José Luis Rodríguez Zapatero ha sido, durante décadas, el referente moral y político más sólido del socialismo español. Su etapa de gobierno se recuerda por hitos que transformaron la arquitectura social de España: el fin del terrorismo de ETA, la aprobación del matrimonio homosexual y el impulso de los derechos fundamentales. Además, desde 2018, Zapatero ha experimentado una segunda juventud política, convirtiéndose en el escudero más potente de Pedro Sánchez, un valor electoral de primer orden que ha actuado como la "reserva espiritual" del PSOE estatal en sus momentos más críticos. Hasta este martes, al menos, Zapatero era un activo imbatible; hoy, un auto judicial lo sitúa como el "vértice" de una red de influencia que choca frontalmente, sea cual sea el fin del procedimiento penal, con esa imagen de desinterés público.

El auto del magistrado Calama (Tribunal Central de Instancia, que instruye en el orden penal los procedimientos que juzga después la llamada Audiencia Nacional, sucesora desde 1977 del Tribunal de Orden Público franquista) presenta una tesis inquietante: Zapatero no sería un colaborador ocasional, sino el líder estratégico de una estructura organizada. Lo más llamativo es que esta red habría operado desde su propia oficina de Ferraz, utilizando canales corporativos como el correo gestionado por su secretaria María Gertrudis Alcázar. El juez ve aquí un "conocimiento y dominio organizativo", sugiriendo que la oficina de Zapatero albergaba el supuesto   centro de coordinación de una operativa económica de alto nivel.

Esta red, calificada internamente por los investigados como un "equipo" o "boutique financiera", habría actuado en la sombra bajo el control  del entorno directo del expresidente, representado por Alcázar y el gestor Julio Martínez Martínez, encargado de la logística societaria y representante legal de la consultora Análisis Relevante.

El efecto político debe darse por descontado, mientras el PP sigue demostrando conocer anticipadamente las decisiones y ritmos del Supremo y de la llamada Audiencia Nacional

El núcleo de la imputación reside en la supuesta intermediación para favorecer a la aerolínea Plus Ultra ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI. El auto recoge conversaciones donde terceros se refieren a Zapatero como la "palanca" o el "pana" necesario para abrir puertas institucionales. A cambio, el flujo económico habría sido constante: la sociedad Análisis Relevante habría canalizado cerca de 491.000 euros hacia Zapatero y otros 240.000 euros hacia Whathefav SL, la empresa administrada por sus hijas. El juez sospecha que esta última actuaba como una "sociedad finalista" para diluir la trazabilidad del beneficio económico.

En realidad, el material indiciario (absolutamente insuficiente para condenar ni para llevar a juicio a Zapatero, si para preguntarle sobre su eventual participación en los hechos, pregunta que en nuestro sistema de garantías exige la atribución previa de la cualidad jurídica de investigado, que sin embargo conlleva la pena de banquillo) descansa exclusivamente sobre tres elementos esenciales:

 i ) Que la hipotética intermediación de ZP obtuviera de la SEPI para Plus Ultra el préstamo de 53 M€ otorgado a fines de verano de 2021.

ii) Que la obtención de dicho préstamo se vinculase a una influencia directa o indirecta ejercida por un Zapatero absolutamente ajeno en aquel momento a la estructura de la SEPI y de la Administración del Estado y

iii) Que la sociedad  off shore que recibió de Plus Ultra después del ingreso del préstamo el pago de un 1% de supuesta comisión perteneciese a Zapatero directa o indirectamente.

 Si falla alguno de los dos primeros elementos no hay caso. Si falla el tercero decae la acusación de falsedad documental, ya que las facturas emitidas por Zapatero como persona fís9ica y/o por la sociedad de sus hijas no estarían vinculadas a dicha comisión, decayendo en los mismos términos las acusaciones de organización criminal y blanqueo de capitales. Y, en cuanto al delito que quedaría en pie como posible (tráfico de influencias) habría que acreditar la efectiva influencia ilícita, dando un salto más allá de la mera actividad lobbística. Si, por otra parte se acredita que los pagos corresponden a servicios reales de consultoría o conferencias —actividades lícitas que el propio auto reconoce que Zapatero realizaba—, el tráfico de influencias también  se desmorona.

Preguntarán ustedes: ¿y si la Fiscalía presiona a Alcazar y a Martínez ofreciendo beneficios como se le ofrecieron a Aldama? Pues si, podría cambiar el escenario solo en el supuesto de que aportasen las pruebas que no aportó Aldama en el Tribunal Supremo en el reciente juicio a Koldo García y al exministro Abalos, actualmente visto para sentencia.

Resulta inevitable comparar este escenario con el de sus predecesores, Felipe González y José María Aznar. Ambos, tras cesar en la Presidencia,  desplegaron una intensísima actividad lobbística (nunca investigada) paraterceros, pero siempre trabajando para importantes multinacionales españolas, británicas o norteamericanas. Nunca ningún órgano de la Fiscalía se preocupó lo más mínimo por sus actividades, que desde luego les reportaron bastantes más ingresos que a Zapatero las suyas. Por lo menos con lo que sabemos a fecha de hoy.

En el plano político procede preguntarnos: ¿son compatibles el Zapatero lobbista y el Zapatero referente político?

Hasta aquí el análisis jurídico. Probablemente el caso no llegue a juicio o, a lo más, acabe en una sentencia absolutoria. Sin embargo, en el plano político procede preguntarnos: ¿son compatibles el Zapatero lobbista y el Zapatero referente político? ¿Puede coexistir el líder que recorre mítines defendiendo el programa del Gobierno estatal del PSOE con el consultor que recibe pagos de seis cifras por servicios de consultoría fronterizos o coincidentes con la actividad lobbística?

Lo cierto es que el protagonismo político, como dijo el fallecido  presidente uruguayo Pepe Múgica, no es muy compatible con la dedicación preferente a la actividad empresarial, máxime cuando el Derecho Público te ofrece como alternativa a tu dedicación política o político-ciudadana un sueldo anual de 100.000 € por tu labor en el Consejo de Estado  al cual legítimamente renuncias para desarrollar esa actividad empresarial de consultoría muy difícilmente disociable de tu agenda.

P.S.: Convendrán ustedes conmigo que es asombrosa la precisión con la que el Partido Popular parece manejar los tiempos y detalles judiciales de este caso, sugiriendo una filtración interesada para erosionar al Gobierno del Estado a través de su mentor. Curiosamente solo dos días después del revés del presidente andaluz Juanma Moreno, al perder su mayoría absoluta. La Presidenta del Consejo General del Poder Judicial y los ministros de Interior y Justicia habrían de preocuparse por las continuas  filtraciones en los distintos niveles de la llamada Audiencia Nacional, de la UDEF  y de la UCO. @mundiario