El auto de 18 de mayo de 2026 del titular de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, dictado en las Diligencias Previas 77/2024, está llamado a convertirse en uno de los más relevantes de nuestra democracia al referirse a un investigado que, nada más y nada menos, ha sido presidente del Gobierno de España. Ahora bien, esta resolución de José Luis Calama Teixeira no es un auto de procesamiento ni tampoco de imputación, como vengo insistiendo. Fue dictada por el juez nada más levantarse el secreto de parte de las actuaciones y solo y exclusivamente para justificar una actuación gravosa para los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, como es el registro de unas oficinas y la incautación de documentación o dispositivos con datos personales que pudieran encontrarse, como ordenadores y teléfonos móviles.
Ahora bien, bajo su estricta y única responsabilidad, el juez instructor consideró necesario explicar profusamente, a lo largo de 88 folios, los motivos por los que citaba a Zapatero a declarar en la causa en calidad de investigado el próximo 2 de junio, adelantando en esta misma resolución los indicios que apuntarían, en primer lugar, a la existencia de una trama criminal estructuralmente organizada. Se dice así expresamente que “José Luis Rodríguez Zapatero ejerce funciones de dirección y control”, en la cúspide de “una estructura estable y jerarquizada”, seguido de Julio Martínez Martínez (su amigo y propietario de la consultora Análisis Relevante), “quien actúa como lugarteniente principal y figura visible”. En el segundo escalón, junto a Martínez, según se desprende de los mensajes interceptados —cuyo contenido no traslada en su integridad en el auto—, estarían Manuel Aarón Fajardo García, hijo de un senador socialista y, según los investigadores, el “hombre de ZP” en Venezuela. Un tercer escalón, a nivel operativo, lo integrarían la secretaria del expresidente, María Gertrudis “Gertru” Alcázar, y Cristóbal Cano, gestor del entorno de Martínez.
El auto no tiene por qué contener la integridad de los mensajes que obran a lo largo de estas diligencias previas —que no sumario, como erróneamente también se dice—, que ocupan varios tomos, pero su detalle, cuando las diligencias se hagan públicas, servirá para comprobar de forma más clara si en realidad puede sustentarse una acusación de organización criminal que el juez apunta en varias páginas de su resolución. Otra pieza fundamental para acreditarla será el contenido de las agendas y el volcado de los dispositivos móviles que hayan sido incautados a personajes clave como “Gertru”, que, según alguna cadena de radio, ya están en poder de los agentes de la UDEF.
Pero el delito principal al que se refiere el auto es el de tráfico de influencias, un delito cuya acreditación puede resultar especialmente compleja si la investigación no logra finalmente poner negro sobre blanco qué funcionarios o personalidades relevantes del Gobierno habrían sido contactadas por Rodríguez Zapatero para lograr los objetivos por los que habría sido presuntamente compensado por los empresarios. El juez alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para recordar que, para que exista tráfico de influencias, basta con que el sujeto intente influir en un funcionario y tenga la “capacidad objetiva” de hacerlo, sin ser necesario que la resolución buscada llegue jamás a dictarse.
La concreción sobre quiénes son exactamente esas personas ante las que Rodríguez Zapatero habría mediado para conseguir el rescate de la aerolínea es algo que no aparece de forma alguna explícita en el auto. De lo que se conoce por el momento, este posible delito se apunta en las conversaciones interceptadas entre empresarios de Plus Ultra y sus contactos en Venezuela, siendo uno de ellos Rodolfo Reyes Rojas, un exdirectivo a quien, tal y como informó este diario, la exfiscal general de Venezuela vinculó con negocios irregulares del Gobierno de Nicolás Maduro.
Es él quien habla del “pana Zapatero” detrás de una reunión con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. El auto también menciona una reunión, el 7 de septiembre de 2020, del expresidente con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, mientras Plus Ultra negociaba su deuda con la Seguridad Social, basada en un mensaje del exasesor de José Luis Ábalos en Transportes, Koldo García. El actual gobernador del Banco de España únicamente reconoce un encuentro para hablar de las medidas por la covid y niega gestiones para un aplazamiento de la deuda.
Por último, junto a la tangencial falsedad documental, se apunta un presunto blanqueo de dinero en negocios de venta de petróleo y oro entre Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos, cuya inclusión en el auto también parece ser fruto de comunicaciones detectadas por la UDEF, pero que igualmente deberán ser corroboradas mediante documentación u otras evidencias probatorias. En fin, de esas comunicaciones, según el juez, “se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero”. @mundiario