directamente en la orientación política del Gobierno.
Moreno intenta mantener intacta la identidad política que ha construido desde 2019: gestión moderada, tono institucional y distancia respecto a los discursos más agresivos de la extrema derecha. Esa imagen le permitió ampliar apoyos en amplios sectores urbanos y empresariales, además de proyectarse como una figura diferenciada dentro del PP nacional. Sin embargo, la negociación con Vox amenaza con erosionar parte de ese capital político.
Las prioridades planteadas por Gavira anticipan las líneas de presión: políticas migratorias más duras, reducción del gasto público asociado a igualdad o cooperación internacional, apoyo explícito al sector agrario y medidas vinculadas a la llamada “prioridad nacional”. Son propuestas que conectan directamente con las concesiones obtenidas por Vox en otros territorios y también con acuerdos municipales como el alcanzado en el Ayuntamiento de Sevilla.
Ese pacto sevillano se ha convertido, de hecho, en una referencia para Vox. Allí, el partido de Abascal apoyó los presupuestos municipales a cambio de eliminar partidas vinculadas a igualdad y migración, impulsar ayudas a la natalidad y promover medidas de control sobre el padrón municipal. La formación ultra considera aquel modelo una demostración de que puede influir políticamente sin necesidad de asumir necesariamente todas las áreas de gobierno. @mundiario
El problema para Moreno es que incluso los pactos externos pueden acabar condicionando seriamente su agenda política y su imagen pública.